Demandan a Trump por las sanciones de la CPI y la libertad de expresión

Dos organizaciones estadounidenses interpusieron una demanda contra el presidente Donald Trump por aplicar medidas punitivas contra la Corte Penal Internacional. La acción judicial busca anular el decreto que restringe las operaciones financieras y profesionales de la institución penal radicada en La Haya.

Orden ejecutiva presidencial bajo la lupa judicial

La demanda civil se radicó formalmente ante un tribunal del distrito de Nueva York. Las entidades civiles Democracy for the Arab World Now y la Taxpayer Alliance Against Genocide lideran esta iniciativa legal contra la orden de febrero de 2025.

La instrucción del Ejecutivo de Estados Unidos castiga económicamente a fiscales y jueces del tribunal internacional de justicia. La corte investiga actualmente violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estadounidenses e israelíes durante los conflictos bélicos en Gaza.

Los demandantes denuncian que las restricciones impuestas por la Casa Blanca violan flagrantemente las garantías constitucionales de expresión vigentes en el país. Ambas organizaciones decidieron congelar la presentación de evidencia formal ante la corte por el temor legítimo a enfrentar repercusiones económicas.

Los activistas también evitaron contactar de manera directa a funcionarios sancionados por el gobierno como la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese.

“La administración Trump está utilizando el instrumento burdo de las sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino también para controlar la expresión política de millones de estadounidenses”, declaró Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN.

Antecedentes históricos de la disputa bilateral

La oposición estadounidense a someter a sus ciudadanos bajo jurisdicción internacional de este órgano de justicia penal cuenta con un largo historial. Durante su gestión inicial en la presidencia, el mandatario republicano bloqueó investigaciones sobre presuntos crímenes perpetrados en territorio de Afganistán.

La justicia estadounidense desestimó la validez constitucional de la citada orden en el año 2020 al detectar transgresiones de derechos fundamentales. Posteriormente, el presidente demócrata Joe Biden derogó las citadas penalizaciones durante su primer año de mandato presidencial en 2021.

El detonante actual de la crisis responde a las órdenes de aprehensión dictadas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La corte penal había modificado previamente el enfoque de su investigación en territorio afgano para centrarse únicamente en facciones locales beligerantes.

Europa defiende la independencia judicial de la Corte

La estrategia restrictiva implementada por el gobierno estadounidense no cuenta con el respaldo político de las potencias democráticas del continente europeo. Esta misma semana, la corporación de naciones aliadas ratificó su compromiso absoluto con la operatividad y la soberanía del órgano de justicia.

El vocero de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, catalogó de inaceptables las tácticas de presión ejercidas contra los fiscales del tribunal. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos rechazó enérgicamente la hostilidad diplomática mostrada recientemente por la administración estadounidense.