Comité de Investigación formaliza acusación contra Serzh Sargsyán por la venta ilegal de la Fortaleza Negra de Gyumrí

El Comité de Investigación de la República de Armenia concluyó la fase de instrucción preliminar del proceso penal instruido en torno a la enajenación irregular de la fortaleza Sev Berd (conocida como la Fortaleza Negra), ubicada en la ciudad de Gyumrí. El organismo judicial determinó presentar una acusación formal contra el exministro de Defensa y expresidente del país, Serzh Sargsyán, a quien se le imputan cargos de abuso de funciones públicas y aprovechamiento ilícito de su influencia institucional.

La resolución, tramitada por el Departamento de Investigación de Delitos Generales y Electorales, fue remitida al fiscal supervisor junto con el pliego formal de cargos para dar paso a la fase de juicio oral. Sargsyán, quien ejerció la cartera de Defensa en los periodos 1993-1995 y 2000-2007 antes de asumir como primer ministro y presidente de la República, se enfrenta a este proceso bajo el amparo de la presunción de inocencia consagrada en el Código de Procedimiento Penal armenio.

Los detalles de la transacción y el perjuicio al patrimonio estatal

Los datos fácticos recabados por las autoridades judiciales durante las auditorías técnicas determinaron las siguientes irregularidades en la operación de compraventa:

• Fecha y objeto: El 11 de mayo de 2005, el entonces titular de Defensa ejecutó un contrato de enajenación de la estructura del monumento histórico, de 626,45 metros cuadrados de superficie, junto con un terreno anexo de 0,7 hectáreas.
• Monto de la venta: El complejo patrimonial fue traspasado a un comprador particular por una suma de 22.951.500 drams armenios (AMD).
• Ilegalidad administrativa: La transacción se realizó de forma directa, sin contar con el respaldo ni la autorización previa de los decretos regulatorios del Consejo de Ministros.

La investigación determinó que la venta de la Fortaleza Negra provocó un perjuicio directo a los intereses del Estado, derivando en la pérdida de la titularidad pública sobre un monumento de importancia cultural e histórica republicana. Debido a este traspaso, el bien no pudo ser integrado en la lista oficial de monumentos nacionales protegidos y declarados inalienables por el Gobierno de Armenia mediante el decreto n.º 385-N del año 2007. La fiscalía tipificó estas acciones bajo el artículo 441, apartado 2, inciso 5 del Código Penal vigente.