Juristas internacionales denuncian que los juicios contra presos armenios en Bakú violan los estándares internacionales

Bajo el título «Justicia bajo presión: la independencia de los abogados y el derecho a un juicio justo en Azerbaiyán», la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicó un contundente informe técnico que detalla las graves violaciones cometidas contra civiles y exfuncionarios de Nagorno-Karabaj en Bakú.

El documento concluye de manera taxativa que los procesos penales analizados carecen de validez jurídica internacional. Las autoridades azerbaiyanas sometieron a los prisioneros a tribunales militares especiales sin ofrecer ninguna justificación legal para aplicar dicha jurisdicción sobre la población civil armenia.

Un catálogo de violaciones sistemáticas al derecho de defensa

La investigación de la CIJ detalla un patrón de irregularidades procesales que anularon cualquier posibilidad de legítima defensa para los acusados. El informe destaca que el poder ejecutivo y la fiscalía controlan por completo el desarrollo de las audiencias:

• Los tribunales impidieron de forma sistemática que los detenidos contaran con asistencia jurídica de su entera confianza.
• Los defensores de oficio asignados por el Estado ignoraron de forma deliberada los signos evidentes de tortura y maltrato físico que presentaban los reos.
• Los jueces rechazaron de forma unánime todas las mociones presentadas por la defensa sin dejar constancia escrita en las transcripciones oficiales.
• El Gobierno entregó los expedientes judiciales en idiomas que los procesados no comprendían o, en múltiples casos, retuvo los documentos por completo.

El secretismo marcó el desarrollo de las sesiones, las cuales se celebraron a puerta cerrada en su inmensa mayoría. Las autoridades de Bakú prohibieron la entrada de observadores de la Organización de las Naciones Unidas, periodistas extranjeros y familiares, permitiendo únicamente el acceso a los medios de propaganda estatales.

El caso de Ruben Vardanyan: Persecución con carácter retroactivo

Debido al bloqueo informativo impuesto por el régimen, la mayor parte de los datos verificados corresponden al proceso del filántropo Ruben Vardanyan. La fiscalía azerbaiyana construyó una acusación penal con cargos que se remontan al año 1988, época en la que el acusado era un simple estudiante en la Universidad Estatal de Moscú.

La CIJ subrayó la aberración jurídica de procesar a un ciudadano por hechos ocurridos hace más de tres décadas, mucho antes de que asumiera cualquier rol político en Artsaj. El organismo judicial advirtió que aplicar leyes penales con carácter retroactivo viola los principios universales de previsibilidad y certeza jurídica.

Exigencias internacionales de cara a las próximas apelaciones

Ante la gravedad de los hallazgos, la comisión remitió una serie de recomendaciones urgentes dirigidas al parlamento y al poder judicial de Azerbaiyán. El dictamen exige trasladar de inmediato todas las causas activas de los presos armenios hacia la jurisdicción de los tribunales civiles de derecho común.

El informe concluye con una petición formal para que el Consejo de Europa reciba plenas garantías de seguridad y acceso para supervisar las futuras audiencias de apelación. El tribunal azerbaiyano deberá otorgar el tiempo necesario a los nuevos abogados defensores y traducir la totalidad de las actas procesales de forma fidedigna.