Azerbaiyán continúa desafiando las sentencias del TEDH ante la inacción del Consejo de Europa

Azerbaiyán acumula nueve demandas estimadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) presentadas por Armenia sin haber cumplido ninguna de las resoluciones en vigor. A pesar del reiterado desacato del gobierno de Ilham Aliyev, el Comité de Ministros del Consejo de Europa se abstiene de aplicar sanciones contundentes, limitándose a emitir resoluciones provisionales de supervisión.

El caso Makuchyan y Minasyan: Impunidad para un crimen de la OTAN

Uno de los expedientes más graves bajo escrutinio corresponde a la sentencia del 26 de mayo de 2020 por el caso Makuchyan y Minasyan contra Azerbaiyán y Hungría. Las autoridades de Bakú reconocieron formalmente las violaciones de derechos humanos y prometieron medidas de no repetición, pero la realidad institucional desmiente sus compromisos.

El origen del caso se remonta a 2004, cuando el oficial azerbaiyano Ramil Safarov asesinó a hachazos mientras dormía al teniente armenio Gurgen Margaryan durante un seminario de la OTAN en Budapest. Tras ser extraditado, el presidente Aliyev recibió a Safarov con honores y le otorgó un indulto presidencial.

En junio de 2025, el Comité de Ministros adoptó una resolución provisional denunciando que, cuatro años después de la sentencia, Azerbaiyán no ha presentado avances tangibles.

El organismo exige a Bakú el pago inmediato de las costas judiciales pendientes, retirar las cartas de apoyo al indulto de Safarov de la página web de la presidencia y garantizar de forma estricta que el militar sentenciado no ocupe ningún cargo público.

Sentencias acumuladas e impagos financieros

El especialista en derecho internacional Ara Ghazaryan ha canalizado cuatro de las nueve demandas admitidas por el tribunal de Estrasburgo, las cuales siguen completamente desatendidas por el Ejecutivo azerí: Saribekyan y Baliyan contra Azerbaiyán (en vigor desde el 7 de septiembre de 2020); Ghazaryan y Bayramyan contra Azerbaiyán (en vigor desde el 1 de mayo de 2024. El gobierno presentó un informe en diciembre de 2024 prometiendo indemnizaciones que nunca se ejecutaron); Narayan y otros contra Azerbaiyán (en vigor desde el 24 de junio de 2024. Sin planes de acción presentados) y VT y otros contra Azerbaiyán (Dictada el 18 de junio de este año, entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026).

El caso VT y otros marca el primer fallo del TEDH sobre la guerra de cuatro días de abril de 2016. El tribunal determinó que Azerbaiyán violó el derecho a la vida y la prohibición de la tortura mediante la decapitación y mutilación de un soldado armenio, ordenando un pago de 90.000 euros a los familiares. Juristas internacionales consideran este dictamen un precedente clave para las futuras demandas de la guerra de Artsaj de 2020.

Otras sentencias históricas totalmente ignoradas por Bakú incluyen el caso Sargsyan contra Azerbaiyán (2015) —que exige la restitución de propiedades y el acceso a viviendas de desplazados— junto a los expedientes de Badalyan, Khojoyan y Vardazaryan, y Petrosyan.

El amago de Aliyev de abandonar el Consejo de Europa

Ante las presiones del bloque europeo, el presidente Ilham Aliyev amenazó públicamente el pasado 13 de julio de 2026 con retirar a Azerbaiyán del Consejo de Europa. El mandatario reveló que el Secretario General de la organización, Alain Berset, lo llamó de inmediato para solicitarle que frenara la salida y buscara soluciones conjuntas.

A la fecha, Azerbaiyán no ha remitido ninguna solicitud oficial de retiro en virtud del artículo 7 del Estatuto de la organización. Según explicó Ghazaryan al medio Hetq, una salida formal tampoco eximiría al país de sus responsabilidades: el TEDH sigue teniendo jurisdicción para emitir sentencias condenatorias sobre todas las demandas radicadas antes de que la retirada surta efecto legal, tal como ocurre actualmente con la Federación de Rusia tras su exclusión en 2022.

Como contramedida política, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ya había decidido en 2024 no ratificar las credenciales de la delegación de Azerbaiyán debido a fraudes electorales, falta de independencia judicial y la crisis humanitaria en Nagorno-Karabaj. Lejos de enmendar las infracciones, Bakú optó por profundizar el boicot, negándose a presentar credenciales parlamentarias para los periodos de 2025 y 2026.