Bakú prepara una demanda millonaria contra Ereván y obliga a Armenia a consolidar una estrategia legal para contrarrestar la ofensiva financiera de Azerbaiyán

El periódico azerbaiyano Günün Səsi difundió las estimaciones presentadas por el economista Mahir Zeynalov, quien calculó que las pérdidas materiales sufridas por Azerbaiyán durante el conflicto de Nagorno Karabaj ascienden a aproximadamente 150.000 millones de dólares.

El cálculo responde a la metodología desarrollada por una comisión estatal creada en 2023 por el presidente Ilham Aliyev, quien ya había mencionado dicha cifra a finales de 2024.

El objetivo de Bakú radica en construir una base documental formal para interponer demandas en tribunales internacionales y utilizar el costo financiero como mecanismo de presión geopolítica sobre la República de Armenia.

La cifra de 150.000 millones de dólares busca condicionar el proyecto TRIPP y los acuerdos alcanzados en Washington

La ofensiva legal y económica lanzada desde Bakú busca ensombrecer los avances logrados tras los acuerdos de Washington, donde el lanzamiento del proyecto TRIPP (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) y las inversiones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) prometen transformar la provincia de Syunik. Una reclamación de indemnización millonaria por parte azerbaiyana pretende condicionar la agenda de paz e imponer ataduras financieras a largo plazo, obligando a Ereván a negociar un costo económico permanente incluso tras el cese formal de las hostilidades.

Para evitar que la paz se convierta en una deuda interminable determinada unilateralmente por la dirigencia azerbaiyana, la diplomacia armenia debe articular una estrategia defensiva y propositiva integral que resuelva de forma definitiva la cuestión de las reclamaciones financieras mutuas.

Propuestas y mecanismos estratégicos para que Armenia contrarreste la demanda azerbaiyana

• Documentación jurídica y tasación de los daños armenios: El Ejecutivo armenio debe auditar, documentar y evaluar legalmente las cuantiosas pérdidas materiales y humanas sufridas a partir de la guerra de 2020, las incursiones azerbaiyanas en territorio soberano durante 2021-2022 y la incautación de bienes privados e infraestructuras tras la limpieza étnica de la población armenia de Nagorno Karabaj en 2023.
• Inclusión de demandas recíprocas en foros internacionales: Presentar contra-reclamaciones por daños de guerra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en tribunales de arbitraje comercial para neutralizar las cifras presentadas por el economista Mahir Zeynalov y la comisión estatal de Bakú.
• Blindaje jurídico en el tratado de paz definitivo: Exigir la inclusión de una cláusula explícita en el acuerdo de paz bilateral que establezca la renuncia mutua e irrevocable a demandas financieras retrospectivas y la extinción definitiva de litigios interestatales.
• Apoyo de aliados internacionales: Aprovechar la presencia institucional de Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del TRIPP para garantizar que la normalización diplomática en el Cáucaso Meridional no quede sujeta a chantajes económicos o indemnizaciones unilaterales.

La adopción de estas medidas resulta indispensable para consolidar la soberanía del Estado armenio y evitar que los litigios económicos se prolonguen durante décadas. Finalmente, la determinación de Ereván para fijar límites jurídicos claros asegurará que los proyectos de desarrollo en Syunik se traduzcan en estabilidad y prosperidad para las futuras generaciones.