Ayer los territorios, hoy el referéndum: la oposición vuelve a esquivar la pregunta sobre la paz

El 30 de octubre Ruben Rubinyan le ofreció a la oposición una incómoda propuesta: que aporte los votos necesarios en el Parlamento para convocar un referéndum constitucional y luego encabece la campaña por el “No”. La respuesta de la facción “Armenia” llegó el mismo día. Reafirmó que no apoyará la consulta, y sus representantes añadieron que ni siquiera unas garantías de firma del tratado de paz cambiarían su postura.

Con esa negativa, la oposición no solo rechaza un texto. Impide que los ciudadanos hablen.

Una oposición que dice confiar en el pueblo, pero no le pregunta

Los opositores sostienen que la nueva Constitución es una exigencia de Bakú, que la sociedad la rechaza y que el gobierno carece de autoridad popular para impulsarla.

Si tienen razón, el referéndum les ofrece la mejor oportunidad de demostrarlo. Una votación nacional permitiría a los ciudadanos expresarse directamente, y una derrota del texto confirmaría lo que la oposición afirma.

Bloquear la consulta, en cambio, sugiere que los opositores temen el veredicto de las urnas o que prefieren no asumir la responsabilidad de ese veredicto.

La oposición tiene todo el derecho de combatir la nueva Constitución, criticar cada artículo y pedir a los ciudadanos que la rechacen. Pero impedir que la sociedad vote cambia la naturaleza del debate.

Quien se opone con argumentos compite en democracia. Quien cierra el paso al referéndum retira al pueblo de la decisión que más le afecta.

La pregunta que nadie contesta: ¿y si la Constitución no cambia?

Los opositores justifican su rechazo con dos argumentos: el mandato que recibieron de los votantes y el temor a que Azerbaiyán presente nuevas condiciones. El segundo temor merece respeto. Bakú formula exigencias nuevas una y otra vez y vincula la firma del tratado a la reforma constitucional armenia. Tienen razón que confiar sin reservas en los próximos pasos de Aliyev sería una ingenuidad política.

Sin embargo, advertir de un peligro no basta para evitarlo. Quien rechaza el camino constitucional debe explicar qué ofrece a cambio. ¿El tratado de paz seguirá sin firma? ¿Cómo evolucionarán las relaciones con Bakú? ¿Qué medidas frenarán una nueva presión militar? ¿Cuánto durará la incertidumbre y cuánto costará a la economía, a las inversiones y a las comunicaciones regionales de Armenia?

Hasta ahora, la oposición repite el miedo, pero no presenta un plan. Alerta de los riesgos del cambio y calla sobre los riesgos de la inmovilidad.

El mismo rastrillo

Armenia ya pisó este terreno. Durante más de dos décadas, amplios círculos políticos y de expertos sostuvieron que devolver los territorios alrededor de Nagorno-Karabaj debilitaría las posiciones defensivas armenias y animaría a Azerbaiyán a iniciar otra guerra. Con ese argumento, rechazaron los compromisos territoriales, aplazaron la solución y convirtieron la conservación de los territorios en la principal garantía de seguridad. Creyeron que el tiempo jugaba a favor de Armenia.

La realidad desmintió ese cálculo. Los territorios no regresaron, y la guerra estalló de todos modos. En 2020 Armenia perdió la mayor parte de ellos, y en 2023 perdió el control de todo Artsaj. Los armenios de Artsaj abandonaron su tierra natal. El aliado estratégico, Rusia, no evitó el desastre, y la comunidad internacional respondió con declaraciones sin utilidad práctica para proteger a nadie. Mientras tanto, Azerbaiyán se enriqueció, se armó, afianzó el apoyo de Turquía y fue inclinando el equilibrio de poder a su favor.

Quienes defendieron aquella política durante años todavía no ofrecen una explicación convincente de sus errores. Hoy, casi los mismos círculos repiten el razonamiento con otro objeto: la Constitución ocupa el lugar de los territorios, y la “Constitución de Aliyev” ocupa el lugar de la guerra inevitable. La estructura del argumento no cambia. Nombran el peligro, rechazan toda decisión y confían en que el tiempo resolverá lo que ellos no se atreven a resolver.

El tiempo no es neutral

La lección más dura de estas tres décadas consiste en que posponer también cuesta. Cada año de incertidumbre exige más gasto militar, frena las inversiones, retrasa el desarrollo y debilita la posición internacional del país.

El equilibrio de poder en el Cáucaso Meridional cambia sin pedir permiso: Rusia intenta conservar su influencia, Turquía amplía su presencia, Irán defiende sus intereses estratégicos, y Estados Unidos y la Unión Europea aumentan su participación. En ese tablero, Armenia necesita relaciones predecibles y un marco jurídico estable para aprovechar los corredores de transporte y energía, la influencia estadounidense creciente y la ruta europea.

El acuerdo que ambas partes rubricaron en Washington el 8 de agosto de 2025 recoge el reconocimiento mutuo de la integridad territorial, la renuncia a las reivindicaciones y la exclusión del uso de la fuerza. Ese documento ofrece una base sólida, pero solo la firma, la ratificación y los mecanismos de cumplimiento le dan fuerza real. Sin ellos, la paz sigue dependiendo de las circunstancias políticas y de quien tenga más poder.

El gobierno tampoco puede esconderse

Exigir cuentas a la oposición no libera al gobierno de las suyas. Nikol Pashinyan y su equipo deben explicar con claridad a la ciudadanía si cumplir la exigencia de Bakú sobre la Constitución garantiza de verdad la firma del tratado y qué garantías existen para excluir nuevas condiciones.

También deben justificar el plazo que fijaron para firmar y ratificar la paz, porque un horizonte tan largo erosiona la presión sobre Azerbaiyán y alimenta la sospecha de que el calendario obedece más a cálculos electorales que a razones de seguridad. Solo con transparencia sobre las negociaciones, resultados concretos y una campaña informativa honesta podrá el gobierno ganar la confianza que una nueva Constitución necesita.

Un referéndum puede dar fuerza jurídica al texto, pero la autoridad política de la Constitución depende de que la sociedad entienda para qué cambia y qué consecuencias traerá.

Responsabilidad ante el futuro

La oposición puede amparar su negativa en el mandato libre de sus diputados y en sus derechos parlamentarios, y los juristas tienen derecho a debatir cómo se concilian esas prerrogativas con el derecho del pueblo a decidir en referéndum. Pero ejercer legalmente una facultad no exime de responder por sus efectos.

La política que bloquea el proceso de paz sin proponer una alternativa real asume un riesgo gigantesco: dejar a Armenia sin tratado, sin garantías y con un vecino más fuerte cada año.

Hoy Ereván no es Stepanakert. La República de Armenia goza de reconocimiento internacional, mantiene amplias relaciones diplomáticas y conserva el potencial para construir un nuevo sistema de seguridad. Esa ventaja no durará si el país vuelve a malgastar el tiempo.

La paz no puede depender de los intereses partidistas, de la lucha por el poder ni de las ambiciones personales de ningún político. Los ciudadanos deben exigir a todas las fuerzas, gobierno y oposición por igual, que midan sus decisiones por su efecto sobre la seguridad y la soberanía de Armenia.

La historia reciente dejó una verdad: advertir del peligro no lo evita. Hacen falta decisiones, cálculos realistas y responsabilidad por las consecuencias. Armenia ya pagó con la pérdida de Artsaj los errores de quienes confiaron en el tiempo y despreciaron la realidad. No puede sacrificar su futuro en nombre de otra “batalla de honor”.