El doble estándar de la “no injerencia”: lo que Echmiadzín no explica sobre Moscú. Por Klaus Lange Hazarian

Mientras Karekin II enfrenta un juicio penal inédito en Armavir, la defensa que más se repite desde su entorno es también la más simple: el Estado no tiene ningún derecho a meterse en los asuntos internos de la Iglesia. Es un principio que suena razonable en abstracto —la separación entre poder político y autoridad religiosa es, en general, una buena idea—. El problema es que ese mismo principio, aplicado retroactivamente a la propia biografía institucional de Karekin II, no resiste demasiado bien el examen.

Retrocedamos a 2000. Karekin II, recién electo Catholicos de Todos los Armenios, destituyó a Tiran Kyureghyan como primado de la Diócesis de Rusia y Nueva Najicheván, con sede en Moscú, y puso en su lugar a su propio hermano, el entonces obispo Yezras Nersisyan. Kyureghyan se negó a entregar la diócesis, denunció la maniobra y anunció que formaría una estructura religiosa separada; sus seguidores organizaron protestas que no lograron revertir la decisión. En mayo de 2001, Karekin II lo destituyó del sacerdocio invocando “desobediencia y conducta insubordinada”. El conflicto se prolongó durante años y quedó entrelazado con la construcción, largamente demorada, de un centro religioso y catedral armenios en Moscú. En 2004, la prensa rusa reportó que a Kyureghyan se le habían imputado cargos por la desaparición de unos 3 millones de dólares en donaciones destinadas a esa obra —cargos que él niega hasta el día de hoy, más de veinte años después, calificándolos de una distorsión tardía sin sustento.

No hace falta resolver aquí quién tenía razón en aquella disputa —Kyureghyan sostiene su inocencia todavía en el presente, y no hay forma de zanjarlo desde una columna de opinión escrita dos décadas más tarde—. Lo que sí vale la pena señalar es algo más simple: ese conflicto de liderazgo, presentado en su momento como un asunto puramente eclesiástico, terminó resolviéndose con imputaciones penales y procesos bajo jurisdicción rusa, no únicamente mediante los mecanismos canónicos internos de la Iglesia. Cuando la disputa por el control de una diócesis necesitó zanjarse en Moscú hace veinticinco años, no se quedó encerrada entre obispos y cánones. Se derramó, con toda naturalidad, hacia la autoridad estatal secular del país anfitrión.

Un principio que solo aparece cuando conviene

Y ahí está la tensión que Echmiadzín todavía no explicó. Si “el Estado no debe interferir en los asuntos internos de la Iglesia” es un principio de verdad —no una táctica de defensa coyuntural—, debería sostenerse sin importar de qué Estado se trate ni a quién beneficie en cada caso. Cuesta escuchar hoy esa misma defensa, dirigida exclusivamente contra el Estado armenio, sin recordar que la propia trayectoria institucional de Karekin II incluye un episodio en el que la resolución de un conflicto de gobierno eclesiástico dependió, al menos en parte, de instituciones estatales de otro país. La lógica no puede ser “el Estado armenio jamás puede tocarnos, pero el marco legal ruso sí puede resolver quién dirige nuestra diócesis en Moscú cuando hace falta”. Un principio que cambia de validez según la geografía deja de ser un principio: se convierte en un argumento hecho a medida.

Lo que esto no prueba, y lo que sí

Conviene ser preciso con los límites de este argumento. Este episodio no demuestra ninguna trama de coordinación secreta ni convierte a nadie, automáticamente, en agente de nada —esas son acusaciones mucho más graves que exigirían pruebas mucho más sólidas que las que circulan hoy en redes y canales partidarios, y no las voy a repetir aquí sin poder sostenerlas. Lo que sí demuestra, con hechos que distintos medios documentaron en su momento y que nadie de las partes involucradas desmintió de fondo, es que la frontera entre “asunto interno de la Iglesia” y “asunto que termina en manos del Estado” ya fue, en la propia historia reciente de esta jerarquía eclesiástica, bastante más porosa de lo que hoy se quiere admitir.

Eso no convierte automáticamente en legítimo el juicio actual contra Karekin II en Armavir, ni resuelve si las acusaciones que hoy enfrenta tienen fundamento. Pero sí debería bajarle el tono de indignación absoluta a la defensa de “no injerencia” que se repite estos días. Si Echmiadzín quiere que ese principio se tome en serio como una regla de convivencia entre Iglesia y Estado, y no como un escudo que aparece solamente cuando el Estado en cuestión es el armenio, el primer paso sería explicar, con la misma claridad que exige hoy de Pashinyan, qué pasó exactamente en Moscú entre 2000 y 2004. Por ahora, esa explicación sigue pendiente.