Más de 70 jardines de infancia fueron privatizados en Armenia desde la independencia

Según datos del Ministerio de Administración Territorial e Infraestructuras, desde 1991 hasta septiembre de 2025 al menos 70 jardines de infancia públicos han sido total o parcialmente privatizados.

Privatizaciones concentradas en Lórri y Ereván

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los jardines de infancia privatizados se encuentran en la provincia de Lórri, mientras que la menor cantidad corresponde a Syunik.
Sin embargo, el panorama es más amplio en la capital. Aunque el ministerio menciona solo seis casos en Ereván, el medio de investigación Hetq ha documentado más de 70 establecimientos transferidos a manos privadas durante las últimas décadas.

Entre los beneficiarios aparecen figuras políticas como el exalcalde Gagik Beglaryan y el exdiputado Manvel Grigoryan, vinculados al Partido Republicano de Armenia.

La capital abre investigación sobre las privatizaciones

En junio de 2025, el Consejo Municipal de Ereván creó una comisión para revisar todas las operaciones de privatización de jardines de infancia y escuelas desde 1991 hasta la fecha.
Sin embargo, la bancada opositora “Madre Armenia” se negó a participar, argumentando que los plazos de prescripción hacen imposible revertir las transferencias o exigir responsabilidades penales.

Los primeros casos datan de 1998

El primer registro de privatización de un jardín de infancia en Armenia se remonta a 1998. Según el ministerio, 32 casos carecen de datos completos sobre fechas o fundamentos legales.
El último proceso conocido ocurrió en marzo de 2018, antes del cambio de gobierno impulsado por la Revolución de Terciopelo. Desde entonces, no se han reportado nuevas ventas o transferencias.

Un caso único: donación a la Iglesia Apostólica Armenia

Entre los registros figura un caso singular: en 2012, el edificio del Jardín de Infancia Nº1 de Talin fue donado a la Iglesia Apostólica Armenia.

La Fiscalía General ha anunciado en varias ocasiones investigaciones sobre privatizaciones ilegales y procesos judiciales para recuperar propiedades pertenecientes al Estado o a las comunidades locales.