
📜 Debate por la transparencia eclesial en Armenia. ⛪ Garegin II califica de inconstitucional la comisión oficialista. Leé más aquí. ✨
La Iglesia Apostólica Armenia tenía en sus manos la mejor defensa contra las acusaciones que la persiguen: abrir sus puertas. Eligió cerrarlas. Y con ese gesto les dio la razón a quienes la describen como autoritaria, opaca y alineada con Moscú.
El 9 de octubre, los obispos reunidos en Santa Etchmiadzin condenaron la comisión parlamentaria creada en Ereván para investigar los problemas de la Iglesia. La calificaron de inconstitucional y de injerencia en su autonomía. Puede que tengan razón en lo jurídico. Pero perdieron algo más valioso que un argumento legal: la oportunidad de mostrar que no tienen nada que esconder.
Imaginemos otra declaración. Una en la que la Conferencia Episcopal dijera: estamos dispuestos a presentar documentos, a responder preguntas y a celebrar audiencias públicas en Etchmiadzin, con laicos y especialistas independientes, sin renunciar a nuestra autonomía canónica. Esa sola frase habría cambiado el debate. El gobierno habría tenido que explicar qué busca realmente. La Iglesia habría aparecido como una institución confiada en su pueblo.
No ocurrió. Y el silencio, en política y en religión, nunca es neutral: lo llenan los demás.
La crítica más repetida contra la conducción del Catolicós Garegin II es la de un gobierno vertical, cerrado y personalista. La respuesta del 9 de octubre encaja en ese molde con precisión. Fue un comunicado de la jerarquía, sin voces laicas, sin reconocimiento de error alguno y sin una sola propuesta.
Ahí está la paradoja. La Iglesia reclama autonomía, pero la defiende con los mismos métodos que alimentan su fama de autoritaria. La autonomía no es solo un derecho frente al Estado. Es también una responsabilidad frente a los fieles: la de demostrar que la institución puede gobernarse, corregirse y rendir cuentas por sí misma.
Quien invoca la Constitución para que nadie lo mire, pero no ofrece mirarse a sí mismo, no convence. Confirma.

Incluso los analistas armenios más críticos del gobierno lo admiten: dentro de la Iglesia se acumularon durante años la falta de transparencia en la gestión, las dificultades financieras y una escasa rendición de cuentas. No lo dicen sus enemigos. Lo dicen quienes defienden su autonomía.
La Iglesia administra propiedades, donaciones de la diáspora y patrimonio de enorme valor. Mientras no existan balances públicos, auditorías independientes ni explicaciones claras sobre el destino de esos recursos, toda acusación de corrupción resultará verosímil, tenga o no fundamento. Y toda defensa sonará a encubrimiento.
No hace falta que haya corrupción probada para que la imagen de corrupción se instale. Basta con la opacidad. La transparencia es la única herramienta capaz de separar la calumnia del hecho, porque permite refutar con documentos lo que hoy solo se niega con comunicados. Etchmiadzin renunció a esa herramienta justo cuando más la necesitaba.
La etiqueta de Iglesia prorrusa tiene varias raíces. Están los lazos institucionales de Etchmiadzin con el Patriarcado de Moscú y el peso de su diócesis en Rusia. Está, sobre todo, la coincidencia política: los sectores que salieron a defender a la Iglesia en los últimos años, como el empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan, detenido en 2025 tras pronunciarse en su favor, son los mismos que se oponen al giro de Armenia hacia Europa.
La Iglesia responde que sus vínculos con la ortodoxia rusa son eclesiásticos, no políticos. Es posible. Pero las percepciones no se combaten con aclaraciones, sino con conductas.
Armenia busca integrarse al espacio jurídico europeo, donde la autonomía religiosa se respeta y la rendición de cuentas se exige. Una Iglesia que se cierra frente a esos estándares queda, en la mirada pública, del otro lado de la línea. Le regala al gobierno la posibilidad de presentar el conflicto como un capítulo más de la disputa entre Bruselas y Moscú, y no como lo que también es: un debate sobre cómo se gobierna una institución.
Si Etchmiadzin hubiera abierto sus cuentas y su gobierno interno, podría haber dicho que no necesita a ningún bloque para probar su integridad. Al cerrarse, dejó que otros decidieran de qué lado está.
Para los armenios que vivimos lejos de Ereván, este conflicto no es ajeno. La Iglesia ha sido, durante siglos, el hilo que une a Buenos Aires con Beirut, Marsella y Los Ángeles. Fue la institución que sostuvo la identidad cuando no había Estado.
Pero ese hilo nunca fue único. La Iglesia armenia tiene dos catolicosados, el de Todos los Armenios en Etchmiadzin y el de la Gran Casa de Cilicia, con sede en Antelias, además de los patriarcados de Jerusalén y Constantinopla. Durante la Guerra Fría, la diáspora llegó a dividirse entre parroquias que respondían a una Etchmiadzin bajo control soviético y otras que se alinearon con Antelias. Esa herida tardó décadas en cerrar.
La crisis actual no crea esa pluralidad, pero puede volver a convertirla en fractura. Una Etchmiadzin percibida como cerrada, enfrentada con el Estado armenio y sospechada de cercanía con Moscú les da a muchas comunidades motivos para mirar hacia otras sedes o, peor, para alejarse en silencio de la vida eclesial.
El riesgo no es un cisma con fecha y documento. Es una erosión lenta: menos donaciones, menos confianza, más comunidades que deciden por su cuenta. Una Iglesia que se dice panarmenia no puede pedirle fe a ciegas a una diáspora que la sostiene con su dinero y su memoria.
Sería injusto cargar toda la culpa sobre Etchmiadzin. La comisión no nace en un vacío. El Ejecutivo formuló el problema, un organismo vinculado al gobierno redactó el informe de 74 páginas que le sirve de base y la mayoría oficialista conduce la investigación. Es razonable dudar de su independencia.
También es cierto que el gobierno de Nikol Pashinyan se ha metido en terrenos que no le corresponden, como el celibato del clero o la conducción interna de la Iglesia. Un Parlamento puede investigar delitos, impuestos y el uso de bienes públicos. No puede evaluar cánones ni elegir obispos. Y la Iglesia tiene derecho a temer que abrirse bajo presión equivalga a legitimar la injerencia.
Pero precisamente por eso la transparencia propia era la mejor respuesta. No se trataba de someterse a la comisión, sino de adelantarse a ella: una investigación interna, con laicos y especialistas independientes, cuyos resultados pudieran presentarse al Parlamento sin ceder autonomía. Esa iniciativa habría desarmado la sospecha de persecución política mejor que cualquier comunicado. Habría obligado al gobierno a justificar cada paso frente a una opinión pública que ya tendría los datos sobre la mesa.
La Iglesia Apostólica Armenia invoca su papel histórico como guardiana de la nación para rechazar el control del Estado. Pero ese mismo papel es el que le exige más transparencia, no menos. Una institución que pide la confianza de todo un pueblo, dentro y fuera de sus fronteras, no puede pedirla a puertas cerradas.
Las puertas cerradas protegen, por un tiempo, a quienes conducen. Las puertas abiertas protegen a la institución. Etchmiadzin todavía puede elegir. Puede convocar a sus fieles, a sus obispos reformistas y a especialistas independientes, publicar sus cuentas y escuchar las críticas sin miedo.
Si no lo hace, el problema no será solo la comisión de Ereván. Será una diáspora que se dispersa, una sociedad que deja de creer y una imagen que, a fuerza de no ser desmentida, termina pareciendo verdad.






