Pashinyan relanza la agenda de la Revolución de Terciopelo y fija meta de US$2.000 millones en confiscaciones por corrupción en Armenia

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, formalizó el inicio de una nueva etapa institucional en el país al presentar el Programa de Gobierno 2026–2031 ante la primera sesión de la Novena Asamblea Nacional de este lunes 24 de agosto de 2026. Bajo el concepto ideológico de fundar la «Cuarta República» sobre las bases de una Armenia auténtica, el mandatario ratificó el compromiso irreversible de su gabinete para culminar de forma definitiva la agenda de la Revolución de Terciopelo de 2018, la cual calificó como una tarea histórica pendiente.

Los pilares de la agenda inconclusa y los motivos del retraso

Durante su discurso, Pashinyan enumeró los objetivos fundacionales del movimiento popular no violento que lo llevó al poder hace ocho años: el establecimiento de un entorno de justicia estricta, la eliminación definitiva de la impunidad y la oligarquía, el desarrollo de instituciones democráticas transparentes y la rendición de cuentas de los responsables de delitos financieros de gran repercusión pública.

El primer ministro justificó que, si bien el país ha experimentado avances significativos, la agenda revolucionaria no se completó previamente debido a dos factores críticos.

La primera fue la gestión de crisis sucesivas. El equipo gubernamental debió desviar la mayor parte de su energía y recursos a mitigar las crisis sistémicas derivadas de la pandemia de Covid-19 y los posteriores desafíos de seguridad regional.

Y lo ultimo fue el boicot institucional.El mandatario denunció la existencia de intensas influencias y presiones tanto externas como internas destinadas a obstruir las actividades de las instituciones del Estado.

El balance de la restitución: Bienes recuperados y nacionalizaciones parciales

A pesar de los obstáculos, Pashinyan defendió que las reformas estructurales ya muestran resultados tangibles gracias a la puesta en marcha del sistema de restitución de activos ilícitos. Al cierre del ejercicio fiscal de 2025, los ingresos del presupuesto estatal de Armenia lograron duplicarse con creces en comparación con los registros de 2017, un logro que el Ejecutivo atribuyó no solo al crecimiento económico, sino a una persecución frontal de la economía sumergida que antes enriquecía a figuras del antiguo régimen.

Hasta la fecha, el sistema de protección de los intereses estatales y comunitarios ha logrado recuperar fondos y activos financieros por un valor estimado de AMD304.182 millones. Como resultado de estas políticas de fiscalización y negociación coercitiva, el Estado armenio ha consolidado participaciones accionarias y derechos de propiedad en los proyectos estratégicos más importantes del país: el complejo metalúrgico de cobre y molibdeno de Zangezur; el proyecto de explotación minera de Amulsar; la firma de telecomunicaciones Viva Armenia y la devolución al patrimonio público de miles de hectáreas de tierras agrícolas y forestales que habían sido privatizadas de forma ilegal o fraudulenta por administraciones previas.

El objetivo para 2031: Auditorías a grandes empresas y servicios públicos

La hoja de ruta para el periodo 2026–2031 endurece la ofensiva económica del oficialismo. El programa de gobierno establece de forma vinculante la meta de devolver al patrimonio del Estado un valor equivalente a 2.000 millones de dólares en bienes y capitales adquiridos ilegalmente por redes de corrupción del pasado.

Pashinyan confirmó ante el pleno del Parlamento que los procesos de investigación patrimonial y auditoría legal ya se han intensificado sobre activos y empresas de servicios clave en la economía nacional. Entre los casos emblemáticos que lideran esta nueva ola de fiscalización estatal se encuentran las Redes Eléctricas de Armenia (“ENA”), la planta industrial “Ararat Cement” y el complejo turístico del teleférico de Tsaghkadzor. El Ejecutivo confía en que estos expedientes servirán de precedente para ampliar el alcance de las incautaciones y consolidar la visión de un Estado con tolerancia cero a la corrupción de jure y de facto.