Turquía exige a sus instituciones educativas privadas eliminar nombres extranjeros antes de octubre

El Ministerio de Educación de Turquía ha emitido una orden vinculante que exige a todos los centros e instituciones de educación privada de origen nacional que operen bajo nombres en idiomas extranjeros solicitar formalmente un cambio de denominación a nombres turcos. La fecha límite improrrogable para cumplir con este trámite administrativo ha sido fijada para el 1 de octubre de 2026.

Esta directiva amplía y hace cumplir de manera estricta una regulación introducida originalmente en el año 2020, intensificando los esfuerzos gubernamentales por proteger la identidad nacional e idiomática dentro del sistema de enseñanza privado.

¿Qué estipula la nueva directiva educativa?

A partir del miércoles, el ministerio notificó que todas las instituciones cubiertas por la orden ya no podrán operar legalmente bajo sus denominaciones actuales en lenguas extranjeras. Los nuevos nombres presentados deberán alinearse de forma estricta con el Reglamento sobre Instituciones Educativas Privadas del país.

Los criterios exigidos para las nuevas denominaciones es que tengan un significado claro en idioma turco y ser coherentes con los objetivos generales del sistema educativo nacional. La normativa prohíbe cualquier nombre que contribuya a lo que el gobierno describe como “degeneración cultural, erosión de la identidad, pérdida de valores o alienación lingüística”.

Exenciones y alcance de la medida

Aunque las autoridades educativas no detallaron públicamente los nombres de los colegios afectados ni la cifra exacta de establecimientos que deberán reformar su identidad corporativa, la ordenanza fue clara respecto a quiénes quedan completamente exentos del proceso, como escuelas extranjeras históricas legalmente reconocidas en el país (como el célebre Robert College, que preservará su nombre intacto), las escuelas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas oficialmente reconocidas y las instituciones educativas de carácter internacional o dedicadas a la enseñanza de idiomas extranjeros.

La última directiva, por lo tanto, no constituye una prohibición generalizada y nueva de los términos extranjeros, sino una aplicación de carácter estricto de una enmienda aprobada en febrero de 2020 que no se estaba ejecutando en su totalidad sobre las licencias nacionales previas.