El Tribunal de Arbitraje de Estocolmo divide el proceso por la nacionalización de las Redes Eléctricas de Armenia

El litigio comercial por el control de la infraestructura energética nacional ingresó a una fase de definiciones técnicas. El Tribunal de Arbitraje de Estocolmo ha dado la razón al gobierno armenio en su principal moción de carácter procesal en el caso de las Redes Eléctricas de Armenia (ENA).

Mediante una resolución dictada el 16 de junio de 2026, la corte internacional estimó íntegramente la solicitud de Armenia de separar el procedimiento en el caso de arbitraje promovido por la firma Liormand Holdings Limited y la familia Karapetyan. El dictamen fue recibido con optimismo por el poder ejecutivo en Ereván, que emitió un comunicado oficial este miércoles 17 de junio de 2026 para celebrar la disposición del árbitro.

El equipo legal del Estado armenio presentó sólidos argumentos que justificaban la falta de jurisdicción del tribunal para dirimir la disputa. Los magistrados de Estocolmo consideraron que existían motivos suficientes para examinar las objeciones competenciales como un asunto aparte en la fase preliminar del juicio, antes de evaluar el fondo de la demanda.

El debate sobre el concepto de inversor extranjero y la nacionalización de ENA

El núcleo de la estrategia defensiva del gobierno radica en que el multimillonario Samvel Karapetyan y su entorno familiar no cumplen con los requisitos legales para ser catalogados como “inversores” bajo los términos consagrados en el acuerdo internacional de protección recíproca. Al ser considerado ciudadano de Armenia por las leyes locales, el ejecutivo alega que Karapetyan no puede litigar como un actor extranjero en su propio país.

Aunque el empresario posee además la ciudadanía de Chipre —nación con la que Armenia mantiene un tratado de promoción de inversiones—, las autoridades aducen que se vulneraron las pautas del artículo 9(2) de dicho convenio corporativo. Según el gabinete oficialista, esta división procesal abre la puerta a que el tribunal desestime tempranamente el caso:

“Esta importante decisión permite al tribunal internacional abordar las cuestiones de jurisdicción en una fase mucho más temprana y desestimar íntegramente todas las demandas presentadas contra Armenia”, remarcó el comunicado gubernamental.

Actualmente, tras la confiscación de los bienes de Karapetyan, la administración de la red eléctrica está en manos de Romanos Petrosyan, un estrecho aliado político del primer ministro Nikol Pashinyan. La intervención estatal sobre ENA se justificó formalmente tras las tensiones derivadas de la defensa pública del empresario hacia la Iglesia Apostólica Armenia.

Especialistas y defensores aclaran el carácter estrictamente procesal del fallo

Pese al entusiasmo del oficialismo, expertos en derecho internacional y los representantes de los demandantes llamaron a la cautela y matizaron los alcances del dictamen. La especialista Siranush Sahakyan explicó a RFE/RL que la resolución no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad de los actos del gobierno.

«En mi opinión, estamos ante una decisión estrictamente procesal. Primero abordan los motivos para aceptar el procedimiento, incluyendo la jurisdicción, y luego pasan al fondo. Esto no debe considerarse una victoria; la separación no significa que el caso vaya a ser declarado inadmisible», advirtió Sahakyan, recordando que existen precedentes donde se usó este esquema y el Estado terminó perdiendo.

Por su parte, el abogado Aram Vardevanyan, representante de la alianza opositora “Armenia Fuerte” (liderada por Karapetyan), manifestó ante la prensa que el gobierno utiliza políticamente este anuncio mientras ignora las medidas cautelares dictadas el año pasado por el mismo tribunal arbitral.

Medidas cautelares vigentes y la millonaria oferta de indemnización

El equipo legal de Liormand Holdings Limited emitió una nota técnica donde aclaró que la segmentación de las etapas procesales es una práctica habitual en litigios complejos de inversiones internacionales. Los letrados subrayaron que las protecciones decretadas en julio del año pasado siguen plenamente vigentes en Europa.

En dicho dictamen de 2025, el tribunal de Estocolmo calificó el proyecto de ley gubernamental como una normativa de “confiscación” y ordenó a Armenia abstenerse de avanzar con la expropiación de las acciones hasta que se dicte un laudo definitivo. No obstante, las autoridades de Ereván alegan que el fallo solo es ejecutable si lo convalida un tribunal local armenio.

A la espera de las próximas audiencias de jurisdicción, el Ministerio de Economía mantiene firme el proceso de nacionalización. El gobierno presentó una oferta formal de 380.000 dólares a los Karapetyan como compensación total por las Redes Eléctricas de Armenia, propuesta que ya fue rechazada por el consorcio privado. Fuentes oficiales advirtieron que, de no alcanzarse un acuerdo financiero inmediato, el poder ejecutivo iniciará los trámites parlamentarios para declarar formalmente a la ENA como un bien de utilidad e interés público.