Tres preguntas, una sola frontera: cómo Armenia está tratando de decidir dónde termina el Estado y dónde empieza la Iglesia. Por Klaus Lange Hazarian

El conflicto entre Nikol Pashinyan y el Catholicos Karekin II entró este mes en una fase distinta a las anteriores, y lo hizo por tres vías separadas que, miradas en conjunto, apuntan todas a la misma pregunta de fondo: ¿dónde termina la supervisión legítima del Estado y dónde empieza una intervención que ya no lo es?

Lo que el Estado puede exigir, y lo que no puede tocar

En una entrevista reciente, Pashinyan llevó el conflicto a un nuevo nivel: habló de un informe estatal en preparación, cambios legislativos, una posible comisión investigadora de la Asamblea Nacional y nuevos mecanismos para que los fieles participen en el gobierno de la Iglesia, describiendo su estado actual como “terrible” y su estructura como “ocupada” por Ktrich Nersisyan —el nombre de pila de Karekin II, una fórmula que el propio primer ministro usa deliberadamente para no reconocerlo como jefe legítimo de la Iglesia—.

Esto coincide con lo que Pashinyan ya había anunciado formalmente en su discurso de presentación del programa de gobierno a fines de agosto: “se está preparando un informe sobre la profunda crisis sistémica que surgió en la Santa Iglesia Apostólica Armenia, exponiendo decenas de hechos”, y la promesa de proponer “la creación de una comisión investigadora en la Asamblea Nacional, examinando todos los hechos y, como resultado, adoptando enmiendas legislativas”.

La Constitución armenia traza aquí una línea que, en el papel, es bastante clara: las organizaciones religiosas son independientes del Estado y su libertad de acción está garantizada, aunque la misma Constitución reconoce la misión exclusiva de la Iglesia Apostólica Armenia y permite regular por ley las relaciones Iglesia-Estado; una ley especial de 2007 reconoce, además, la autonomía eclesiástica dentro de su propia jerarquía.

De esa arquitectura legal se desprende una distinción que el propio debate armenio corre el riesgo de perder de vista: el Estado tiene pleno derecho a exigir cumplimiento legal —el Código Electoral prohíbe a las organizaciones religiosas hacer campaña, y las sospechas de injerencia rusa exigen el mismo procedimiento que cualquier otra: documentación, análisis financiero, investigación penal o de contrainteligencia—.

Pero modificar la estructura misma de gobierno eclesiástico —cómo se elige al Catholicos, el estatus de los obispos, la autoridad diocesana— es un asunto completamente distinto, que según los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pertenece al núcleo intocable de la vida interna de una comunidad religiosa.

Europa ya trazó esta frontera hace casi mil años: la Disputa de las Investiduras de los siglos XI y XII, resuelta recién con el Concordato de Worms de 1122, consagró el principio de que el poder secular puede regular su relación con la Iglesia, pero no puede controlar su jerarquía.

El caso concreto que pone a prueba esa distinción es el del obispo Gevorg Saroyan, destituido como jefe de la Diócesis de Masyatsotn el 10 de enero. Saroyan apeló ante un tribunal civil, que el 16 de enero ordenó a la Iglesia no obstaculizar su mandato ni sus facultades financieras hasta una sentencia definitiva; el 27 de enero, por orden de Karekin II, fue de todos modos declarado depuesto.

La causa penal actual contra el Catholicos y varios obispos se basa, precisamente, en la presunta obstrucción de esa orden judicial provisional. Ahí chocan dos principios legítimos: la jurisprudencia europea es estricta en defender la autonomía eclesiástica —llegó a considerar el respaldo estatal a una facción interna de la Iglesia Ortodoxa Búlgara una violación de la libertad religiosa—, pero el cargo de un obispo también conlleva consecuencias legales, patrimoniales y administrativas concretas que un tribunal civil sí puede proteger.

Saroyan insistió el 18 de septiembre en que su rebelión responde al riesgo de que la Iglesia se convierta en instrumento político de partidos o fuerzas externas; la Santa Sede alega, en cambio, incumplimiento de deberes, presión sobre el clero y desobediencia.

Ninguna de las dos versiones se resuelve por decreto. Y el riesgo de fondo, más allá de este caso puntual, es que reconfigurar el gobierno canónico de la Iglesia mediante una mayoría parlamentaria convierte al Poder Ejecutivo, al mismo tiempo, en parte del conflicto, promotor de las nuevas normas y principal beneficiario de su aplicación —un precedente que, una vez sentado, puede servir a propósitos políticos muy distintos en el futuro.

Las preguntas que Etchmiadzín todavía no respondió

Mientras el Gobierno enfrenta ese examen, la propia Santa Sede tiene su propio pendiente.

Tras la visita de diplomáticos extranjeros a Gandzasar y Dadivank organizada por Bakú, Etchmiadzín exigió a las autoridades armenias adoptar medidas eficaces frente a la injerencia sobre el patrimonio espiritual armenio de Artsaj.

Si bien la exigencia es legítima, deja preguntas sin responder sobre el propio desempeño eclesiástico: por qué la sede de la diócesis de Artsaj se trasladó de Shushi —donde funcionó desde 1992 en la Catedral del Santo Salvador de Ghazanchetsots— a Stepanakert, y qué significó esa decisión para Shushi como centro espiritual armenio; qué funciones especiales cumplió el arzobispo Pargev Martirosyan, primado de Artsaj durante tres décadas, tras ser relevado de ese cargo en 2021 y nombrado vicario patriarcal; y qué red internacional construyó la Oficina para la Preservación del Patrimonio Espiritual y Cultural de Artsaj, hoy dirigida por el obispo Vrtanes Abrahamyan —quien este año le escribió al vicepresidente estadounidense JD Vance planteando la cuestión del patrimonio armenio y los prisioneros retenidos en Bakú—, y qué resultados concretos produjo esa labor.

El señalamiento más incómodo de esta línea de crítica, sin embargo, apunta a Moscú. Si Etchmiadzín exige “medidas activas” al Gobierno armenio, la misma exigencia debería dirigirse al Patriarca Kirill: que corrija, en las plataformas oficiales de las diócesis de Bakú y Azerbaiyán de la Iglesia Ortodoxa Rusa, las formulaciones que atribuyen el patrimonio armenio de Artsaj a una “Iglesia Ortodoxa de Aghvan”.

Es un reclamo de coherencia, no solo de principios: el propio Patriarcado de Moscú se pronunció públicamente en defensa de Karekin II y de la autonomía de Echmiadzin frente al Estado armenio. Esa solidaridad, si se sostiene en principios y no en conveniencia geopolítica, no puede detenerse en la puerta de la catedral armenia y guardar silencio sobre Gandzasar y Dadivank.

Una tercera vía: reformar sin dividir

Frente a ese doble frente de tensión —Estado versus Iglesia, y la Iglesia frente a sus propias preguntas pendientes—, emerge un tercer camino que no exige elegir bando: el que representa el arzobispo Hovnan Terteryan.

Fue uno de los primeros clérigos en firmar la iniciativa de reforma eclesiástica, pero no optó por la confrontación: mantuvo vínculos naturales con las estructuras estatales y diplomáticas armenias —recibió representantes diplomáticos en la Diócesis Occidental, cooperó con la embajada armenia en Estados Unidos, participa en la fundación “Amigos de la Universidad Estatal de Yukón” para conectar el potencial de la diáspora con la educación armenia—, sin romper con el sistema eclesiástico.

Su filosofía, en esencia, es cambiar la Iglesia sin dividirla, y desplazar el debate de las personas a las instituciones: cómo se elige al Catholicos, ante quién rinde cuentas la jerarquía, cómo se gestionan y publican las finanzas, qué rol tienen las diócesis, los laicos y la diáspora en una estructura que va de Los Ángeles y París a Buenos Aires y Moscú.

Si se cambia solamente el nombre en el trono patriarcal sin tocar esas reglas de gobierno, advierte esta lectura, la Iglesia terminará con una nueva cabeza sobre el mismo sistema de siempre.

La misma pregunta, planteada tres veces

Lo que estos tres frentes tienen en común es más revelador que sus diferencias. El primero pregunta hasta dónde puede llegar el Estado sin invadir la autonomía eclesiástica. El segundo le devuelve la pregunta a la propia Iglesia: qué hizo, con su propia autoridad canónica y sus vínculos internacionales, cuando su patrimonio centenario estaba en riesgo. El tercero sugiere que la reforma real no depende de que gane un bando sobre el otro, sino de que ambos —Estado e Iglesia— acepten someterse a reglas claras y verificables.

Armenia necesita, al mismo tiempo, una Iglesia sana y un Estado de derecho. Ninguna de las tres piezas de este debate logra, todavía, garantizar ambas cosas a la vez.