El mito construido alrededor de la Iglesia albanesa: veinte años de ingeniería histórica desde Azerbaiyán

Hace apenas unos días, Hikmet Hajiyev, asesor del presidente de Azerbaiyán, encabezó una gira de dos días para una comitiva de diplomáticos extranjeros y representantes de organismos internacionales por los monasterios de Gandzasar y Dadivank, presentándolos como “patrimonio cristiano de la antigua Albania caucásica” y describiendo la historia armenia de esos sitios como el resultado de “transformaciones posteriores”.

Apenas unos días más tarde, la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán (ANAS) emitió una declaración institucional en la misma línea, calificando de “sensación barata y sin sentido” cualquier vínculo entre Gandzasar y la historia armenia, y presentando al príncipe medieval Hasan Jalal —fundador del monasterio— como “uno de los destacados estadistas de Azerbaiyán”.

Ninguno de estos dos episodios es un hecho aislado. Es la fase más reciente y visible de una política estatal que lleva más de veinte años construyéndose con método, y que un capítulo académico publicado en 2023 por la editorial De Gruyter examina con un título que no deja lugar a dudas sobre su tesis central: “Ingeniería inversa: una ‘Iglesia Apostólica Albanesa’ creada por el Estado”.

Lo que documenta la investigación académica

La tesis tiene un responsable: Hratch Tchilingirian, un investigador del Instituto Oriental de la Universidad de Oxford especializado en minorías y conflictos interétnicos del Cáucaso. Todos sus argumentos y pruebas las incluyó en el volumen colectivo Caucasian Albania: An International Handbook (De Gruyter, 2023, editado por Jost Gippert y Jasmine Dum-Tragut), que analiza en detalle cómo el Estado azerbaiyano construye una “Iglesia Apostólica Albanesa” —también llamada “Iglesia Udi” o “Iglesia Ortodoxa Udi”— como parte de una narrativa que vincula a los azerbaiyanos actuales con pueblos, culturas y el cristianismo primitivo del Cáucaso.

Las características comunes de esa narrativa “diseñada” por el Estado, según el propio estudio, son la negación de hechos, el borrado de evidencia y la reinvención de la historia, con raíces que se remontan a la época soviética.

La estructura del relato oficial de Bakú, según ese mismo trabajo académico, sigue un patrón consistente: la herencia cristiana medieval armenia se presenta como herencia de la Albania caucásica, y esa Albania caucásica, a su vez, como el fundamento histórico del Azerbaiyán moderno, con la pequeña comunidad udí en el papel de continuación viva de esa historia.

Lo que la propia colección académica dice sobre Gandzasar

Resulta revelador que la misma obra colectiva que documenta esta construcción estatal —y en la que participan especialistas internacionales, no solo armenios— vincule explícitamente la fundación de Gandzasar con la casa gobernante armenia de Artsaj, los Hasan-Jalalyan.

Hasan Jalal fue enterrado en el propio monasterio en 1261. Gandzasar se convirtió después en sede del Catolicosado de Aghvan, cuyos líderes espirituales mantuvieron vínculos canónicos con la Iglesia Apostólica Armenia, hasta reorganizarse formalmente como diócesis de esa Iglesia en el siglo XIX.

El nombre “albanés” es, en ese sentido, una identidad histórica real —nadie niega la existencia de la antigua Albania caucásica— pero que no puede atribuirse mecánicamente al Azerbaiyán moderno: la historia documentada de Gandzasar se forjó dentro del entorno principesco, eclesiástico y cultural armenio del Cáucaso medieval.

El factor udí, y un precedente que ya generó un escándalo internacional

La comunidad udí ocupa un lugar central en esta construcción narrativa. Según documenta el propio estudio de Tchilingirian, este pequeño grupo étnico-religioso fue visto con recelo por las autoridades azerbaiyanas en los primeros años postsoviéticos; más tarde, el Estado reconoció y organizó a la comunidad cristiana albanesa-udí, presentándola como base de continuidad de la antigua iglesia albanesa —aunque esa nueva estructura carece de jerarquía espiritual completa, sucesión apostólica establecida o reconocimiento eclesiástico internacional propios de una iglesia histórica independiente.

El precedente más claro de cómo opera esta política en la práctica ocurrió en diciembre de 2004, en la aldea de Nij: durante una restauración de la iglesia de San Yeghishe (rebautizada luego San Eliseo), financiada por la organización Norwegian Humanitarian Enterprise, se destruyeron inscripciones armenias en los muros del templo y en las lápidas circundantes.

El embajador noruego en Azerbaiyán, Steinar Gil, calificó el hecho de “acto de vandalismo” y llegó a compararlo con la destrucción de los Budas de Bamiyán; se negó a asistir a la reapertura del templo, al igual que el resto del cuerpo diplomático invitado.

En marzo de 2021, en un episodio con ecos directos de aquel precedente, el propio presidente Ilham Aliyev visitó la iglesia de la Santa Virgen en Tsakuri, Hadrut —de nuevo con las inscripciones armenias ya eliminadas—, y declaró ante cámaras: “Este es nuestro antiguo templo, el templo de nuestros hermanos udíes… ellos (los armenios) falsificaron todo”.

Por qué esto ya no es solo una disputa histórica

Después de septiembre de 2023, no queda población armenia en Nagorno Karabaj. Las iglesias, sin embargo, permanecen en pie.

El desafío político que sigue, en ese contexto, es la reescritura sistemática de su historia: nombres, inscripciones, orígenes culturales. La disputa sobre Gandzasar hace tiempo que trascendió los límites de un debate académico: Bakú convirtió su versión histórica en mensaje de Estado y en herramienta diplomática, presentándola directamente a diplomáticos extranjeros dentro del propio recinto de los monumentos en disputa.

Ningún tratado de paz va a resolver esta cuestión por sí solo. El tratamiento del patrimonio histórico es, en sí mismo, parte de la calidad de una paz: un acuerdo puede fijar fronteras, pero la disputa por la memoria no termina ahí, y el Cáucaso Sur ya tiene precedentes —como la disputa georgiano-azerbaiyana sobre el monasterio de David Gareja, o las reclamaciones cruzadas de patrimonio eclesiástico entre Armenia y Georgia— que muestran cómo este tipo de conflictos puede convivir, sin resolverse del todo, con relaciones bilaterales por lo demás funcionales.

Frente a una política de Estado que Azerbaiyán construyó durante veinte años con financiamiento, personal presidencial, estructuras religiosas estatales y una red diplomática dedicada, Armenia necesita una respuesta de la misma escala institucional: trabajo científico sostenido, documentación y archivos digitalizados, cooperación académica internacional, presencia constante en la UNESCO y otros organismos de patrimonio cultural, publicaciones de calidad en idiomas extranjeros, y una diplomacia activa y permanente —no solo reacciones puntuales de indignación cada vez que Bakú organiza una nueva gira de diplomáticos por los mismos monasterios.