Golpe judicial y económico contra el Grupo Tashir: confiscaciones y acusaciones de lavado de dinero

Autoridades de Armenia ejecutaron una redada por supuesto lavado de dinero a la sede del Grupo Tashir, uno de los conglomerados empresariales más poderosos del país, propiedad del magnate Samvel Karapetyan, actualmente en prisión preventiva por “llamamientos públicos a la toma del poder”.

Según confirmaron fuentes oficiales, se confiscaron ordenadores y documentos como parte de un proceso penal por blanqueo de capitales y evasión fiscal, aunque la defensa legal califica la acción como “completamente ilegal y políticamente motivada”.

La investigación se enmarca dentro de un expediente por “lavado de grandes sumas de dinero y no pago de impuestos y aranceles”, según comunicó el Comité de Investigación de Armenia, que sostiene haber iniciado las actuaciones en base a indicios financieros y fiscales concretos.

Sin embargo, la ofensiva judicial ha coincidido directamente con la radicalización del conflicto entre el Ejecutivo y las voces críticas ligadas al movimiento “Lucha Sagrada”, que Karapetyan ha apoyado abiertamente.

De hecho, el mismo día de su arresto, el empresario publicó una declaración de respaldo a la Iglesia Apostólica Armenia, blanco constante de ataques verbales y judiciales por parte del oficialismo. “Estoy al lado de nuestra Iglesia, con nuestra gente. No importa cómo intenten denigrarnos… todo estará bien, la gente aún dirá su palabra”, afirmó Karapetyan antes de ser arrestado. La respuesta del primer ministro Pashinyan fue inmediata y brutal: “¿Por qué los ‘confesores’ depravados y sus ‘filántropos’ depravados se activaron? Nada, los calmaremos de nuevo. Y para siempre”, escribió en redes sociales. Poco después, exigió “la nacionalización urgente de las Redes Eléctricas de Armenia (ENA)”, propiedad del mismo grupo.

Aunque el paquete legislativo sobre energía ya fue aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 2 de julio, el gobierno aún no ha oficializado la forma exacta que tomará la nacionalización. Según el economista Armen Khoyan, “más que una expropiación directa, el Estado se está dotando de herramientas regulatorias que le permitirían intervenir en la dirección de empresas como ENA mediante mecanismos como participación en directorios, planes de desarrollo obligatorios y sanciones por infracciones”.

La defensa del Grupo Tashir insiste en que las acusaciones de evasión y lavado carecen de base jurídica y que, en caso de que el Estado avance con la nacionalización, iniciarán un litigio internacional por violación de tratados de inversión. Mientras tanto, las consecuencias económicas de esta ofensiva podrían ser graves. Varios expertos alertan que el proceso podría ahuyentar la inversión privada, especialmente si se percibe como una estatización con fines de represión política.

Millonarias ganancias y presuntas irregularidades

Solo en el sector eléctrico, el Grupo Tashir obtiene ingresos anuales estimados en 50 a 52 millones de dólares. Su imperio abarca además la construcción, la restauración, el negocio de restaurantes y otros diez sectores.

Sin embargo, se le acusa de prácticas como mantener salarios mínimos bajos y pagos “en sobres” para evadir impuestos; el robo masivo en obras públicas, incluyendo la construcción de escuelas, con ejemplos notorios como el robo de baños en gimnasios, revelado incluso por el primer ministro. además, tiene una investigación por el uso del edificio del circo de Ereván para lavado de dinero bajo la fachada de reparaciones interminables, dejando el edificio inutilizado por casi 15 años.

Pese a las enormes ganancias, no se invierte en la reparación de postes eléctricos y transformadores, lo que ha causado cortes de electricidad prolongados sin compensación a los afectados.

Interferencia política, corrupción y mercenarios

De acuerdo con medios rusos y ucranianos, la familia de Samvel Karapetyan estaría vinculada a la financiación de unos 2.000 mercenarios armenios, con cerca de 450 residentes de Karabaj, involucrados en conflictos en Ucrania. Un sobrino de Karapetyan, conocido como Samo, es señalado como patrocinador principal.

Karapetyan ha sido señalado por intervenir en el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio, colocando a sus aliados y chantajeando a empresarios armenios en el extranjero. Junto a socios como Bako Saakian, se le acusa de lavar dinero en Karabaj y de mantener un control casi absoluto sobre varios sectores económicos.