Taron Simonyan propone llevar el caso del monasterio de Gandzasar a la Justicia internacional

El jurista armenio Taron Simonyan propuso documentar las acciones de Azerbaiyán en el monasterio de Gandzasar para presentarlas ante tribunales internacionales. Por consiguiente, el exdiputado busca transformar las denuncias públicas sobre el patrimonio de Artsaj en pruebas legales ante la Corte Internacional de Justicia.

El marco legal de la Corte de La Haya y la UNESCO

La Corte Internacional de Justicia emitió una orden de medidas provisionales vinculante para Bakú en Tras la visita organizada por Bakú para diplomáticos acreditados en Azerbaiyán a los monasterios de Gandzasar y Dadivank el 11 y 12 de septiembre —donde el asesor presidencial Hikmet Hajiyev presentó ambos complejos como patrimonio de la “Albania caucásica” y a su fundador histórico, Hasan Jalal, como “príncipe albanés”—, el abogado y exdiputado armenio Taron Simonyan planteó una idea que busca sacar la discusión del terreno puramente propagandístico: tratar lo ocurrido no solo como un episodio para condenar públicamente, sino como evidencia documentable para un proceso jurídico internacional ya en curso.

Un marco legal que ya existe

La base de esa propuesta no es hipotética. El 7 de diciembre de 2021, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, en el marco de la causa Armenia contra Azerbaiyán iniciada bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), dictó una orden de medidas provisionales vinculante para Azerbaiyán. Entre esas medidas —confirmadas por múltiples registros académicos y periodísticos del caso— la Corte ordenó a Bakú “tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar los actos de vandalismo y profanación que afecten al patrimonio cultural armenio, incluyendo pero no limitándose a iglesias y otros lugares de culto, monumentos, sitios históricos, cementerios y artefactos”. Es decir: desde 2021, la preservación del patrimonio armenio en los territorios bajo control azerbaiyano ya no es solamente un asunto de historiografías en disputa entre Ereván y Bakú. Es una obligación jurídica internacional exigible ante la Corte de La Haya.

Simonyan propone además recurrir al artículo 76 del Reglamento de la Corte —el mismo mecanismo que Armenia ya utilizó una vez, en septiembre de 2022, para solicitar una modificación de esa orden de 2021— y activar en paralelo los mecanismos disponibles en la UNESCO y en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Qué habría que documentar, y por qué

La propuesta concreta consiste en recopilar y conservar de forma sistemática: la lista de participantes de la visita del 11-12 de septiembre, las declaraciones textuales de Hajiyev, los informes oficiales azerbaiyanos sobre el recorrido, el material audiovisual y la cobertura periodística generada, junto con las inscripciones armenias existentes en los propios monasterios, las fuentes históricas disponibles y las conclusiones de especialistas en la materia. La lógica no es que la declaración de un funcionario azerbaiyano alcance, por sí sola, para probar una violación del derecho internacional, sino que la atribución de identidad histórica de Gandzasar y Dadivank debe leerse en un contexto más amplio de destrucción documentada: iglesias armenias arrasadas en Stepanakert, un cementerio histórico armenio destruido en Shushi, y denuncias sobre alteraciones en otros monumentos de la región. En ese contexto, sostiene Simonyan, la tesis de que estos monasterios “no son armenios” deja de ser un simple argumento académico y pasa a funcionar como preparación ideológica para futuras intervenciones sobre el patrimonio material.

El rol de los embajadores, sin ingenuidad ni indignación vacía

Un punto especialmente pragmático de la propuesta tiene que ver con cómo tratar a los propios diplomáticos que participaron de la visita —entre ellos, por primera vez, la representante especial de la Unión Europea, Magdalena Grono—. Su presencia en Gandzasar no implica que sus países hayan aceptado la versión histórica azerbaiyana; implica, más bien, que Bakú utiliza esa presencia para naturalizar internacionalmente su relato. La respuesta armenia recomendada, entonces, no pasa por el reproche diplomático, sino por la documentación: que cada embajador que ingresó a Gandzasar reciba de parte de Armenia el expediente científico y jurídico completo del sitio, con protocolos, fuentes históricas y referencias al marco legal internacional vigente —incluida la orden de la CIJ de 2021—.

Realpolitik y memoria jurídica

Hay, en esta propuesta, una aceptación bastante fría de cómo funciona la política internacional real: los Estados pueden seguir cooperando con Azerbaiyán en energía, rutas comerciales o el propio proceso de paz, mientras prefieren no pronunciarse sobre temas incómodos como este. Armenia no tiene forma de impedir esa cooperación ni ese silencio selectivo. Lo que sí puede hacer, según este planteo, es asegurarse de que ese silencio nunca se traduzca en ausencia de registro. Proteger Gandzasar hoy, en los términos de esta propuesta, no depende de tener soldados en el lugar —algo que Armenia no puede ofrecer—, sino de sostener evidencia acumulada, memoria jurídica internacional y un Estado que documente cada episodio con la intención de que tenga, eventualmente, una consecuencia legal. Si Ereván no controla hoy la puerta de Gandzasar, la apuesta de esta estrategia es que al menos no pierda el control sobre cómo se cuenta y se prueba su historia.