El mapa que no cierra: la trampa aritmética de los enclaves de 1991. Por Klaus Lange Hazarian

En una rueda de prensa en Ereván, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan dijo algo que debería haber ocupado más titulares de los que ocupó. Preguntado por el futuro del enclave de Kyarki —Tigranashen para los armenios—, el primer ministro fue quirúrgico: en los mapas vigentes al momento de la Declaración de Alma-Ata, Artsvashen es territorio armenio, pero Kyarki, Baghanis-Ayrum, Barkhudarlu y Yukhari Askipara no lo son.

Es decir que los 29.743 km² que Armenia reclama como su superficie reconocida internacionalmente incluyen a Artsvashen como exclave propio, pero no incluyen los enclaves azerbaiyanos que hoy están bajo control armenio.

Dicho de otro modo: el propio jefe de Gobierno armenio acaba de reconocer, con la precisión de un agrimensor, que su país ocupa territorio que —según su misma lectura del derecho internacional— no le pertenece. Es una honestidad poco frecuente en boca de un primer ministro. Y es también el anticipo de la fase más incómoda de todo el proceso de paz caucásico.

La aritmética que seduce y engaña

El razonamiento que suele circular sobre este tema es tentador por su simpleza: si Armenia perdió Artsvashen (unos 38 km²) y hoy controla enclaves azerbaiyanos por unos 44 km² —Yukhari Askipara, Sofulu-Barkhudarli y Kyarki—, la diferencia es de apenas seis kilómetros cuadrados. Caso cerrado, dirían algunos: se devuelve cada territorio a su dueño administrativo de 1991, se cierra el capítulo y se avanza hacia la siguiente etapa de la delimitación fronteriza.

El problema es que esa aritmética confunde superficie con importancia, y en geopolítica esa confusión sale cara. Kyarki no vale por sus ocho kilómetros cuadrados: vale porque está pegado a la M2, la carretera que une Ereván con el sur de Armenia y, por extensión, con Irán. Los enclaves de Tavush no valen por sus hectáreas: valen porque rozan la ruta que conecta Armenia con Georgia, la puerta norte del país hacia el Mar Negro y Europa. Artsvashen, en cambio, no ocupa ningún corredor estratégico: está completamente rodeado por territorio azerbaiyano, aislado de cualquier infraestructura armenia. Devolver “kilómetro por kilómetro” sería, en la práctica, canjear peones estratégicos por peones decorativos. Ningún gobierno responsable —ni en Ereván ni en Bakú— puede firmar eso y sobrevivir políticamente.

Una fórmula que ya generó marcha atrás

Esto no es una hipótesis abstracta. En noviembre pasado, cuando Azerbaiyán celebró la recuperación de un primer paquete de aldeas en el distrito de Gazakh, la reacción en Ereván fue de alarma, no de alivio: analistas y funcionarios recordaron de inmediato que ceder los enclaves remanentes de Tavush significaría entregarle a Bakú tramos de una carretera que hoy es columna vertebral del transporte interno armenio. El propio Pashinyan, en esa misma coyuntura, insistió en que la delimitación debe garantizar la vida pacífica de los residentes fronterizos y preservar íntegros los 29.743 km² reconocidos de Armenia —una condición que, llevada a sus últimas consecuencias, es difícil de compatibilizar con una devolución mecánica de Kyarki.

Y aquí aparece la grieta que el propio primer ministro abrió ayer sin proponérselo del todo. Si Kyarki, Barkhudarlu y Yukhari Askipara nunca fueron, según el criterio soviético que Armenia dice defender, territorio armenio, entonces la posición de Bakú —que exige su devolución como condición no negociable— tiene, al menos en el papel, el mismo fundamento jurídico que invoca Ereván para reclamar Artsvashen. No se puede pedir la aplicación estricta de Alma-Ata para un exclave propio y, al mismo tiempo, tratar como negociable la aplicación de ese mismo principio cuando corre en sentido contrario. Esa es una contradicción que la oposición armenia ya viene señalando, y que Bakú no dejará de explotar en la mesa de negociación.

Lo que viene es más difícil, no más fácil

Conviene decirlo sin eufemismos: todo lo delimitado hasta ahora —los primeros kilómetros de frontera, el retorno de algunas aldeas en el norte de Tavush— fue, comparativamente, la parte sencilla. Lo que sigue es la parte que involucra carreteras nacionales, seguridad de la población fronteriza y la credibilidad interna de dos gobiernos que ya pagaron costos políticos altos por cada concesión territorial. Pashinyan lo sabe: por eso repite, casi como mantra, que todavía no existe ningún acuerdo concreto sobre intercambio o devolución, y que cualquier decisión de ese tipo debería pasar, según la Constitución armenia, por un referéndum.

Ese mantra es prudente, pero no puede sostenerse indefinidamente. Tarde o temprano, alguien en Ereván y alguien en Bakú va a tener que explicarles a sus respectivas opiniones públicas por qué la solución no será una simple devolución mutua, sino algo más parecido a un paquete negociado: corredores de acceso garantizado, regímenes especiales de tránsito para la población civil, quizás compensaciones que no impliquen mover una sola cerca. La alternativa —insistir en el intercambio “kilómetro por kilómetro” que hoy seduce a comentaristas de ambos lados— no resuelve el problema de fondo: simplemente lo traslada, con intereses acumulados, a la próxima crisis fronteriza.

La región lleva tres décadas discutiendo enclaves que juntos no superan los cien kilómetros cuadrados. Es, literalmente, una fracción minúscula del territorio en disputa desde 1991. Que semejante desproporción entre tamaño y complejidad siga trabando la paz en el Cáucaso Sur dice menos sobre la geografía que sobre lo que todavía falta madurar, de ambos lados de la frontera, para tratar estos kilómetros como lo que son: no un problema de superficie, sino un problema de confianza.