Crisis en Ijevan: Denuncian la deportación masiva y explotación laboral de 170 sastres indios

Un grave conflicto laboral y de derechos humanos estalló en la ciudad de Ijevan, al norte de Armenia. Un contingente de 170 sastres indios, empleados en la fábrica de ropa Grand Textile, comenzó una huelga masiva el pasado 8 de mayo para protestar contra lo que califican como condiciones de “explotación laboral ” y hacinamiento extremo bajo una nueva dirección de capitales rusos.

La movilización de resistencia concluyó de forma abrupta a partir del 15 de mayo, fecha en que se inició la salida obligatoria de los operarios hacia la India. El director de la firma adquirió los pasajes de retorno de forma unilateral, omitiendo el pago del último mes de salario y amenazando con el desalojo inmediato a quienes se resistieran a abandonar el recinto.

Un régimen medido en segundos: “Somos humanos, no robots”

Las instalaciones de Grand Textile operan bajo una modalidad “semicerrada” dentro del edificio de unos antiguos grandes almacenes de Ijevan, espacio que funciona simultáneamente como planta de producción y zona de residencia para los migrantes. De acuerdo con las actas y carteles trilingües adosados a los muros del establecimiento, la jornada laboral se extiende desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. (11 horas en total).

El cronograma de producción de la fábrica desglosa el tiempo con precisión milimétrica:

• Tiempo total de turno: 39.600 segundos.
• Pausa para almuerzo: 3.600 segundos.
• Margen diario de higiene y necesidades (“beber, ir al baño, enhebrar”): 1.800 segundos (30 minutos).
• Tiempo obligatorio de costura continua: 34.200 segundos.

El detonante del paro generalizado fue la decisión de la gerencia de elevar la cuota de confección diaria de 120 uniformes a un mínimo de 200 piezas por grupo. Los sastres declararon la meta como un imposible físico.

Por su parte, el director general desestimó las acusaciones ante las cámaras del medio independiente Epress.am, argumentando que el conflicto responde al incumplimiento contractual de los operarios, a quienes acusó de “abusar de las visitas al baño” y de utilizar dispositivos Bluetooth para escuchar música, actividad penalizada en el taller con multas automáticas de 50 dólares.

Hacinamiento en barracas de hierro e infestación de plagas

El informe del equipo periodístico que logró ingresar al predio constató que los 170 ciudadanos extranjeros son alojados en un complejo reducido de barracas de hierro, compartiendo habitaciones de entre 9 y 12 personas sin mobiliario básico para sentarse.

El sector de higiene carece de duchas y se limita a una estructura de hormigón con tres cubículos donde los trabajadores deben bañarse agachados bajo grifos de agua corriente. Adicionalmente, las estancias presentan una infestación severa de chinches y cucarachas. La administración fabril rechazó proveer insumos químicos de desinfección, responsabilizando públicamente a los empleados por la falta de aseo en los espacios comunes. “¿Qué se supone que debo hacer, proporcionarles un hotel de cinco estrellas?”, declaró el empleador durante el relevamiento audiovisual.

Redadas policiales y el vacío legal de las causas sin víctimas

La tensión escaló de manera violenta el 13 de mayo, cuando efectivos de la policía de Ijevan ejecutaron una redada en los talleres para desactivar la protesta. Registros de video enviados por los propios damnificados muestran el uso de la fuerza física por parte de los agentes estatales para arrestar a nueve huelguistas sin mediar orden judicial. El Ministerio del Interior justificó la intervención alegando una alerta por supuesta “alteración del orden público”.

Las organizaciones de derechos humanos locales advierten que este procedimiento de repatriación exprés responde a una estrategia recurrente de la corporación para archivar denuncias penales. Al enviar a los denunciantes de regreso a la India con la asistencia logística de intermediarios en Ereván, los tribunales armenios proceden al cierre definitivo de los expedientes por “ausencia de víctimas o parte querellante”.

Este patrón procesal ya se verificó en dos antecedentes previos vinculados a la planta textil:

• Caso de 2020: Un grupo de costureros indios evadió el control de la fábrica y radicó una denuncia formal por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, la cual no prosperó.
• Huelga de 2025: Se abrió una causa penal luego de comprobarse que los antiguos gerentes armenios —posteriormente removidos por la casa matriz rusa— amedrentaban a los costureros utilizando armas de fuego en la línea de producción para acelerar el ritmo de trabajo.

A pesar de las reuniones de mediación celebradas en Ereván con la participación de funcionarios de la Embajada de la India, la dirección de Grand Textile rechazó la validez del memorando de entendimiento previo, ratificando la sustitución total de la plantilla con un nuevo contingente de trabajadores migrantes.