
Armenia ganó un juicio millonario en Estados Unidos contra la empresa de basura Sanitek. 🇦🇲⚖️ La compañía exigía 36 millones de dólares ante el CIADI, pero los jueces descubrieron que operaban con solo 6 camiones en vez de 29 y sin seguros obligatorios.
El Tribunal de Arbitraje Internacional (CIADI) desestimó una indemnización económica que alcanzaba los US$36 millones que pidiera la corporación transnacional Sanitek contra la República de Armenia por la recolección de residuos.
La exhaustiva investigación del caso determinó que la crisis en el servicio de recolección de residuos de la capital no derivó de acciones discriminatorias gubernamentales. El colapso operativo respondió exclusivamente a la precaria situación técnica y financiera de la firma, validando la rescisión contractual ejecutada por el municipio en el año 2019.
La casa matriz Sanitek Sarl, junto a sus principales accionistas extranjeros Sari Haddad y Elias Doumet, formalizó el recurso legal en marzo de 2021. Los inversionistas reclamaron inicialmente un perjuicio financiero de US$25 millones por supuestas omisiones ilegales del Ayuntamiento de Ereván.
La demanda de arbitraje internacional se radicó formalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial con sede central en Washington, D.C.
La defensa de los intereses corporativos estuvo a cargo de los bufetes neoyorquinos King & Spalding y Vidak Arbitration, en coordinación con la firma local G Partners. Los demandantes alegaron la violación sistemática de los convenios bilaterales de protección de inversiones suscritos por Armenia con el Líbano y Canadá.
El conflicto escaló de forma definitiva tras los informes de gestión presentados por el entonces alcalde de Ereván, Hayk Marutyan. El jefe comunal demostró que la concesionaria acumulaba graves deficiencias en la limpieza pública desde el año 2017.
El departamento de fiscalización urbana inició un inventario físico exhaustivo de toda la maquinaria de la prestataria. Los inspectores constataron que Sanitek instaló apenas unos pocos cientos de contenedores metálicos en lugar de las 16.000 unidades estipuladas obligatoriamente en el pliego de condiciones de la licitación.
A pesar de las reiteradas intimaciones y plazos administrativos otorgados por la intendencia, la contratista no presentó descargos técnicos válidos. Los inspectores de tránsito y sanidad de la alcaldía dieron por definitivos los hallazgos ante la falta de justificaciones de la gerencia de la empresa.
Una segunda auditoría ejecutada en el mes de agosto de 2019 reveló el desmantelamiento total de la flota de saneamiento urbano. De los 29 camiones recolectores declarados por la compañía, solo 6 vehículos se encontraban operativos para cubrir la demanda de los distritos de la capital.
Las barredoras mecánicas, las aspiradoras industriales y las palas de mantenimiento invernal permanecían totalmente fuera de servicio en los talleres. La parálisis operativa generó un profundo malestar popular que se tradujo en la recepción de más de 6.000 denuncias formales de los vecinos en solo nueve meses.
La situación jurídica de la firma empeoró drásticamente cuando los asesores legales del municipio descubrieron otra falta grave. Sanitek operaba sin las pólizas de seguro obligatorio exigidas por la legislación armenia de transporte para la cobertura de siniestros y daños a terceros.
La empresa intentó desviar la responsabilidad remitiendo una carta oficial al primer ministro Nikol Pashinyan para denunciar supuestos perjuicios logísticos. La dirección corporativa acusó al gobierno de carecer de políticas de reciclaje y criticó el estado del vertedero metropolitano de Nubarashen.

Sin embargo, las audiencias ante los jueces del CIADI revelaron vicios de nulidad absoluta desde la génesis de la relación contractual. Sanitek ganó la adjudicación del servicio en 2013 sin poseer el capital mínimo requerido ni las garantías bancarias de fiel cumplimiento.
La empresa obtuvo los sectores oeste y este de la ciudad mediante una oferta técnica que debió ser descalificada en la fase de apertura de sobres. Las concesiones a diez años se firmaron omitiendo las directivas de solvencia, un hecho que sepultó la estrategia jurídica de los demandantes en el tribunal de Estados Unidos.
Los fundamentos legales que estructuraron la victoria de la república caucásica fueron diseñados por la abogada Karen Hambardzumyan. La antigua asesora jurídica de la municipalidad se desempeña en la actualidad como jueza del Tribunal Civil de Apelación del país.
El socio director del prestigioso bufete local HAP, Hayk Hovhannisyan, analizó el veredicto y destacó la relevancia de la consistencia administrativa del Estado. El jurista remarcó que las notificaciones tempranas enviadas por el exalcalde Marutyan blindaron la defensa de la nación antes de la demanda.
Hovhannisyan concluyó que la exhaustiva documentación de las faltas contractuales marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso ante el foro internacional. El fallo del CIADI fija un precedente clave sobre la soberanía de los municipios para rescindir contratos ante el abandono de los servicios públicos esenciales.






