
⚠️🇬🇪 En Tiflis, un tribunal congeló las cuentas de 7 ONG —entre ellas ISFED y Sapari— acusadas de financiar la resistencia en las protestas. Las organizaciones hablan de “represión rusa” contra la sociedad civil. #Georgia #ONG #DerechosHumanos
El Tribunal Municipal de Tiflis respaldó una moción de la Fiscalía General para congelar las cuentas bancarias de siete reconocidas organizaciones de la sociedad civil en Georgia. Según el organismo, estas ONG habrían facilitado actos de violencia durante las manifestaciones contra el gobierno que estallaron tras la suspensión de la candidatura georgiana a la Unión Europea.
Entre las entidades afectadas se encuentran la International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED), la Civil Society Foundation, el Institute for Development of Freedom of Information (IDFI), el Social Justice Centre (SJC), la organización de derechos de las mujeres Sapari, la Georgian Democratic Initiative (GDI) y Democracy Defenders.
En su comunicado, la Fiscalía sostuvo que las protestas iniciadas en noviembre se transformaron en “confrontaciones deliberadas con las fuerzas policiales”, alentadas —según el ente— por líderes opositores y responsables de ONG. El texto añade que los manifestantes “hirieron a decenas de agentes y prendieron fuego al edificio del Parlamento y a equipos policiales”.
El organismo aseguró además que los participantes recibieron materiales de protección y autodefensa, como máscaras antigás, cascos y bastones, presuntamente adquiridos con fondos de las organizaciones señaladas. “Las acciones coordinadas buscaban debilitar a las agencias de seguridad y obstaculizar su funcionamiento”, indicó la Fiscalía.

Las organizaciones niegan categóricamente los cargos. Sapari calificó las imputaciones de “infundadas y difamatorias” y advirtió que la decisión constituye “otro ejemplo del uso de represiones de estilo ruso contra la sociedad civil georgiana, con el claro objetivo de silenciar voces críticas”.
La ONG llamó a las mujeres y niños víctimas de violencia a seguir contactándoles, asegurando que continuarán brindando asistencia voluntaria pese a las restricciones.
No es la primera vez que la Fiscalía utiliza estas medidas. En marzo ya había ordenado congelar cuentas de fondos que apoyaban a manifestantes detenidos o multados, además de realizar registros en domicilios vinculados.
En paralelo, el gobierno de Sueño Georgiano ha impulsado una serie de leyes restrictivas contra el sector cívico, intensificadas durante los últimos ocho meses en el marco de las protestas. Entre ellas figura la Ley de Agentes Extranjeros (FARA), adoptada en abril, que obliga a las ONG con financiamiento internacional a registrarse bajo esa categoría.
Cuatro de las entidades afectadas por la reciente congelación —ISFED, SJC, Sapari y la Civil Society Foundation— ya habían sido objeto de inspecciones por parte de la Oficina Anticorrupción bajo este marco legal.






