El Tribunal Europeo ordena a Azerbaiyán indemnizar a la familia de un soldado armenio decapitado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Azerbaiyán posee responsabilidad legal directa en la tortura y decapitación de un militar armenio herido. El fallo judicial vincula formalmente el crimen con los intensos combates ocurridos durante la denominada Guerra de Abril del año 2016.

La agencia informativa JAMnews reportó desde la ciudad de Bakú que la corte otorgó una compensación económica de 90.000 euros a los familiares de la víctima. El veredicto internacional también obliga al Estado demandado a abonar otros 14.000 euros adicionales para cubrir los costos legales del proceso.

Brutal tortura y mutilación fuera de combate

La víctima, identificada bajo las iniciales de confidencialidad HT, desempeñaba el rango de mayor en las fuerzas armadas de la antigua autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Los investigadores locales hallaron el cuerpo del militar armenio cerca de la línea de contacto, próximo a la aldea de Talysh.

Los expertos forenses en Armenia concluyeron que el oficial quedó completamente inmovilizado e incapaz de combatir tras sufrir heridas graves en un camión militar. Según las conclusiones judiciales, los agresores le amputaron las manos mientras continuaba con vida y posteriormente lo decapitaron.

El tribunal europeo determinó que las fuerzas azerbaiyanas violaron explícitamente el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que resguarda el derecho a la vida. El dictamen establece que la ejecución violó los principios del derecho internacional humanitario y los históricos Convenios de Ginebra.

La sentencia constató una severa violación al artículo 3 del Convenio, que prohíbe taxativamente la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Los magistrados concluyeron que el estado del cadáver devuelto causó un profundo sufrimiento psicológico adicional a los parientes de la víctima.

Los demandantes directos en la causa fueron sus padres, VT y LV, junto a su hermana, identificada como AG. Los abogados armenios, liderados por el jurista Ara Ghazaryan, presentaron la solicitud ante el tribunal internacional el 13 de abril de 2016.

La corte fijó un plazo estricto de tres meses para que las autoridades de Bakú abonen una indemnización total de 104.210 euros. Si el gobierno incumple, el Comité de Ministros del Consejo de Europa activará de inmediato su mecanismo formal de supervisión.

Azerbaiyán rechaza el fallo y suspende relaciones institucionales

Las autoridades de Azerbaiyán rechazan tajantemente las acusaciones de tortura y cuestionan la jurisdicción del tribunal junto a las bases probatorias del caso. El gobierno azerbaiyano argumenta de forma sistemática que los hechos ocurrieron en el transcurso de operaciones de combate activas.

Los investigadores oficiales afirman que los exámenes forenses durante el intercambio de cadáveres no registraron ninguna evidencia de delitos estatales. El presidente Ilham Aliyev y sus funcionarios calificaron repetidamente las sentencias previas del tribunal europeo de resoluciones parciales.

Incluso, portavoces oficiales argumentan que Azerbaiyán ya no reconoce la autoridad del tribunal tras perder su derecho a voto en la Asamblea Parlamentaria. Esta tensión institucional coincide con la decisión del gobierno de suspender por completo sus relaciones con el Parlamento Europeo.

Bakú adoptó esta drástica medida tras una resolución parlamentaria sobre Armenia que el liderazgo azerbaiyano calificó de perjudicial para el proceso de paz. El escenario regional se complejiza con la aparición de un video del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.

En la grabación se escucha a Ocampo y a su hijo Thomas discutir un precio para presionar a la Comisión Europea. El objetivo del plan consistía en frenar la cooperación con Azerbaiyán y apartar de la escena política al primer ministro Nikol Pashinyan.

Paralelamente, Pashinyan desestimó cualquier debate sobre el retorno de 300.000 azerbaiyanos a Armenia, catalogando el tema de especulación política de la oposición. El caso de HT representa la primera sentencia del tribunal por la guerra de 2016, mientras se examinan otras 21 solicitudes similares.