Cinco líderes de Artsaj enfrentan cadena perpetua en el juicio político de Bakú

El 13 de noviembre, en el Tribunal Militar de Bakú, continuó el proceso contra los líderes militares y políticos de Artsaj detenidos tras la ocupación de Nagorno Karabaj por Azerbaiyán. El juicio, presidido por el juez Zeinal Aghaev, se desarrolla a puertas cerradas y con acceso exclusivo para medios controlados por el Estado. No se permite la verificación independiente de los hechos ni la presencia de observadores internacionales, lo que ha generado denuncias de falta de transparencia y violación del derecho internacional humanitario.

Según la agencia estatal Azertaj, los fiscales presentaron sus alegatos finales, acusando a los detenidos de “crímenes contra la paz y la humanidad” y de haber “ocupado los territorios soberanos de Azerbaiyán”. Entre los acusados se encuentran el segundo presidente de Artsaj, Arkady Ghukasyan, el tercero, Bako Sahakyan, y el ciudadano Madat Babayan, quienes enfrentan cargos que podrían implicar cadena perpetua, aunque por haber superado los 65 años, el fiscal propuso penas de 20 años de prisión.

Los demás acusados —entre ellos el expresidente Arayik Harutyunyan, el excomandante del ejército Levon Mnatsakanyan, el exsubcomandante Davit Manukyan, el presidente del Parlamento Davit Ishkhanyan y el exministro de Relaciones Exteriores Davit Babayan— fueron señalados como responsables de los delitos más graves y podrían recibir condenas a prisión perpetua.

La acusación también alcanza a otros altos funcionarios y militares, como Melikset Pashayan (20 años), Davit Alaverdyan (18 años), Garik Martirosyan (19 años), Levon Balayan (17 años), Vasili Beglaryan, Erik Ghazaryan y Gurgen Stepanyan (16 años cada uno).

Los fiscales aseguran haber probado todos los cargos, mientras los representantes de las supuestas “víctimas” apoyaron la postura de la acusación. La defensa, sin embargo, no tuvo acceso a observadores externos ni asistencia internacional, lo que, según juristas armenios y organizaciones de derechos humanos, configura un juicio político y una violación del derecho a la defensa.

Los 15 acusados enfrentan más de 20 cargos del Código Penal de Azerbaiyán, incluyendo genocidio (art. 103), tortura (art. 113), violación de las leyes de la guerra (art. 115), terrorismo (art. 214) y toma del poder por la fuerza (art. 278). Estas imputaciones han sido calificadas por analistas como “fabricadas con motivación política”, ya que los detenidos actuaron como representantes de una república de facto durante un conflicto armado reconocido por la comunidad internacional como no resuelto.

El caso del exministro de Estado Ruben Vardanyan, arrestado en septiembre de 2023, se tramita por separado. Todos los prisioneros fueron trasladados ilegalmente a Bakú tras la rendición de las fuerzas de Artsaj, lo que viola el Convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra.

La próxima audiencia está prevista para el 27 de noviembre, y se espera que el tribunal emita su veredicto antes de fin de mes. Diversas ONG internacionales, entre ellas Human Rights Watch y Amnesty International, han exigido la liberación inmediata de los detenidos o su traslado a una jurisdicción internacional imparcial.