La detención de Robert Kocharyan abre el debate sobre el origen de las fortunas políticas en Armenia. Por Klaus Lange Hazarian

Esta semana, por primera vez en mucho tiempo, Armenia tuvo una respuesta concreta a una pregunta que hasta hace pocos días parecía puramente retórica: si el sistema anterior era corrupto, ¿quiénes eran los corruptos?

Robert Kocharyan y cinco personas más, entre ellas su hijo mayor, fueron detenidos por cargos de abuso de autoridad, soborno y lavado de dinero, con escrituras, transferencias bancarias y una participación societaria concreta de por medio. Es, casi al pie de la letra, el tipo de respuesta que la prensa armenia venían reclamando desde ángulos distintos, sin saber todavía que la semana les daría la razón tan rápido.

Biografía en lugar de contabilidad

En Armenia hay una paradoja casi perfecta: todo el mundo reconoce que el sistema fue corrupto, pero casi nadie es, individualmente, corrupto. Kocharyan tenía una familia exitosa. Otro era filántropo y millonario por negocios en Rusia. Un tercero, héroe de guerra.

Cada fortuna inexplicable venía acompañada de una explicación biográfica —serví a la patria, hice obra de caridad— en lugar de una explicación contable. Y ahí está, en una sola frase, la distinción que separa a una república de lo que Armenia fue durante buena parte de su historia post-soviética: el Estado moderno no pregunta si alguien es una buena persona, pregunta de dónde salió su riqueza. No pregunta si alguien es patriota, pregunta si cumplió la ley.

Una república empieza, literalmente, en el momento en que la biografía deja de poder sustituir a la contabilidad.

Lo más incómodo de ese argumento es la explicación que, según el mismo texto, terminó reemplazando a todas las demás: “estábamos controlando Artsaj”. ¿Por qué no se construyó una economía competitiva? Artsaj. ¿Por qué caía la población? Artsaj. ¿Por qué crecía la pobreza y se debilitaban las instituciones? Artsaj, otra vez.

El razonamiento tiene, sin embargo, un agujero lógico casi cómico: si de verdad Artsaj hubiera sido la prioridad, Armenia debería haberse convertido en uno de los estados más productivos de la región, no en uno de los más vaciados. Defender un territorio a largo plazo no se logra con más patriotismo declarado, se logra con más gente, más economía, más tecnología, un ejército más competente.

Israel no sostiene su seguridad solo con determinación nacional, sino con destreza tecnológica; Finlandia no sobrevivió a su vecino solo con espíritu, sino con educación e instituciones; Corea del Sur no se transformó en potencia regional por convicción, sino por desarrollo económico.

La demografía y la economía no eran enemigas del patriotismo armenio: eran, literalmente, su aritmética. Y esa aritmética, durante treinta años, dio negativa.

Lo que de verdad se pierde cuando el cargo se vuelve propiedad

Claramente la pérdida más grave que deja un Estado corrupto no es el dinero robado —eso, al menos en teoría, se puede devolver, confiscar, anular—, sino la comprensión social de lo que significa un cargo público. La corrupción no triunfa cuando un funcionario acepta un soborno; triunfa cuando el armenio de Armenia o de la diáspora deja de preguntarse de dónde salió el dinero.

Esa costumbre, según el texto, tiene raíces soviéticas: en una economía de escasez administrada, el cargo no era propiedad, pero generaba los mismos privilegios que la propiedad —un departamento, un auto, el acceso a un trabajo—. Armenia independiente no solo heredó las fábricas y la burocracia soviéticas: heredó también esa cultura, y bajo Kocharyan y Sargsyan el poder político y la gran propiedad terminaron coincidiendo, con demasiada frecuencia, en las mismas manos.

El cargo se volvió fuente de capital; el capital, garantía de poder. Es la misma economía política que se repite, con variantes locales, desde Rusia hasta buena parte de Asia Central.

Lo treister es que durante 30 años, TODOS los partidos políticos que gobernador fueron cómplices de sostener una “conciencia pública oligárquica”: la frase, tan escuchada en Armenia como devastadora en sus implicancias, de que “cualquiera que hubiera estado ahí, habría hecho lo mismo”. Esa frase no es cinismo inocente. Es la antesala exacta de la privatización del Estado, porque da por sentado que no existe el servicio público honesto y que la única injusticia real es que “los nuestros” no se estén enriqueciendo también.

El peligro de cambiar solo los nombres

Pero el aporte más filoso de estas circunstancias de investigar la corrupción no es el diagnóstico que hace el gobierno, sino la advertencia sobre el remedio la sociedad. Si la lucha contra la riqueza ilícita se reduce a redistribuir los bienes de la vieja guardia sin aplicar el mismo criterio a la nueva clase gobernante, nada cambia en el fondo: cambian los dueños, el sistema permanece intacto.

El verdadero comienzo de un Estado institucional es el momento en que la pregunta “¿de dónde viene esa propiedad?” se le formula por igual al expresidente detenido, al ministro en funciones, a la figura de la oposición y a quien esté hoy cerca del poder. Sin excepciones. Porque la aplicación selectiva de la ley no es lo contrario de la corrupción: es simplemente otra forma de ejercerla.

Kocharyan enfrenta hoy, por fin, la pregunta contable que su biografía había logrado esquivar durante veinticinco años. Eso es, sin duda, un paso. Pero no responde a dos preguntas importantes para esta democracia que aún pelea por alejarse de los mafiosos rusos, armenios y de la diáspora: “si todos estaban salvando al Estado, ¿quién lo estaba destruyendo?” y “cuando Armenia finalmente encuentre a los responsables, ¿le va a hacer la misma pregunta a los que gobiernan hoy?”.

La república no se mide por cuántos exfuncionarios terminan procesados. Se mide por si la pregunta “¿de dónde viene esa fortuna?” sigue haciéndose después de que cambien los nombres en el banquillo.