¿Prisioneros de guerra o secuestrados? Los daños de la falsa retórica. Por Vahram Atanesyan

La perspectiva escéptica más extendida que se escucha en la prensa y en las plataformas sociales sobre la visita de representantes del público armenio a Bakú en el marco de la iniciativa “Puente de Paz” y sus “resultados”, es que, si Azerbaiyán “quiere la paz, ¿por qué no libera a nuestros prisioneros?”. Algunos incluso critican a los miembros de la delegación por “no haberse reunido con los prisioneros”.

La parte armenia no tiene prisioneros de guerra en Bakú en un sentido puramente legal. La mayoría de las personas que estaban detenidas en Azerbaiyán después de la guerra de cuarenta y cuatro días han sido repatriadas. Actualmente, en Bakú se encuentran detenidos los exlíderes político-militares de Artsaj, las personas secuestradas por Azerbaiyán en circunstancias no claras después de la guerra terrorista del 19 de septiembre de 2023 y en la zona de las aldeas de Jtsaberd y Hin Tagher en diciembre de 2020.

Azerbaiyán reconoce a las personas secuestradas en Jtsaberd y Hin Tagher como “miembros de un grupo armado ilegal”, y se ha iniciado una causa penal contra ellas “por violar la tregua del 9 de noviembre y provocar hostilidades”. Lo que realmente sucedió, probablemente solo lo sepa Volkov, el subcomandante del contingente ruso en Nagorno-Karabaj en ese momento, quien, según los informes, estuvo presente en la operación de secuestro de militares armenios.

Los expresidentes de Artsaj, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakyan y Arayik Harutyunyan, así como el presidente de la Asamblea Nacional, David Ishkhanyan, fueron secuestrados en Stepanakert. El excanciller, David Babayan, “se entregó voluntariamente”. El exministro de Estado, Ruben Vardanyan, el excomandante del Ejército de Defensa, Levon Mnatsakanyan, y el general David Manukyan fueron secuestrados en el puesto de control de Hakari. Las circunstancias y cómo las otras personas fueron secuestradas o “entregadas” se desconocen.

Por lo tanto, no se trata de prisioneros de guerra, sino de personas secuestradas en diversas situaciones y retenidas ilegalmente en Bakú, a quienes Azerbaiyán ya ha condenado a largas penas de prisión o lo hará en un futuro próximo. En esta situación, son posibles dos soluciones: o Armenia y Azerbaiyán llegan a un acuerdo político e Ilham Alíyev “indulta a los condenados”, o recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Es obvio que los militares armenios, los representantes de la antigua dirección político-militar de Nagorno-Karabaj, y ciertas personas individuales fueron secuestrados y “juzgados y están siendo juzgados” por Azerbaiyán exclusivamente con fines políticos. Y esto es lo que añade una enorme complejidad al problema. En este caso, la falsa retórica, cuando el problema se traslada intencionadamente al plano de que Azerbaiyán no está cumpliendo el acuerdo de alto el fuego y Armenia “no está tomando ninguna medida” al respecto, solo perjudica a las personas secuestradas.