Pashinyan celebra la detención de Gagik Khachatryan mientras el proceso por bienes ilícitos reabre el debate institucional

El primer ministro Nikol Pashinyan respaldó públicamente la actuación del Servicio Nacional de Seguridad (NSS) durante el arresto del exministro de Finanzas Gagik Khachatryan. La difusión de imágenes que muestran al exfuncionario trasladado en camilla generó intensas discusiones sobre las garantías procesales y el alcance de las demandas por corrupción en Armenia.

El despliegue de la fiscalía y la causa por confiscación

Actualmente, los fiscales buscan confiscar 193 propiedades inmobiliarias, participaciones en 29 empresas y más de AMD17.000 millones al exfuncionario. Además, la causa contra Gagik Khachatryan incluye bonos por un valor estimado de 1.451 millones de dólares.

Por su parte, la justicia de Estados Unidos concretó el embargo de una mansión familiar en Holmby Hills, Los Ángeles. En efecto, las autoridades estadounidenses vincularon el inmueble con sobornos superiores a 20 millones de dólares a cambio de trato fiscal favorable.

Divergencias médicas y pronunciamientos de la defensa

Por otro lado, la defensa argumenta que el imputado padece una estenosis espinal grave con implantes cervicales. En consecuencia, los abogados califican el traslado desde el hospital hacia el tribunal en Yereván como una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que los exámenes médicos forenses de 2025 y 2026 descartan afecciones incompatibles con las audiencias. Asimismo, la defensora de los Derechos Humanos, Anahit Manasyan, inició un procedimiento de oficio para supervisar la situación en el centro penitenciario.

Posición del Ejecutivo y el debate sobre el Estado de derecho

Por su parte, Nikol Pashinyan afirmó que los agentes llevaron al imputado exactamente a donde debía ser trasladado. Por este motivo, el jefe de Gobierno rechazó que la enfermedad justifique eludir la rendición de cuentas tras la revolución de 2018.

Finalmente, la oposición en la Asamblea Nacional y diversos activistas exigen mantener la prisión preventiva dentro del marco constitucional. De este modo, la sociedad civil demanda que el proceso judicial combine la restitución contable con el esclarecimiento de las redes de corrupción.