
🚨 Turquía mantiene confiscadas 784 empresas del movimiento Gülen. La inflación y la caída de la lira hunden el valor real de estos activos.💼 El fondo estatal de Turquía (TMSF) ya controla más de mil empresas confiscadas, despertando alarmas sobre el derecho de propiedad privada. ⚠️
El gobierno de Turquía intervino un total de 784 empresas debido a sus supuestos vínculos con el movimiento religioso liderado por Fethullah Gülen. De acuerdo con las cifras oficiales, estas compañías registraban activos combinados por 42.300 millones de liras turcas al momento en que el Estado asumió su control.
Los datos, provistos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y difundidos por la agencia estatal Anadolu, detallan las medidas financieras aplicadas desde antes del intento de golpe de Estado de 2016. La cifra histórica de activos subestima el valor real actual debido a la profunda devaluación de la moneda nacional y a la constante inflación del país.
En agosto de 2016, la divisa nacional se cotizaba en 2,95 liras por dólar, mientras que para julio de 2026 la tasa de cambio ronda las 47 liras por dólar, perdiendo un 94 % de su valor. La inflación anual en Turquía se situó en el 32,11 % en junio de 2026, tras haber alcanzado picos del 85,51 % en octubre de 2022 y del 75,45 % en mayo de 2024.
Además de las empresas, las autoridades congelaron activos financieros de 747 personas en el territorio nacional y solicitaron a otros gobiernos el bloqueo de bienes de 251 ciudadanos en el extranjero. Estas intervenciones de bienes abarcaron 6.110 millones de liras turcas, 2,5 millones de dólares, 287.061 euros, más de 106 gramos de oro, 875 propiedades, 67 vehículos, un yate y 135 registros mercantiles.

La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) finalizó 84.724 expedientes de análisis vinculados a la organización de Gülen a fines de 2025. La institución remitió informes de 329.504 personas físicas y jurídicas ante las autoridades judiciales e intercambió inteligencia sobre 6.520 entidades.
La ofensiva de seguridad del presidente Recep Tayyip Erdoğan contra el movimiento Gülen se intensificó tras las investigaciones de corrupción de 2013 que salpicaron a su entorno familiar. El mandatario catalogó al grupo como organización terrorista en mayo de 2016, acusación que el movimiento niega rotundamente.
Los decretos de emergencia emitidos tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 consolidaron la clausura masiva de instituciones civiles. Las medidas forzaron el cierre definitivo de 35 centros sanitarios, 934 escuelas, 109 residencias estudiantiles, 104 fundaciones, 1.125 asociaciones, 15 universidades y 19 sindicatos.
El Estado transfirió la administración de las empresas incautadas al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF). Entre los casos destacados se encuentra Bank Asya, que perdió su licencia bancaria en julio de 2016 y se encuentra actualmente en proceso de quiebra.
Por su parte, las firmas de Koza İpek pasaron al Fondo de Riqueza de Turquía en agosto de 2024 y cambiaron su nombre a Türk Altın Holding en febrero de 2025. Erciyes Anadolu Holding, conocida previamente como Boydak Holding, continúa bajo la tutela del fondo estatal.
El papel del TMSF se expandió notablemente hacia otras investigaciones de fraude, contrabando y blanqueo de capitales. En octubre de 2025, el fondo ya controlaba 1.056 empresas confiscadas, convirtiéndose en uno de los mayores conglomerados de Turquía y despertando serias dudas entre economistas sobre el respeto al derecho de propiedad privada.






