El regreso de Ishkhan Zakaryan: Gobierno le delega la preparación de los Juegos Panarmenios

El presidente de la República, Vahagn Khachaturyan, recibió a la delegación del Comité Mundial para los Juegos Panarmenios, encabezada por el presidente del Comité, Ishkhan Zakaryan.

Ishkhan Zakaryan presentó el trabajo realizado en preparación para los Juegos Panarmenios de 2028. Durante la reunión, el Presidente expuso los avances internos y externos de Armenia, y respondió a las preguntas de interés de los presentes.

Zakaryan ha logrado abarcar casi todos los períodos políticos de Armenia: el gobierno de Kocharyan, la Armenia Próspera de Tsarukyan, la era de Serzh Sargsyan y la Armenia posrevolucionaria. Según el comunicado oficial, el encuentro se centró en la planificación del evento. Pero la trayectoria de Zakaryan en los últimos años hace que ese comunicado, por sí solo, deje bastante afuera.

Lo que sí se puede confirmar del acuerdo de bienes

El 29 de julio de 2024, la Fiscalía General presentó ante el Tribunal Anticorrupción armenio una demanda para la confiscación de bienes de origen ilícito contra Ishkhan Zakaryan —expresidente de la Cámara de Control de Armenia— y personas vinculadas a él. El tribunal admitió la causa el 21 de agosto de ese año. El 17 de junio de 2026, la Fiscalía llegó a un acuerdo conciliatorio con Zakaryan y los demandados relacionados, aprobado por el Tribunal Anticorrupción el 26 de junio: la devolución al Estado de 304.554.000 drams, pagaderos en un plazo de seis meses según un cronograma acordado.

Ese monto se suma a lo que Zakaryan ya había devuelto entre 2023 y 2024, en el marco de una causa penal distinta iniciada el 23 de septiembre de 2020: 15 parcelas de tierra —unas 71 hectáreas en total, repartidas entre las comunidades de Hatsavan y Garni, en la provincia de Kotayk, y Lanjazat, en la provincia de Ararat— además de 32 millones de drams adicionales.

Sobre el origen de la controversia, la mansión de Bagrevand, la información pública es más limitada: se le atribuye a Zakaryan haber vinculado en su momento la financiación de la propiedad al respaldo del empresario armenio-estadounidense Albert Boyajyan, cuya cuenta bancaria administraba mediante un poder notarial, una explicación que no logró disipar las dudas sobre el origen real de los fondos. No pude verificar de forma independiente los detalles completos de ese episodio ni la cronología exacta del proceso penal que se archivó en 2024, cuyos fundamentos la Fiscalía no explicó públicamente según se reporta.

Un patrón, no un caso aislado

El caso de Zakaryan se inscribe en un esfuerzo mucho más amplio: según la Fiscalía General, entre 2018 y la primera mitad de 2026 el Estado y las comunidades armenias recuperaron activos de origen ilícito por unos 304.000 millones de drams —aproximadamente 840 millones de dólares—, de los cuales más de dos tercios (unos 562 millones de dólares) se recuperaron solo en los últimos tres años y medio.

El propio programa de gobierno 2026-2031 fija como meta recuperar unos 2.000 millones de dólares adicionales en bienes de origen ilegal. Analistas locales, como el politólogo Ruben Mehrabyan, ya señalaron contradicciones de fondo en el diseño legal de este proceso: la ley armenia de confiscación de bienes de origen ilícito mezcla, según esa crítica, dos modelos que en la práctica internacional suelen mantenerse separados —la confiscación basada en la imposibilidad de justificar ingresos declarados, y la confiscación que exige primero probar un delito—.

La pregunta que persiste

Lo que distingue al caso Zakaryan de otros expedientes de esta misma ofensiva anticorrupción no es el monto —relativamente modesto comparado con causas como la de Robert Kocharyan, cuya familia enfrenta hoy una demanda de confiscación mucho más amplia— sino la velocidad con la que, apenas resuelto el litigio patrimonial, el Estado volvió a confiarle a Zakaryan la conducción de un organismo vinculado a un proyecto de infraestructura deportiva de gran escala de cara a 2028.

Un acuerdo conciliatorio no equivale, en términos legales, a una admisión de culpabilidad penal, y Zakaryan tiene derecho a que así se lo trate. Pero la falta de un desglose público del cálculo que arrojó la cifra de 304,5 millones de drams, sumada a la ausencia de explicación oficial sobre el archivo del proceso penal de 2024, deja pendiente una cuenta que ningún comunicado sobre los Juegos Panarmenios de 2028 puede saldar por sí solo: no la del dinero devuelto, sino la de la confianza pública en cómo y por qué el Estado decide, en cada caso, a quién le vuelve a confiar el manejo de recursos públicos.