Azerbaiyán pelea en Ginebra por su versión del pasado en la Primera Guerra de Karabaj. Por Hovhan Mandakuni

Cuatro ONG azerbaiyanas han apelado ante la 31.ª sesión del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, cuestionando la exhaustividad de la información presentada por Armenia y planteando nuevamente el tema de los azerbaiyanos desaparecidos durante la Primera Guerra de Karabaj. La declaración, que cita a la Comisión Estatal de Azerbaiyán, menciona a 4010 personas desaparecidas.

Un proceso de paz puede poner fin a un conflicto militar entre estados, pero esa lucha simplemente cambia el terreno, pasando de las trincheras a los tribunales, las organizaciones internacionales, los archivos y los organismos de derechos humanos.

El sitio web oficial del Comité de la ONU muestra que numerosas organizaciones de la sociedad civil sobre Armenia presentaron numerosos informes a la 31.ª sesión, tanto de organizaciones azerbaiyanas como armenias. En otras palabras, Ginebra no se limita a examinar las acusaciones de una de las partes; allí se está conformando todo un conjunto de documentos, cuyos materiales podrían citarse en otros procesos internacionales en el futuro.

Este no es un fenómeno nuevo.

Las guerras de los Balcanes terminaron hace décadas, pero el problema de las personas desaparecidas persistió tras el conflicto, presente en comisiones estatales, procesos judiciales, bases de datos de ADN y archivos internacionales. Incluso décadas después de los conflictos en la antigua Yugoslavia, la Cruz Roja recurrió a los archivos de decenas de países, la OTAN, la UE y la ONU para buscar a miles de personas desaparecidas.

Por este motivo, la actividad actual de Bakú no debe considerarse una simple campaña informativa. Las estructuras vinculadas a Azerbaiyán intentan integrar los asuntos de los años de guerra en un marco jurídico internacional donde puedan recibir gradualmente continuidad documental: una solicitud, un informe, una recomendación, un informe posterior y, finalmente, una nueva referencia internacional.

Al mismo tiempo, la presentación de un documento por una organización no gubernamental ante un órgano de la ONU creado en virtud de un tratado no convierte automáticamente su contenido en un hecho establecido por la ONU. El Comité es un órgano compuesto por expertos independientes que estudia la información presentada y formula sus propias preguntas y conclusiones. Y en el procedimiento relativo a Armenia, incluso en términos técnicos, no se trata de un informe periódico clásico. La Convención no prevé tal sistema, y ​​el Comité puede solicitar información adicional a los Estados sobre la aplicación de sus recomendaciones anteriores.

En política internacional, no solo importa la conclusión final, sino también quién es el primero en definir la agenda en torno a los hechos, las evaluaciones y la responsabilidad.

Si una de las partes presenta durante años a las organizaciones internacionales cifras, nombres, supuestas historias de cautiverio, mapas de posibles fosas comunes y credenciales legales, mientras que la otra parte opera principalmente de forma reactiva, con el tiempo se crea una desigualdad no solo informativa, sino también institucional.

Aquí radica el principal problema de Armenia.

La solución no puede ser simplemente calificar cada afirmación azerbaiyana de «propaganda». Eso tiene poco valor en el ámbito jurídico internacional. Es necesario contrastar documento con documento, archivo con archivo, lista con lista y afirmación con pruebas verificables.

Al mismo tiempo, la cuestión de las personas desaparecidas debe mantenerse, en la medida de lo posible, al margen de la competencia política. Según la lógica del derecho internacional, las familias tienen derecho a conocer el paradero de sus parientes, y los Estados están obligados a realizar investigaciones efectivas. Este principio se aplica a todas las partes en conflicto. Por ello, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas considera la resolución de este problema como un componente de la paz y de la construcción de un Estado de derecho, y no simplemente como un asunto del pasado bélico.

Pero la cuestión humanitaria y la atribución jurídica de responsabilidad estatal no son lo mismo. La obligación de esclarecer el destino de cualquier persona no implica automáticamente la validez jurídica de toda acusación histórica formulada contra otro Estado.

Armenia debe mantener esta frontera especialmente despejada. Un tratado de paz, de firmarse, podría abrir caminos, definir relaciones y reducir la probabilidad de guerra. Pero no borrará los recuerdos contrapuestos de tres décadas de conflicto. Al contrario, cuando termina un conflicto militar, la lucha por la interpretación de la historia suele intensificarse.

Por lo tanto, después de la paz, una de las infraestructuras más importantes de un Estado no solo serán las carreteras o el ejército, sino también la capacidad institucional de la memoria, los archivos, los hechos y el trabajo jurídico internacional, porque la paz futura se construye en el presente.

Puede que la guerra haya terminado, pero la batalla legal sobre el pasado continúa, determinando qué hechos y qué responsabilidades quedarán consagrados en los foros internacionales.