Mikhail Galuzin advierte advierte a Armenia por activos económicos mientras Ereván exige rendición de cuentas a Rusia

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, advirtió que la violación de los intereses legítimos de los empresarios rusos en Armenia no pasará desapercibida. Por consiguiente, la cancillería de Moscú denunció presuntas expropiaciones con motivaciones políticas que perjudican la seguridad jurídica de sus inversiones locales.

El funcionario señaló la contradicción existente entre las garantías oficiales de Ereván y la realidad comercial del país. Asimismo, la diplomacia rusa identificó indicios de una posible redistribución de la propiedad mediante el argumento anticorrupción impulsado por el ejecutivo armenio.

Según Galuzin, “cada vez más expertos coinciden en que hay señales de una ‘redistribución de propiedad’ en la república por motivos políticos”, y citó como ejemplos concretos el proceso de nacionalización en curso de Electric Networks of Armenia (ENA) —de propiedad del empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan— y las declaraciones de autoridades armenias sobre la necesidad de vender a un tercer país la concesión del Ferrocarril del Cáucaso Sur, subsidiaria de Ferrocarriles Rusos.

Es una advertencia seria, y merece tomarse en serio. Pero también invita a abrir un balance más completo de lo que la presencia económica rusa representó, en los hechos, para Armenia en las últimas dos décadas.

La disputa por la concesión de Ferrocarriles del Cáucaso Meridional

El viceministro analizó la posible transferencia de la concesión operada por Ferrocarriles del Cáucaso Meridional, filial de Ferrocarriles Rusos. De hecho, las autoridades en Moscú toman con extrema seriedad la intención de traspasar esta infraestructura estratégica a terceros países.

El gobierno de Armenia argumenta que la presencia rusa afecta su competitividad ante las sanciones internacionales de los países occidentales. Por su parte, la empresa rusa destaca inversiones superiores a los 30.000 millones de rublos en la red ferroviaria desde 2008, aunque no hay forma pública de demostrarlo.

La compañía ferroviaria dice que aporta ingresos fiscales por 15.000 millones de rublos y genera más de 2.500 empleos directos. Además, los fondos permitieron reparar 520 kilómetros de vías junto a la reconstrucción de 38 puentes y dos túneles.

La cancillería rusa sospecha que las conversaciones buscan entregar la conectividad territorial a proyectos geopolíticos de otros estados. Por consiguiente, Mikhail Galuzin aseguró que Rusia dará una respuesta apropiada si Armenia daña el clima de inversión de sus empresas.

Es de recordar que Ferrocarriles Rusos se hizo cargo de la red ferroviaria armenia en 2008, mediante una concesión de 30 años —con opción de extensión por otros 10 años de mutuo acuerdo— que le transfirió el 100% de los activos de la entonces Armenian Railways: unos 2.000 vagones de carga, 58 coches de pasajeros, 85 locomotoras y 30 trenes eléctricos, además de los 4.300 empleados existentes.

Según se reporta en el debate público armenio actual, una auditoría de las actividades de la concesionaria entre 2008 y 2013 derivó en una causa penal que reveló irregularidades financieras, incluidas obras por un valor de AMD428 millones registradas como terminadas en la documentación oficial sin haberse ejecutado realmente.

Cuestionamientos a la nacionalización de Redes Eléctricas de Armenia

El representante ruso calificó el proceso de nacionalización de la compañía Redes Eléctricas de Armenia como una represalia política. Por lo tanto, el diplomático desestimó las justificaciones gubernamentales sobre la recuperación de fondos estatales o el aumento del rendimiento operativo.

Las autoridades armenias intentan respaldar sus acciones en la lucha contra la corrupción presupuestaria dentro de los servicios públicos. Sin embargo, Mikhail Galuzin sostuvo que la medida representa una maniobra directa contra rivales políticos internos.

Sobre Electric Networks of Armenia, se reporta que la Comisión Reguladora de Servicios Públicos aplicó multas a la empresa en 2022, 2023 y 2024 por incumplir los plazos de conexión de nuevos usuarios —la multa máxima prevista por ley, de AMD20 millones, en cada ocasión—, y que solo en 2024 más del 30% de unas 9.800 solicitudes de conexión no cumplieron esos plazos.

También se menciona que, entre 2020 y 2021, ENA habría realizado compras por unos AMD189.000 millones a 17 empresas afiliadas, con márgenes en algunas transacciones descritos como inusualmente altos —algo que la propia ENA disputó, según esas mismas fuentes—.

Gazprom: de ArmRusgazprom al hotel de Tsaghkadzor

En 2013, Armenia transfirió a Gazprom el último 20% de participación estatal en ArmRusgazprom, una operación valorada en unos US$155 millones que sirvió para amortizar parte de la deuda gasífera armenia, convirtiendo a Gazprom en accionista único de la compañía —este es un episodio bien documentado de la historia energética armenia—.

Menos conocido, y más difícil de verificar de forma independiente, es el episodio del complejo hotelero cinco estrellas construido en Tsaghkadzor por la propia operadora del monopolio gasífero, con una inversión reportada de unos UA$32 millones en hotel, casino y spa, que años más tarde la empresa habría reclasificado como “activo no estratégico” para su venta.

Se plantea también la historia de AEG Service, empresa de mantenimiento técnico de sistemas domésticos de gas fundada en 2007 y —según se reporta— vinculada a Vladimir Karapetyan, hermano del exprimer ministro y exdirector de ArmRusgazprom Karen Karapetyan, adquirida en 2022 por Gazprom Armenia.

Ninguno de estos detalles específicos pudo ser confirmado de forma independiente en esta nota, aunque el patrón general de entrelazamiento entre gestión energética rusa y figuras políticas armenias vinculadas al sector sí es objeto de debate público sostenido en Armenia.

El acuerdo de 2002 y la base de Gyumri

En 2002, Armenia transfirió a Rusia la central termoeléctrica de Hrazdan, la planta Mars y tres institutos científicos, en el marco del acuerdo conocido como “Propiedad por Deuda”, a cambio de saldar una deuda de unos US$100 millones —otro episodio bien documentado de la historia bilateral—.

Y sobre la base militar 102 en Gyumri, se reporta que el alcalde electo en 2025, Vardan Ghukasyan, repitió promesas de campaña sobre atraer empresarios rusos y desarrollar proyectos conjuntos, sin que Moscú las confirmara ni las desmintiera públicamente; y que, antes de las elecciones parlamentarias de 2026, organizaciones como la Unión de Ciudadanos Informados y la oficina de Vanadzor de la Asamblea Ciudadana de Helsinki denunciaron que el personal civil de la base 102 estaría sujeto a presión política para influir en el voto de sus familiares, exigiendo una investigación judicial.

El argumento de fondo

Más allá de la precisión de cada cifra puntual —algunas confirmadas, otras atribuidas a fuentes que no pude verificarse públicamente—, el argumento que se desprende de este ejercicio es coherente: si Moscú convierte la protección de los intereses económicos de sus empresas en Armenia en un asunto de política interestatal, respaldado con la amenaza de una “respuesta apropiada”, Ereván tiene el mismo derecho a exigir con la misma exigencia que Rusia rinda cuentas completas sobre dos décadas de presencia económica, energética, ferroviaria e institucional en territorio armenio.

Los derechos de propiedad merecen protección legal, sin duda. Pero un balance de cuentas, para ser creíble, no puede mirar solamente una columna.