Esperar que Azerbaiyán abandone el concepto de “castigar al agresor” es simplemente una ilusión. Por Vahram Atanesyan

El derecho al retorno de la población armenia de Nagorno-Karabaj no recibirá ningún apoyo práctico a nivel internacional, ni hoy ni mañana, mientras el tema se presente desde la perspectiva de la «restauración de la justicia histórica» o desde la de los más de treinta años de existencia del Estado independiente de Nagorno-Karabaj.

La comunidad de expertos de Armenia desconoce en gran medida la esencia del problema de Karabaj. Esto se debe a que, el 24 de noviembre de 1991, el Consejo Supremo del Azerbaiyán soviético adoptó dos resoluciones: una sobre la disolución de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj y otra sobre «la garantía de la seguridad de la población azerbaiyana del Alto Karabaj», que no fueron publicadas y permanecen sin clasificar. La prensa de la época solo registró que la implementación de la resolución se había asignado a los Ministerios de Defensa, Interior y Seguridad Nacional.

De esto se desprende claramente que el máximo órgano del poder azerbaiyano, el Consejo Supremo, reconoció a la mayoría armenia de la antigua Región Autónoma de Nagorno-Karabaj como fuera de la protección estatal, sin derechos y sujeta a exterminio físico o desplazamiento forzoso.

Por supuesto, en la actual situación geopolítica, es extremadamente difícil presentar una demanda ante cualquier instancia internacional y demostrar que Azerbaiyán lo logró entre 2020 y 2023, lo que no se consiguió entre 1991 y 1994; sin embargo, esto no significa que el tema pueda convertirse en mera retórica vacía u olvidarse.

Por el contrario, es necesario armarse de paciencia, estudiar fuentes abiertas, buscar y encontrar justificaciones sólidas, consultar con expertos internacionales, abogados de alto rango, defensores de los derechos humanos y organismos autorizados en este ámbito, y crear plataformas de información y difusión.

Hoy, el gobierno de Bakú justifica su maximalismo argumentando que «el 20% del territorio de Azerbaiyán estuvo bajo ocupación armenia durante tres décadas, y que un millón de azerbaiyanos fueron convertidos en refugiados en su propia tierra». Lamentablemente, esta narrativa cuenta con cierto respaldo internacional.

¿Vale la pena desarrollar un proyecto de ciencia política para refutarla? Se trata, ante todo, de una grave cuestión de seguridad. Esperar que Azerbaiyán abandone el concepto de «castigar al agresor» es una mera ilusión. De lo contrario, todas las acciones que realizara Azerbaiyán entre 2020 y 2023 habrían sido “crímenes de guerra”.