
La PACE incluyó a Turquía en la lista de los 10 países que más persiguen y reprimen a sus ciudadanos en el extranjero. 🔒 La resolución condena el uso de secuestros, espionaje ilegal y amenazas para silenciar a los periodistas y activistas refugiados. 🏛️ El Consejo de Europa exige sanciones y la expulsión de los diplomáticos extranjeros involucrados en redes de espionaje ilegal. ⚖️
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó una resolución que ubica a Turquía dentro del grupo de las diez naciones con mayor índice de represión transnacional a nivel global. El documento, elaborado con base en informes del Centro de Estocolmo para la Libertad, detalla operaciones de espionaje y agresiones físicas dirigidas contra periodistas exiliados y disidentes políticos.
El dictamen parlamentario exige una respuesta internacional coordinada frente a los gobiernos autoritarios que persiguen a sus críticos más allá de las fronteras soberanas. La asamblea denunció prácticas recurrentes como secuestros selectivos, amenazas directas, vigilancia ilegal, uso indebido de los sistemas policiales del mundo y presiones psicológicas sobre los familiares que residen en los países de origen.
La PACE instó a los países miembros a promulgar leyes específicas para prevenir y castigar las operaciones de persecución extraterritorial. El organismo exhortó a los gobiernos de acogida a enjuiciar a los responsables, imponer sanciones selectivas a los funcionarios extranjeros implicados y expulsar de los territorios a los diplomáticos involucrados en tareas de hostigamiento.
Asimismo, la resolución recomendó evaluar el historial de libertades de cada país al momento de procesar solicitudes de extradición y revisar exhaustivamente los expedientes de asilo político.
Las diez naciones identificadas por Freedom House como los principales perpetradores de estas violaciones son China, Turquía y Rusia. Tayikistán, Egipto y Turkmenistán. Camboya, Uzbekistán, Irán y Bielorrusia.
Aunque las resoluciones de la PACE carecen de un carácter jurídicamente vinculante, su peso político resulta determinante para la definición de las políticas de derechos humanos en el continente. El informe tipifica la represión transnacional como el esfuerzo sistemático de un Estado para silenciar, coaccionar, dañar o asesinar a disidentes, periodistas y académicos en el exterior.

El Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la PACE incluyó en su informe el caso de Orhan İnandı, un educador turco-kirguís fundador de la red escolar Sapat. El docente fue secuestrado en Kirguistán en 2021 por la Organización Nacional de Inteligencia (MİT) y trasladado clandestinamente a territorio turco, un hecho reconocido públicamente por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.
El Tribunal Penal Superior de Ankara condenó a İnandı a 21 años de prisión por supuestos vínculos con el movimiento liderado por el difunto clérigo Fethullah Gülen. Durante las audiencias, el detenido denunció haber sufrido torturas físicas severas durante 37 días y acusó la denegación sistemática de atención médica adecuada por parte de las autoridades penitenciarias.
La persecución gubernamental contra los simpatizantes de Gülen se intensificó tras las investigaciones por corrupción de 2013 que salpicaron al entorno presidencial, y escaló radicalmente luego del fallido intento de golpe de Estado de julio de 2016. El poder ejecutivo catalogó el movimiento como organización terrorista, imputación que el grupo niega de manera categórica.
El informe del organismo europeo documentó agresiones directas contra comunicadores independientes refugiados en el continente. El periodista Erk Acarer sufrió un ataque con arma blanca frente a su residencia en Berlín en 2021, tras publicar piezas críticas contra el partido oficialista AKP y su aliado de extrema derecha MHP.
De igual forma, el reportero Ahmet Dönmez fue golpeado por dos hombres en Estocolmo en 2022 en presencia de su hija pequeña, quedando en estado de inconsciencia en cuidados intensivos durante 20 días. El profesional de los medios había denunciado amenazas de muerte tras revelar en YouTube presuntos nexos de protección entre el entonces ministro del Interior, Süleyman Soylu, y líderes de la mafia local.
Finalmente, una filtración de inteligencia con fecha del 18 de enero de 2024 reveló que los servicios de espionaje turcos operaban de forma encubierta desde la embajada en Suecia. Las agencias recopilaban datos de periodistas con estatus de asilo, lo que generó advertencias del Departamento de Estado de EE. UU. y de las Naciones Unidas sobre el riesgo latente que corren los exiliados.






