Turquía retrocede en el Índice de Estado de Derecho 2026 y cae a los últimos puestos globales en derechos fundamentales

Turquía ocupó el puesto 135 de 143 países en la categoría de derechos fundamentales y el puesto 136 en limitaciones a los poderes gubernamentales, según los datos presentados este 5 de noviembre de 2026 por el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP). El informe otorgó a la nación euroasiática una puntuación general de 0,41 sobre uno, situándola en la casilla 117 de la clasificación global y reflejando la erosión institucional bajo la administración del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Retrocesos en la región de Europa del Este y Asia Central

En primer lugar, la medición del World Justice Project ubicó a Turquía en el último lugar de los 15 países analizados en la región de Europa del Este y Asia Central tanto en materia de derechos fundamentales como en justicia civil. Ciertamente, su puntuación general se mantuvo por debajo del promedio regional de 0,50, quedando rezagada frente a estados como China (puesto 92), Bielorrusia (puesto 104) y El Salvador (puesto 114).

Asimismo, el estudio registró un deterioro progresivo en diversas subcategorías institucionales:

• Transparencia gubernamental: Descendió del puesto 110 al 116 a nivel global.
• Justicia penal y regulación: Cayó del lugar 106 al 110 en justicia penal y del 118 al 120 en cumplimiento normativo.
• Libertades públicas: Registró caídas drásticas en libertad de expresión, opinión y participación ciudadana, aunque mantuvo estabilidad en libertad de asociación.
• Orden y seguridad: Constituyó la única categoría con avances, mejorando del puesto 79 al 67.

Origen histórico del deterioro judicial y las reformas del ejecutivo

Por otro lado, el informe técnico detalla que el declive institucional de Turquía comenzó en 2013 tras las investigaciones por corrupción que salpicaron al entorno del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan. En respuesta, el ejecutivo reestructuró el Consejo de Jueces y Fiscales (HSK), provocando un desplome en el índice del puesto 59 en 2014 al puesto 80 en 2015.

Por último, el deterioro se profundizó tras la tentativa de golpe de Estado de julio de 2016, evento que desencadenó purgas masivas y la destitución de más de 4.000 jueces y fiscales. La posterior reforma constitucional de 2017 consolidó el control del ejecutivo sobre la judicatura al facultar al presidente y al parlamento a nombrar 11 de los 13 miembros del HSK, debilitando los contrapesos democráticos frente a la tendencia global, donde el 62% de los países evaluados en 2026 registraron caídas en el Estado de derecho.