El ejército que Armenia necesita no puede ser el que entierra a sus propios soldados y camufla sus muertes

El lunes, mientras Nikol Pashinyan presentaba ante el parlamento un programa de gobierno que habla de satélites, inteligencia artificial y un ejército “fuerte y capaz” como garantía última de la paz, un soldado de 37 años cuya identidad todavía no se hizo pública moría en circunstancias que el Ministerio de Defensa no explica.

Fue la cuarta baja no relacionada con el combate en apenas un mes. La tercera, la de Edgar Gevorgyan, de 22 años, había ocurrido apenas un día antes: lo encontraron con una herida de bala en su unidad militar.

Diez días antes, Grigor Zakaryan había muerto de la misma manera, y un compañero suyo terminó detenido, acusado de haberlo empujado al suicidio. Entre medio, un camión atropelló a un grupo de soldados en Gegharkunik y mató a Suren Vardanyan.

Cuatro nombres, un mes, y una pregunta que Armenia lleva sin responder desde hace más de seis años: ¿por qué el ejército sigue matando a sus propios soldados a un ritmo que no tiene nada que ver con el frente?

Un guion que ya vimos, con otros nombres

Hay algo inquietantemente familiar en la respuesta oficial de esta semana. Pashinyan nombró a un nuevo jefe de Policía Militar, destituyó al responsable del Departamento de Apoyo Psicológico y Moral, y armó un grupo de trabajo interinstitucional con tres meses de plazo para proponer soluciones.

En febrero de 2020, ante una ola similar de muertes, el entonces presidente destituyó exactamente a esos mismos dos perfiles —el jefe de la policía militar y el responsable de moral y disciplina— tras una seguidilla de suicidios y homicidios en cuarteles que también generó indignación pública. Seis años y medio después, cambiaron los apellidos, pero no el guion: alguien es despedido, se promete una revisión, y el ciclo vuelve a empezar cuando los titulares se enfrían.

Eso no es una crítica menor. Es la prueba de que las reorganizaciones de personal, por sí solas, nunca tocaron la causa estructural del problema.

La pelea por las cifras es, en sí misma, el problema

Tan preocupante como las muertes es la forma en que el propio Estado las cuenta. El vocero del Ministerio de Defensa, Aram Torosyan, sostiene que de las 11 muertes registradas hasta el 14 de agosto de este año, solo dos estuvieron vinculadas a circunstancias de servicio —una cifra que, según él, la Fiscalía Militar registra de otra manera, sin distinguir causas. Pero el conteo independiente, hecho por medios especializados en la región, ya sitúa en 33 las bajas no relacionadas con el combate en lo que va de 2026, sobre un total de 36 en 2024 y 35 en 2025: 104 soldados muertos fuera de combate desde comienzos de 2024, en un país que —según ese mismo conteo— no perdía a un soldado por violación del alto el fuego desde febrero de 2024. Organizaciones de derechos humanos van más lejos todavía y calculan que las bajas no relacionadas con el combate llegaron a representar hasta el 90% del total de muertes en las fuerzas armadas.

Cuando el propio Ministro de Defensa, Suren Papikyan, sale a aclarar que “las estadísticas no son la forma correcta de abordar” estas muertes, tiene razón por motivos que probablemente no pretendía admitir: las estadísticas, tal como las presenta hoy el ministerio, sirven más para minimizar el problema ante la opinión pública que para diagnosticarlo. Un ejército que no logra ponerse de acuerdo consigo mismo sobre cuántos de sus soldados mueren por año, y por qué, no está en condiciones de resolver el problema. Está, en el mejor de los casos, gestionando su percepción.

Lo que el gobierno le debe a las familias, no solo al parlamento

Nadie le pide al gobierno armenio milagros instantáneos: el hostigamiento, la violencia entre pares y el suicidio en instituciones militares son problemas que ningún país resuelve con un decreto. Pero sí se le puede exigir algo más concreto que lo anunciado esta semana. Primero, una metodología de conteo pública, única y auditada por una entidad ajena al propio ministerio, que termine con la disputa de cifras entre la Fiscalía Militar y el vocero castrense. Segundo, que la responsabilidad no recaiga solo sobre soldados rasos detenidos por casos individuales, sino también sobre la cadena de mando de las unidades donde estos incidentes se repiten. Y tercero, que el grupo de trabajo con tres meses de plazo no termine, como tantos otros antes, en un informe que nadie lee y una crisis que resurge en la próxima temporada de reclutamiento.

Pashinyan construyó todo su programa de gobierno sobre la idea de que la paz —no la fuerza militar bruta— es hoy la garantía principal de la seguridad armenia. Es un argumento razonable, y coherente con la región que Armenia busca integrar. Pero esa apuesta solo convence si el propio Estado demuestra que puede cuidar a los soldados que sí tiene, en los cuarteles donde no hay ni un disparo enemigo. Un ejército que entierra a sus jóvenes por negligencia, hostigamiento o desesperación, mientras el ministerio discute si esas muertes “cuentan” o no, no es la reserva de seguridad que un país necesita antes de firmar la paz con sus vecinos. Es una herida abierta que la retórica de la Cuarta República, por ahora, no logra cerrar.