
El Gobierno inicia los trámites finales para estatizar y nacionalizar toda la red eléctrica del país🔌Los dueños de ENA exigen 500 millones de dólares de indemnización pero el Estado les ofrece una cifra mucho menor 🏢 Una ley de urgencia aprobada por Nikol Pashinyan permite al Estado tomar el control inmediato de la luz mientras dure la tasación
El proceso de nacionalización de la empresa Redes Eléctricas de Armenia (ENA), propiedad de la acaudalada familia de Samvel Karapetyan, está entrando en su fase final. El Ministerio de Administración Territorial e Infraestructura presentó un proyecto de decisión para declarar a la red de distribución eléctrica como un interés público prioritario. El Gobierno de Armenia debatirá este borrador de forma oficial en la sesión ejecutiva posterior al próximo 8 de julio.
La justificación legal del borrador estipula que la ENA constituye una infraestructura pública crítica cuyas actividades demandan un estricto control regulatorio estatal. El Ejecutivo, tras iniciar la rescisión de la licencia ante la Comisión Reguladora de Servicios Públicos, dictaminó que las faltas de la empresa ponían en riesgo el suministro de cientos de miles de abonados. El texto oficial defiende que el principio del interés público superior permite la intervención directa del Estado cuando se ve amenazado el derecho ciudadano a un servicio seguro.
El administrador interino de la ENA, Romanos Petrosyan, aclaró que la entrada en vigor de la decisión gubernamental dará paso a una auditoría financiera externa. Una empresa de valoración independiente y autorizada se encargará de calcular el valor de mercado real del 100% de las acciones de la compañía energética. La legislación armenia establece que la indemnización final para los propietarios privados consistirá en dicho valor de mercado tasado más un 15% adicional.
El examen pericial contable se extenderá durante varios meses debido a la complejidad de auditar los pasivos acumulados y las licencias vigentes. Petrosyan precisó que los dueños legales tendrán el derecho de impugnar los resultados del tasador designado por el Gobierno de la república caucásica. Si la familia Karapetyan rechaza la conclusión oficial, las normativas vigentes les facultan para contratar a su propio perito contable y comparar los montos económicos resultantes.
El valor real de las acciones de la ENA genera intensos debates y cifras contradictorias entre los especialistas del sector financiero.
El antiguo director de la firma energética, David Ghazinyan, afirmó en febrero que la red de distribución poseía un valor de 1.000 millones de dólares. Ghazinyan, quien fue candidato legislativo por el partido opositor “Armenia Fuerte”, terminó arrestado la semana pasada bajo los cargos penales de preparar el pago de un soborno de carácter electoral.
Un balance contable externo ejecutado en 2024 concluyó que el patrimonio neto real de la empresa rondaba los 360 millones de dólares, sin incluir deudas por varios cientos de millones.
El Ejecutivo de Ereván ofreció inicialmente a los accionistas algo más de 62 millones de dólares por la adquisición de la infraestructura. No obstante, el Estado impuso como condición obligatoria que los Karapetyan devolvieran unos 62 millones de dólares recibidos en concepto de dividendos durante la última década, lo que dejaba una ganancia neta real de apenas 380.000 dólares para los empresarios.
Los propietarios privados de la red de distribución eléctrica tenían plazo hasta el pasado 25 de mayo de 2026 para alcanzar un acuerdo amistoso con el Gobierno. Al expirar esa fecha límite sin consensos, el Ministerio aceleró la circulación del borrador que declara la prioridad pública de los activos. El representante legal del conglomerado “Tashir Capital”, Aram Orbelyan, comunicó que el grupo empresarial sigue estudiando los alcances legales del decreto estatal pero evitó emitir comentarios adicionales inmediatos.
El administrador Romanos Petrosyan prevé que la polémica normativa entrará en vigor a mediados de julio, dando inicio a un proceso de transición de entre 8 y 10 meses. Los analistas económicos advierten que el traspaso total de las acciones al control del Estado podría prolongarse hasta el año 2027 si los Karapetyan deciden iniciar litigios o acciones legales ante los tribunales.

El anuncio de nacionalización dictado por el primer ministro, Nikol Pashinyan, coincidió con la publicación de una entrevista del magnate Samvel Karapetyan, radicado en Rusia, donde defendía activamente a la Iglesia. Horas después de emitirse esas declaraciones en junio del año pasado, las fuerzas de seguridad arrestaron al multimillonario, quien permanece bajo el régimen de arresto domiciliario desde el mes de diciembre.
Pocos días después de la detención del empresario de la construcción, el Parlamento armenio aprobó de forma urgente una reforma legislativa especial. Esta nueva herramienta jurídica faculta al Gobierno de Pashinyan para asumir de manera inmediata la dirección y administración operativa de la ENA. El destino final y el modelo de gestión que adoptará la red eléctrica una vez que pase a manos del sector público total continúa sin aclararse por parte de las autoridades ministeriales.






