La Dirección General para la Investigación de Casos Especialmente Importantes del Comité de Investigación de Armenia confirmó que terminó la investigación preliminar contra Mikael Ajapakhyan y confirmó que será acusado de haber propuesto públicamente un golpe militar para derrocar el orden constitucional del país.
Según la acusación, en una entrevista concedida a un canal de noticias, Ajapakhyan admitió haber sugerido en varias ocasiones a dos expresidentes armenios organizar un golpe de Estado con el apoyo de generales afines que ocupan puestos en el ejército, la policía y los servicios de seguridad nacional.
Llamados públicos a la toma del poder
Los fiscales sostienen que a través de los medios, Ajapakhyan realizó llamados explícitos a la toma violenta del poder y al derrocamiento forzoso de las instituciones constitucionales. Por ello, se le imputa bajo el artículo 422, apartado 2, del Código Penal de Armenia, que sanciona los llamados públicos para la toma del poder, la violación de la integridad territorial, la renuncia a la soberanía o el cambio violento del orden constitucional.
Como medida cautelar, Ajapakhyan fue detenido preventivamente y se encuentra bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso avanza hacia el tribunal
Tras completar la investigación, el expediente con el auto de acusación fue enviado al fiscal para su revisión y posterior presentación ante el tribunal para el juicio de fondo. Este paso formaliza la fase judicial del proceso y define la ruta para resolver el caso.
Contexto político y repercusiones
Este proceso se da en un contexto político delicado en Armenia, donde las tensiones internas y los llamados a cambios de poder generan preocupación sobre la estabilidad democrática. La Fiscalía muestra firmeza en perseguir cualquier acción que amenace la integridad constitucional del país.
Compromiso con el orden constitucional
Las autoridades armenias reiteran su compromiso con la defensa del sistema democrático y la legalidad, dejando claro que los intentos de golpe militar y los llamados a derrocar el orden vigente serán tratados con toda la rigurosidad del sistema judicial.
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