¿Por que Nikol Pashinyan impulsa los 29.743 kilómetros cuadrados como eje de la seguridad nacional armenia?

Hace tiempo que 29.743 kilómetros cuadrados dejaron de ser, en el vocabulario político armenio, una simple medida geográfica. Se transformaron, de forma gradual, en una de las fórmulas centrales de la política exterior y de seguridad del país —y Nikol Pashinyan la formuló con más detalle que nunca en su discurso ante el parlamento a fines de agosto, al presentar el Programa de Gobierno 2026-2031, vinculando explícitamente esa cifra con la legitimidad internacional de Armenia, el reconocimiento de sus fronteras y la arquitectura completa de su sistema de seguridad.

El cálculo detrás de la fórmula

Según explicó entonces Pashinyan, uno de los pilares fundamentales de la seguridad externa armenia es la “legitimidad internacional”: que las posiciones del país se enmarquen dentro de un derecho internacional reconocido, y que los 29.743 kilómetros cuadrados —la superficie de la exrepública socialista soviética de Armenia, tal como la fijó la Declaración de Alma-Ata de 1991— constituyan la expresión territorial concreta de ese marco legal.

El razonamiento detrás de esta fórmula es relativamente simple: la capacidad defensiva de un Estado se compone de su ejército, su armamento, sus aliados, su economía y su geografía, pero existe además un recurso menos visible aunque decisivo: la percepción internacional de que las fronteras de ese Estado son legítimas, reconocidas y merecedoras de defensa.

No es una idea nueva en la historia diplomática. El Acta Final de Helsinki de 1975, firmada por 35 Estados, se construyó sobre exactamente ese principio: el compromiso de respetar la soberanía, la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial de cada firmante, resolviendo las disputas por medios pacíficos.

Ese marco nunca eliminó la fuerza militar como factor de la política internacional, pero sí definió las reglas dentro de las cuales se evalúa —y se juzga— su uso. La apuesta de Pashinyan es aplicar esa misma lógica a Armenia: reducir al mínimo el margen que un adversario pueda utilizar para cuestionar la legitimidad de la posición armenia.

El punto más delicado: los enclaves

El aspecto más sensible de esta doctrina, como ya se discutió extensamente en el propio debate armenio de las últimas semanas, tiene que ver con los enclaves. Según la propia formulación de Pashinyan, los 29.743 km² incluyen a Artsvashen —el exclave armenio rodeado por territorio azerbaiyano desde la época soviética— pero no incluyen los enclaves azerbaiyanos que hoy están bajo control armenio, como Kyarki (Tigranashen), Barkhudarlu o Yukhari Askipara.

Su argumento es que reclamar territorio más allá de esos límites debilitaría la posición jurídica armenia y, con ella, su legitimidad internacional, aun cuando la demarcación concreta de esos puntos siga requiriendo un proceso completo de acuerdos legales, cartográficos y bilaterales que todavía no concluyó. En el debate político interno, esta cuestión suele reducirse al esquema simplista de “concesión o no concesión”.

El cálculo oficial es más amplio: vincular la capacidad defensiva armenia con la solidez de su posición jurídica internacional, y limitar al máximo las justificaciones que un adversario podría usar para recurrir a la fuerza.

De un solo pilar externo a tres pilares combinados

Pashinyan conectó además esta doctrina con la diversificación del armamento armenio. Según su relato, antes de 2022 Ereván enfrentaba restricciones significativas para adquirir armas en el mercado internacional; tras el reconocimiento mutuo de integridad territorial sobre la base de Alma-Ata y la congelación de facto de la participación armenia en la OTSC, parte de esas restricciones se redujeron, y la diversificación geográfica de proveedores militares se convirtió en una directriz explícita de la política de seguridad del país.

El cambio de fondo que propone este enfoque es que la seguridad armenia deje de depender de un solo pilar externo dominante —el rol que históricamente ocupó Rusia— para apoyarse, en cambio, en tres bases simultáneas: fronteras reconocidas internacionalmente, alianzas multilaterales diversificadas, y capacidad defensiva propia. La posición jurídica de Armenia pasa así a ser, en esta lógica, un componente de seguridad tan relevante como el ejército o las relaciones exteriores.

Los límites que el propio modelo no puede esconder

Conviene, sin embargo, evaluar este enfoque con la misma claridad con la que se lo presenta. La legitimidad jurídica fortalece la diplomacia, facilita la adquisición de armamento, atrae el respaldo de socios internacionales y condiciona cómo el mundo evalúa un acto de agresión.

Pero la legitimidad, por sí sola, no detiene un tanque. La experiencia ucraniana es el ejemplo más claro y más cercano de esa limitación: tener fronteras reconocidas internacionalmente no impidió la invasión rusa de 2022, aunque sí le dio a Ucrania una base jurídica sólida para sostener el respaldo internacional durante la guerra.

Para Armenia, entonces, esta “operación 29.743” —como ya se la denomina en el debate local— solo puede ser efectiva si se combina con un ejército capaz, relaciones exteriores realmente diversificadas e instituciones estatales que funcionen. El propio Pashinyan presentó, en ese mismo discurso, a un ejército competente como el factor que reduce la tentación de agresión sobre el territorio reconocido, no como un sustituto de esa legitimidad jurídica sino como su complemento necesario.

Ese es, en definitiva, el nivel al que esta doctrina eleva el debate de seguridad armenio: ya no se trata solo de contar armas o nombrar aliados, sino de combinar de forma deliberada los componentes legales, militares y políticos del poder del Estado. Los 29.743 kilómetros cuadrados solo se convierten en un verdadero pilar de seguridad cuando esa frontera reconocida está, además, protegida por un Estado con capacidad real de defenderla. La ley aumenta el valor de la fuerza. Pero es la fuerza la que, en última instancia, vuelve efectiva a la ley.