Un texto sagrado que debíamos mantener en silencio. Por Hovhannes Mandakuni

Un sector de la oposición armenia considera que la declaración de Nikol Pashinyan de que «Artsaj es Armenia, punto final» fue uno de los factores que desencadenaron la guerra de 2020. Sin embargo, la Declaración de Independencia de Armenia de 1990 hacía referencia explícita a la decisión de reunificar Armenia y Nagorno-Karabaj. Hoy, los políticos que consideran esa Declaración un documento nacional sagrado acusan a Pashinyan de articular públicamente la misma aspiración histórica que albergaba. Esta contradicción pone de manifiesto una profunda deficiencia en la tradición política armenia. La élite política que fundó la Tercera República consagró ambiciosos objetivos nacionales en los cimientos del Estado, evitando durante décadas un debate honesto con la sociedad sobre si esos objetivos podían alcanzarse, qué consecuencias podrían acarrear y quién asumiría la responsabilidad. El autoengaño se fue convirtiendo gradualmente en parte de la política pública, mientras que las declaraciones solemnes ofrecían una salida fácil a los problemas más difíciles del país.

Esta contradicción refleja un problema heredado de los años formativos de la independencia armenia. Se proclamaron objetivos políticos sin una evaluación honesta de los medios necesarios para alcanzarlos ni de las consecuencias que podrían derivarse. Con el paso de las décadas, esta dualidad se convirtió en una característica habitual de la gobernanza, ampliando la brecha entre las expectativas públicas y las capacidades reales del país.

En 1990, los autores de la Declaración de Independencia de Armenia hicieron referencia explícita a la decisión del 1 de diciembre de 1989 sobre la reunificación de Armenia y Nagorno-Karabaj. Cinco años después, el preámbulo de la Constitución también invocó los principios fundamentales de la Declaración sobre la condición de Estado y las aspiraciones nacionales. Por lo tanto, la idea de la reunificación tenía un fundamento histórico formalmente reconocido en la agenda política de la Armenia independiente. Reflejaba la voluntad política de la generación que fundó la república. Quienes ahora describen la expresión pública de esa idea como una posible causa de guerra deben también tener en cuenta esta contradicción fundamental dentro de su propio legado político.

La declaración de Pashinyan en Stepanakert en 2019 no fue una repetición literal de la Declaración de Independencia. Sin embargo, transmitió la idea política que subyace en sus fundamentos, una idea cuyos orígenes se remontan al establecimiento de la Tercera República. Esto plantea una pregunta que los críticos de Pashinyan no pueden eludir: ¿cómo pudo una idea incluida en el documento fundacional de un Estado independiente convertirse repentinamente en un acto de irresponsabilidad y en causa de guerra cuando el primer ministro del país la expresó públicamente? Y si la idea era realmente tan peligrosa, ¿por qué las mismas fuerzas políticas están ahora dispuestas a defender la inviolabilidad de la Declaración que la consagró?

¿Cómo pueden estos políticos convertir la protección de ese documento en una cuestión de dignidad nacional mientras tratan la expresión pública de una de sus aspiraciones fundacionales como una amenaza a la paz? Si la idea suponía un peligro tan grave para el Estado, ¿por qué insistir en que permaneciera fuera de toda duda? Esta contradicción revela un patrón arraigado de autoengaño político: proclamar grandes ambiciones nacionales mientras se niegan a asumir la responsabilidad de su viabilidad y consecuencias.

El origen de esta dualidad reside en el pensamiento político que surgió durante los primeros años de independencia de Armenia. Su legado continúa influyendo en las instituciones estatales y las decisiones políticas del país.

La élite política fundadora de la Armenia independiente situó ambiciosos objetivos históricos en el centro del nuevo Estado, sin involucrar a la sociedad en un debate honesto sobre los medios y los costos para alcanzarlos. Con el tiempo, este enfoque se convirtió en una práctica habitual de gobierno. Las aspiraciones nacionales se declararon intocables, mientras que el camino hacia su realización y la responsabilidad por el resultado permanecieron sin definir. Durante décadas, los sucesivos gobiernos evitaron explicar qué podía lograr Armenia de manera realista con sus recursos disponibles y bajo las condiciones internacionales imperantes. Se configuró un sistema de autoengaño político, sustentado en la peligrosa suposición de que reivindicar un derecho histórico era suficiente para establecer una base viable para la política estatal.

Esta dualidad se arraigó profundamente en la práctica política. Los gobiernos prometían el eventual triunfo de la justicia histórica, discutían compromisos territoriales en la mesa de negociación y evitaban explicar al público qué acuerdo consideraban alcanzable o qué precio podría exigir. Se formó un amplio consenso público en torno a grandes objetivos nacionales, pero no hubo un debate igualmente honesto sobre cómo lograrlos. La rendición de cuentas política se postergó repetidamente, privando a la sociedad de la información necesaria para tomar una decisión informada sobre el futuro del país.

Durante décadas, este arreglo convenía a la clase política armenia. Permitía a los gobiernos preservar las expectativas públicas mientras eludían la responsabilidad de comunicar verdades incómodas a los ciudadanos. Las preguntas esenciales quedaron sin respuesta: ¿Qué podía lograr Armenia en la práctica? ¿Cómo pensaba garantizar su seguridad? ¿Qué concesiones podría exigir la paz? ¿Cuáles serían las consecuencias de rechazarlas? Posponer estas preguntas se convirtió en un cálculo político cuyo costo aumentaba progresivamente con el tiempo. Los gobiernos ganaban tiempo, mientras que la sociedad perdía la oportunidad de desarrollar una comprensión realista de su futuro.

Con el paso de los años, la política estatal se alejó cada vez más de las capacidades reales del país. Las declaraciones solemnes y los discursos patrióticos reforzaron la creencia pública de que la justicia histórica prevalecería inevitablemente. Esta confianza permitió a los líderes políticos subestimar los fracasos en el proceso de negociación, las consecuencias del aislamiento económico y el cambiante equilibrio de poder en la región. Cada decisión postergada dificultaba la siguiente. El tiempo en el que Armenia había depositado tantas esperanzas también jugaba a favor de su adversario. En última instancia, el país pagó años de errores políticos acumulados y autoengaño con vidas humanas, pérdidas territoriales y una devastadora crisis de seguridad.

Armenia proclamó su independencia el 28 de mayo de 1918. Apenas una semana después, sus líderes se vieron obligados a aceptar condiciones de paz excepcionalmente duras en Batum. Los fundadores de la Primera República se enfrentaron a una cruda realidad. Ni los derechos históricos ni los elevados objetivos nacionales podían alterar el equilibrio de poder. La supervivencia misma del nuevo Estado estaba en juego, y sus líderes tuvieron que tomar decisiones de acuerdo con las capacidades reales del país. Esa dolorosa elección sigue siendo una de las lecciones más importantes en la historia del Estado armenio. Un gobierno responsable exige una evaluación objetiva de la fortaleza nacional, especialmente cuando las decisiones son más difíciles.

Durante décadas, la élite política de la Tercera República luchó por extraer las conclusiones necesarias de aquella lección. Los objetivos nacionales se enmarcaban en nociones de justicia histórica, mientras que los medios prácticos para alcanzarlos permanecían al margen del debate público serio. Las aspiraciones políticas frecuentemente suplantaban una estrategia estatal viable. Las decisiones difíciles se posponían, solo para reaparecer con consecuencias mucho más perjudiciales para la sociedad.

Explicar la guerra de 2020 con una sola declaración de Pashinyan equivale a reducir una compleja tragedia histórica a una narrativa política simplista. La guerra surgió de años de problemas militares, diplomáticos y geopolíticos acumulados, de fallos en el proceso de negociación y de un cambiante equilibrio de poder regional. Sin embargo, los políticos que responsabilizan a Pashinyan por sus palabras también deben examinar su propia herencia política. La generación que incluyó la idea de la reunificación en el documento fundacional de la Tercera República no puede eludir el debate sobre sus posteriores implicaciones políticas.

La cuestión también tiene una importante dimensión jurídica. El 26 de septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Armenia aclaró que la referencia a la Declaración de Independencia en el preámbulo de la Constitución se refiere a los principios y objetivos reflejados en la propia Constitución. La Declaración no tiene fuerza constitucional en su totalidad. Este fallo clarificó la relación jurídica entre ambos documentos, pero no resolvió la cuestión política. La Declaración sigue presentándose como un símbolo inviolable de la identidad nacional, mientras que los debates en torno a ella a menudo descuidan un análisis serio de su contenido y sus implicaciones políticas.

La cuestión ha trascendido hace tiempo el enfrentamiento inmediato entre Pashinyan y la oposición. Armenia debe definir finalmente los objetivos de su Estado y los medios disponibles para alcanzarlos. El país necesita una Constitución cuyas disposiciones sean comprensibles para sus ciudadanos, reflejen sus auténticos intereses nacionales y establezcan una clara responsabilidad política. Su ley fundamental no puede servir como un mero catálogo ceremonial de aspiraciones históricas cuyas implicaciones prácticas los sucesivos gobiernos se ven obligados a eludir.

Por ello, la pregunta de Pashinyan sobre si la Constitución refleja la realidad política de Armenia merece una seria consideración. Afecta directamente a la soberanía, la seguridad y el futuro del país como Estado independiente. Las exigencias del presidente de Azerbaiyán no pueden determinar la agenda constitucional de Armenia. La adopción, la enmienda y el contenido de la Constitución armenia son competencia exclusiva del pueblo armenio. Al mismo tiempo, la presión externa no exime al país de su responsabilidad de afrontar las contradicciones de sus propias políticas estatales.

Los logros históricos de la generación que fundó la Tercera República son indiscutibles. Su mayor éxito fue la restauración de la independencia. Una de las maneras más significativas de honrar ese logro es evaluar con honestidad los errores cometidos durante la formación del Estado. El mérito histórico no puede justificar permanentemente todas las decisiones políticas, especialmente aquellas cuyas consecuencias siguen marcando el presente del país.

En este contexto, resulta especialmente llamativo escuchar discursos sobre la dignidad nacional de políticos que condenan a Pashinyan por expresar públicamente una idea arraigada en su propia tradición política. Su argumento implica que un Estado puede consagrar un objetivo político en su documento fundacional, al tiempo que considera la articulación pública de dicho objetivo como un posible detonante de guerra. Según este razonamiento, la Declaración debía defenderse como sagrada, mientras que su significado político era mejor dejarlo en silencio.

Esto evidencia una grave crisis en la forma en que el Estado armenio ha concebido sus responsabilidades. La dualidad política en torno a los objetivos nacionales ha obstaculizado, durante décadas, un diálogo honesto sobre el futuro del país. Seguimos cuestionando la inviolabilidad de los símbolos, mientras evitamos las preguntas más difíciles sobre su significado y las responsabilidades que conllevan.

Un Estado no puede vivir durante décadas con una contradicción cada vez mayor entre sus objetivos declarados y sus políticas reales. Tampoco puede considerar indefinidamente un documento como un texto sagrado nacional mientras sus defensores describen la expresión pública de la idea que lo fundamenta como una de las causas de la guerra. Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas más graves de la cultura política armenia: los sucesivos líderes han exigido lealtad pública a los grandes objetivos nacionales, evitando al mismo tiempo un debate franco sobre los medios para alcanzarlos y las consecuencias de las decisiones tomadas en su nombre. El autoengaño político se arraigó en las prácticas gubernamentales, y la evasión de la responsabilidad por los objetivos declarados y las decisiones políticas se convirtió en un ejercicio rutinario del poder.

El Estado armenio ya no puede permitirse ese lujo.

Treinta y seis años después de la adopción de la Declaración de Independencia, Armenia debe superar esta dualidad en su pensamiento político. El mayor respeto que una nación puede demostrar por su independencia es la capacidad de evaluar honestamente sus objetivos y los recursos disponibles para alcanzarlos. La dignidad del Estado exige responsabilidad por lo que escribimos, decimos y hacemos.