El caso Saroyan y los límites institucionales entre la Iglesia y el Estado de Armenia

El juicio contra el Catolicós Karekin II y seis clérigos de alto rango, iniciado esta semana, se ha presentado públicamente como un enfrentamiento entre el poder político y la Iglesia Apostólica Armenia. Es una lectura cómoda, pero incompleta. En el centro de este caso no está el Primer Ministro Nikol Pashinyan, sino un obispo que decidió llevar ante un tribunal civil una disputa que la propia institución eclesiástica no supo o no quiso resolver puertas adentro.

Un punto de partida que nadie discute, y otro que sí

Que el Primer Ministro carezca de autoridad para nombrar o destituir obispos es, en efecto, indiscutible. La Constitución armenia separa Iglesia y Estado, y reconoce a la Iglesia Apostólica Armenia una misión espiritual exclusiva que ningún organismo estatal puede arrogarse. Quienes defienden a Karekin II tienen razón en este punto —y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la respalda con fuerza: la autonomía de las comunidades religiosas es un componente central de la libertad religiosa, y el propio Tribunal de Estrasburgo ha sancionado a Estados por tomar partido en disputas internas de una Iglesia, como ocurrió en el caso de la Iglesia Ortodoxa Búlgara.

Pero reducir el caso Saroyan a esa premisa es, precisamente, el error que conviene evitar. El obispo Gevorg Saroyan no pidió a un tribunal que decidiera si su ordenación era canónicamente válida. Pidió protección judicial provisional frente a una destitución que consideraba arbitraria, mientras se resolvía su demanda principal. Y un tribunal se la otorgó. Ese es un asunto distinto —y jurídicamente mucho más sólido— que el de “el Estado interviniendo en asuntos eclesiásticos”.

La distinción que el debate público está pasando por alto

Hay una diferencia elemental entre que un tribunal determine quién es un obispo legítimo y que un tribunal proteja el ejercicio de facultades administrativas y financieras de una persona mientras se resuelve si su destitución fue procedente. Lo primero sería, en efecto, una intromisión indebida en la autonomía eclesiástica. Lo segundo es exactamente lo que hacen los tribunales civiles en cualquier disputa laboral o institucional: preservar el statu quo hasta que exista una sentencia firme.

La cronología es reveladora. El 10 de enero, Saroyan fue destituido como jefe de la diócesis de Masyatsotn. Apeló porque, según su propio relato, no existía ningún mecanismo interno de recurso. El 16 de enero, el tribunal ordenó que no se obstaculizara su mandato hasta la sentencia definitiva. Once días después, el 27 de enero, la Santa Sede lo declaró depuesto de todos modos, por orden directa de Karekin II. La acusación penal actual gira en torno a si esa decisión eclesiástica implicó desobedecer la orden judicial provisional.

Formulado así, el caso no pregunta si el Estado puede nombrar obispos. Pregunta si una institución puede ignorar una orden judicial simplemente invocando su carácter religioso. Y esa es una pregunta que ninguna democracia constitucional puede eludir sin erosionar el principio mismo de Estado de derecho.

Las dos versiones que no coinciden

Lo que hace de este caso algo más que un tecnicismo procesal es la contradicción entre las explicaciones. Saroyan sostiene que su conflicto con la jerarquía nació de su rechazo a la politización de la Iglesia, convertida —según él— en instrumento de partidos o fuerzas externas. La Santa Sede, en cambio, alega incumplimiento de deberes, presión sobre el clero y desobediencia disciplinaria. Ambas explicaciones no son necesariamente excluyentes, pero tampoco pueden ser evaluadas por igual sin evidencia: una institución que se declara a sí misma juez único de sus conflictos internos, y que además apela a la desobediencia de sus propios miembros como argumento de autoridad, está pidiendo que se confíe en su palabra precisamente en el punto donde su credibilidad está en juego.

Aquí conviene ser cuidadoso en ambas direcciones. No todo lo que denuncia Saroyan queda automáticamente legitimado por haber acudido a la justicia civil; un tribunal no puede convertirse en árbitro de las disputas de conciencia dentro de una institución religiosa. Pero tampoco la existencia de autoridad canónica exime a la Santa Sede de responder con hechos —no con apelaciones genéricas a la disciplina— por qué optó por ejecutar una destitución mientras pesaba sobre ella una orden judicial que la suspendía.

Un caso que excede a sus protagonistas

Lo que está en juego no es la carrera eclesiástica de un obispo ni la legitimidad personal del Catolicós. Es si en Armenia existe, en la práctica, algún límite verificable a la autonomía institucional cuando esa autonomía colisiona con una resolución judicial. Los sistemas cerrados —eclesiásticos, corporativos o políticos— tienden a presentar como amenaza externa cualquier intento de someter sus decisiones internas a revisión, incluso cuando esa revisión no pretende sustituir su autoridad, sino simplemente verificar que no se ha vulnerado un derecho.

El tribunal que ahora debe resolver este caso tiene, por eso, una tarea más estrecha y más importante de lo que el debate público sugiere: no determinar quién es el “verdadero” obispo de Masyatsotn, sino establecer si una orden judicial puede ser desobedecida por una institución religiosa sin consecuencia alguna. Si la respuesta es que sí, Armenia habrá reconocido —de facto— un territorio por encima del derecho civil. Y esa es una precedente que trasciende con creces a la Iglesia Apostólica Armenia