Escándalo humanitario: 19 ucranianos deportados por Rusia cumplen un año confinados en un sótano fronterizo de Georgia

Una grave denuncia sobre violaciones a los derechos humanos sacude la frontera en el Cáucaso. Al menos 19 ciudadanos de Ucrania permanecen recluidos en condiciones de confinamiento extremo en el sótano del puesto de control fronterizo de Dariali, una instalación aduanera que conecta a Georgia con la Federación Rusa.

La alerta fue dada a conocer este jueves 11 de junio de 2026 por la abogada defensora de derechos humanos Daria Samodurova. Según la jurista, los afectados lograron contactarla para denunciar que se encuentran encerrados en una habitación subterránea que carece de ventanas, luz natural y sistemas mínimos de ventilación, además de estar privados de asistencia médica y de una alimentación adecuada.

Tres años de confinamiento sistemático en condiciones inhumanas

La abogada Samodurova reveló a través de sus canales oficiales que esta problemática no es un hecho aislado ni temporal, sino una práctica institucionalizada que se ha prolongado en el tiempo bajo el conocimiento de las autoridades de Tbilisi.

«Esto no es cuestión de uno o dos días, sino de un año. Actualmente, 19 personas se encuentran en el sótano. Lo más trágico es que la práctica de confinar a los ciudadanos ucranianos deportados de Rusia en un sótano húmedo existe desde hace tres años», denunció Samodurova, acusando directamente al Ministerio del Interior de Georgia de negligencia criminal.

De acuerdo con el informe legal, la mayoría de estos civiles fueron capturados originalmente por las fuerzas de seguridad rusas en los territorios ocupados de Ucrania, deportados por la fuerza hacia el interior de Rusia y posteriormente trasladados hasta la frontera con Georgia. Al carecer de opciones logísticas, los refugiados quedaron atrapados en un limbo jurídico: no se les permite ingresar a territorio georgiano ni pueden regresar a sus hogares en Ucrania.

El Ministerio del Interior de Georgia alega “antecedentes penales” y falta de documentos

Ante el impacto de la denuncia, el Ministerio del Interior de Georgia emitió un comunicado oficial el jueves por la noche calificando las declaraciones de Samodurova como “acusaciones infundadas”. La cartera de seguridad rechazó la responsabilidad del Estado georgiano alegando que los ucranianos se encuentran técnicamente asentados en la denominada zona neutral fronteriza.

El Gobierno de Georgia justificó el bloqueo migratorio amparándose en los siguientes argumentos administrativos:

• Inconsistencia documental: Las personas retenidas no poseen pasaportes ni documentación válida internacional para cruzar los puestos aduaneros.
• Seguridad Nacional: El ministerio asegura que los ciudadanos confinados poseen antecedentes penales y fueron condenados en el pasado por delitos graves o especialmente graves, siendo catalogados como un riesgo para la seguridad pública.

No obstante, el comunicado oficial de Tbilisi se contradice levemente en las cifras, al manifestar que el Ejecutivo se encuentra coordinando con el gobierno de Kiev y diversas agencias internacionales un plan para el “retorno organizado, seguro y voluntario de 17 personas”.

VIH, tuberculosis y huelgas de hambre: El sombrío historial de la zona de tránsito de Dariali

La crisis humanitaria en el paso fronterizo de Dariali no es nueva para la comunidad internacional. En junio de 2025, una investigación periodística desveló que un grupo de 45 ucranianos deportados —que incluía tanto a expresos de guerra como a residentes comunes— se encontraba hacinado en este mismo sótano. Entre los confinados se identificó a personas con discapacidades motrices y pacientes crónicos con diagnósticos de VIH y tuberculosis que no recibían medicamentos esenciales.

Durante el verano de 2025, el flujo de refugiados en la zona de tránsito llegó a superar el centenar de personas. En agosto de ese mismo año, un grupo de detenidos inició una huelga de hambre extrema para exigir la presencia de un cónsul de Ucrania.

Gracias a la presión internacional, las negociaciones bilaterales permitieron evacuar a gran parte de los afectados en 2025: 43 de ellos fueron extraídos en julio a través de Moldavia, mientras que otros 65 regresaron a Kiev en agosto mediante un vuelo chárter. Sin embargo, las promesas de clausurar el calabozo subterráneo se incumplieron, dejando a este nuevo grupo de 19 ucranianos bajo tierra durante los últimos doce meses.