La detención que cambia el tablero político en Armenia: Kocharyan y el precio real del kocharyanismo. Por Klaus Lange Hazarian

Esta mañana, mientras Ereván todavía procesaba el discurso de Pashinyan del lunes y el juicio a Karekin II seguía su curso en Armavir, agentes del Comité Anticorrupción armenio irrumpieron en varias decenas de direcciones del país. Sellaron la oficina de Toyota Yerevan. Revisaron el complejo Orange Fitness y el centro de entretenimientos Play City. Allanaron la casa del diputado opositor Levon Kocharyan, a quien se llevaron a la Comisión de Seguridad Nacional, mientras su padre —el segundo presidente de Armenia, Robert Kocharyan— era trasladado a las oficinas del propio Comité Anticorrupción. Al cierre de esta columna, seis personas están detenidas: Kocharyan, su hijo mayor Sedrak, y otras cuatro.

Esta vez no es la vieja acusación de “derrocamiento del orden constitucional” que definió los últimos siete años de pleitos judiciales contra Kocharyan por los sucesos de 2008 —esa causa que se cayó en 2021 cuando el Tribunal Constitucional declaró inválido el artículo penal bajo el cual se lo procesaba, y que la Fiscalía tuvo que resucitar por otra vía en 2024 sin llegar todavía a un veredicto firme. Esta es una causa distinta, y bastante más difícil de despachar como pura teatralidad política: abuso de autoridad, cobro de sobornos en montos especialmente elevados y lavado de dinero, vinculados a la adquisición de terrenos estatales a precios muy por debajo del mercado, mediante transacciones presuntamente ficticias, durante su presidencia entre 1998 y 2008.

Entre los activos mencionados por los investigadores hay terrenos cerca del complejo Cascada, el propio Play City y el resort Kaputak Sevan. La fiscalía sostiene, además, que un 30% de las acciones de Toyota Yerevan fue transferido a Kocharyan como soborno a cambio de facilitar la venta de tierras públicas, y está examinando transferencias por unos AMD144.000 millones — unos US$398 millones además de sumas en dólares, euros y rublos— realizadas a nombre de su hijo Sedrak entre 2001 y 2019.

Por qué esta causa pesa distinto

Vale la pena decirlo con precisión, porque la diferencia importa: una acusación de “intento de golpe” depende de interpretar intenciones y de un artículo penal que ya demostró ser frágil ante los tribunales superiores. Una acusación de lavado de dinero con escrituras de propiedad, transferencias bancarias documentadas y una participación societaria concreta en un concesionario de autos es harina de otro costal. No se resuelve con un fallo sobre la constitucionalidad de un artículo del código penal: se resuelve, o se cae, con la calidad de la prueba documental. Es, en ese sentido, el tipo de causa que Armenia nunca había logrado sostener contra Kocharyan en siete años de intentos.

Eso no significa que las acusaciones sean automáticamente ciertas, ni que el proceso esté libre de sospechas de motivación política —nada de esto fue probado en juicio, y el entorno de Kocharyan ya salió a calificar la causa de políticamente motivada, algo que su abogado y su vocero repiten desde hace años ante cada nuevo capítulo judicial—. Pero el timing tampoco ayuda a despejar esa sospecha: la detención llega apenas dos meses y medio después de que la Alianza Armenia de Kocharyan perdiera de forma contundente las elecciones de junio, en la misma semana en que el Gobierno lleva a juicio al Catholicos Karekin II y presenta un programa de gobierno que rediseña, en simultáneo, la relación del Estado con la presidencia pasada, con la Iglesia y con el propio sistema judicial. Sea por diseño o por coincidencia, Ereván está reescribiendo esta semana quién tiene autoridad legítima en el país en tres frentes a la vez.

Lo que Armenia todavía tiene que demostrar

Si el rastro documental resiste el escrutinio judicial, esta causa podría lograr algo que la acusación de 2018 nunca consiguió en siete años: terminar en una sentencia real, en lugar de otro ciclo de sobreseimientos, apelaciones y jueces apartados del caso. Ese sería un resultado que le haría bien a la credibilidad institucional armenia, más allá de lo que uno piense de Kocharyan.

Pero el riesgo simétrico es igual de real. Si esta causa termina, dentro de unos años, en el mismo lugar donde terminó la anterior —un artículo cuestionado, un tribunal que la devuelve, un veredicto que nunca llega—, el costo no lo pagará solo Kocharyan. Lo pagará la idea misma de que en Armenia la rendición de cuentas depende de la ley y no del calendario electoral de quien gobierna. Esta vez, a diferencia de 2018, la fiscalía tiene escrituras, transferencias bancarias y una participación societaria concreta para mostrar. Le conviene, a la propia credibilidad del Estado armenio, llevar esta causa hasta el final —sea cual sea ese final— en lugar de dejarla, una vez más, a mitad de camino.