Las cifras de la purga en Turquía: Más de 2,2 millones de investigados por sospechas de simpatizar con Gülen

Nuevos datos publicados por el Ministerio de Justicia de Turquía —encabezado por el ministro Akın Gürlek— revelan la magnitud masiva del aparato de escrutinio policial y judicial desplegado desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Según los registros oficiales, 2.282.069 personas han sido sometidas a expedientes de investigación por supuestos vínculos con el movimiento inspirador del clérigo Fethullah Gülen (fallecido en 2024), una organización que el presidente Recep Tayyip Erdoğan catalogó como grupo terrorista (FETÖ).

Sin embargo, el desglose de los datos judiciales evidencia que para la abrumadora mayoría de los ciudadanos señalados, la sospecha no derivó en una condena firme, abriendo un debate internacional sobre la estigmatización sistemática y la persecución administrativa.

El balance judicial: 88,5% de los expedientes sin condena definitiva

De acuerdo con las estadísticas analizadas por periodistas y defensores de derechos humanos como el diputado Ömer Faruk Gergerlioğlu (del Partido DEM) y el periodista Adem Yavuz Arslan:

Sin investigación formal:1.561.908 personas fueron incluidas en perfilamientos estatales o denuncias ciudadanas, pero los fiscales determinaron no abrir una causa penal en su contra.

Sobreseimiento y absolución: En 373.642 casos, los fiscales decidieron no proseguir con las acusaciones, mientras que 84.999 personas fueron absueltas formalmente por los tribunales.

Procesamiento y condenas: Se han iniciado juicios contra 720.338 personas, de las cuales 127.102 fueron condenadas. Actualmente, 10.485 personas permanecen privadas de libertad en prisiones turcas por estas causas, y más de 83.000 procesos continúan abiertos.

Las consecuencias de la “muerte civil”

Expertos en derechos humanos destacan que el impacto social de estas acusaciones transciende el ámbito puramente penal. El fenómeno calificado como “muerte civil” afecta incluso a quienes nunca fueron imputados o que resultaron absueltos por los jueces.

Entre las medidas punitivas administrativas e informales que persisten sobre los afectados y sus familias se encuentran:

Inhabilitación Laboral: Expulsión y veto permanente para acceder a cargos en la función pública o en sectores regulados por el Estado.

Restricciones de Movilidad: Cancelación o retención de pasaportes y bloqueos para la emisión de documentación de viaje.

Estigma Financiero y Social: Bloqueos de cuentas bancarias, dificultades de inserción en el mercado privado y la marginación comunitaria derivada de las listas oficiales de sospechosos.

El movimiento Gülen niega categóricamente cualquier participación en la intentona golpista de 2016 o en actividades terroristas. Las cifras oficiales reavivan el cuestionamiento sobre el uso de los mecanismos del Estado de derecho como herramientas de control político y perfilamiento masivo en la Turquía contemporánea.