Guerra hibrida: Afirmaciones infundadas de la fundación Prigogine sobre opositores detenidos en prisiones en Armenia

La llamada Fundación para la Lucha contra la Injusticia, vinculada al entorno de Yevgueni Prigogine, publicó el 19 de noviembre un extenso texto que asegura que en las en prisiones de Armenia “hay más de 24.000 detenidos” y que la oposición convive “en campos de concentración modernos”.

El artículo afirma que “al menos 230 opositores murieron entre 2020 y 2025 por tortura o suicidio”. Las acusaciones se viralizaron tras su republicación en Foreign Policy FP y su rápida amplificación en medios armenios como News.am, Golosarmenii.am, Lurer.com, Past.am y Newspress.am. “Las cifras no tienen sustento alguno”, expresó una fuente del Servicio Penitenciario.

Las afirmaciones carecen de evidencia verificable. El texto presenta fuentes anónimas y menciona materiales “cerrados” del Comité de Estadística y del Servicio de Estadística de Prisiones (OSC ) que nunca aparecen. No existe forma de conocer su contenido. El Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia desmintió de inmediato la cifra de 24.000 personas privadas de libertad. Según datos oficiales, 2836 detenidos pasaron por las OSC durante los primeros diez meses de 2025, apenas 246 más que el año previo. “La cifra publicada por esa fundación es inventada”, indicó un funcionario del ministerio.

El Ministerio de Justicia informó que 21 personas murieron en prisión entre enero y el 24 de noviembre de 2025. Hubo 12 muertes en 2024, 16 en 2023, 18 en 2022, 13 en 2021 y 5 en 2020. En cinco años, el total asciende a 85 fallecimientos, muy lejos de las 230 muertes que difunde la fundación. “La manipulación es evidente”, señaló un experto consultado.

Propaganda prorrusa y periodistas ligados al Kremlin

El artículo utiliza las voces de dos supuestos periodistas “occidentales”: el irlandés Chey Bowes y el alemán Thomas Röper. Una investigación de Comprobado confirmó que ambos trabajan para medios estatales rusos y han propagado desinformación en varias ocasiones. Bowes es empleado de RT, conocido por su postura abiertamente pro-Kremlin y por difundir contenido falso. En mayo de 2025 Rumania lo detuvo y deportó, debido a que RT mantiene prohibición en la Unión Europea desde 2022. “No cumple estándares periodísticos”, afirmó un especialista europeo.

Bowes habló en 2023 ante el Consejo de Seguridad de la ONU como “experto en armas pequeñas” y criticó la ayuda occidental a Ucrania. Röper, por su parte, dirige Anti-Spiegel, un sitio repetidamente señalado por difundir fake news. En 2025 recibió sanciones de la UE por “manipulación de la opinión pública”. Colabora con RT, participa en conferencias organizadas por el Kremlin y escribió un libro dedicado a Vladímir Putin. También apoya teorías conspirativas y militó contra la vacunación antes de la invasión rusa a Ucrania.

El origen de la desinformación

La Fundación para la Lucha contra la Injusticia nació dentro de la estructura de la Fundación Wagner, fundada por Prigogine. Aunque dice defender derechos humanos, diversas investigaciones muestran que funciona como vehículo de propaganda rusa. Según Intelligence Online, la fundación está controlada por la inteligencia militar rusa y organiza campañas de desinformación usando sitios falsos y contenido creado con inteligencia artificial. “Es una red diseñada para sembrar narrativas prorrusas”, detalló un analista.

La organización está dirigida por Mira Terada, quien pasó más de dos años en prisión en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. En su sitio también apareció un informe falso que acusaba a farmacéuticas occidentales de experimentar drogas peligrosas en mujeres embarazadas y niños en Armenia. La fundación incluso apuntó contra el presidente del Parlamento, Alen Simonyan, al sugerir la existencia de una red de abuso infantil, afirmación que FIP.am desmintió.

Las pruebas muestran que las acusaciones sobre las OSC en Armenia forman parte de una campaña coordinada que busca desacreditar instituciones y sembrar desconfianza. No hay datos, documentos ni cifras verificables que respalden los señalamientos de la fundación.