Azerbaiyán unifica el control de la prensa y las redes sociales bajo un nuevo superregulador de medios

El Parlamento de Azerbaiyán debate en su Comisión de Derechos Humanos un conjunto de enmiendas legales destinadas a crear el Consejo de Medios de Comunicación y Radiodifusión, un nuevo y poderoso órgano regulador estatal que controlará la prensa y las redes sociales.

La iniciativa, revelada a través de informes de prensa y de las comisiones del Milli Majlis (Asamblea Nacional) en Bakú, contempla la fusión de las dos entidades que actualmente rigen el sector: la Agencia de Desarrollo de Medios (MEDIA) y el Consejo Audiovisual. El nuevo organismo asumirá todas las competencias de sus predecesores, además de obtener responsabilidades adicionales sobre el entorno digital.

Concentración de funciones y supervisión del contenido digital

La reforma trasciende la simple reorganización burocrática al unificar en una sola oficina estatal funciones de fomento, supervisión y sanción que antes se gestionaban por separado.

El nuevo consejo tendrá la potestad de regular de manera simultánea la prensa escrita, las agencias de noticias, las transmisiones de radio y televisión, y los portales de internet. Las atribuciones clave asignadas al organismo incluyen:

• Gestión de registros y licencias: Mantendrá el control exclusivo del Registro de Medios y expedirá las credenciales y acreditaciones oficiales para los periodistas.
• Financiamiento y contratos: Actuará como cliente estatal prioritario para producciones audiovisuales y gestionará los fondos públicos de apoyo económico al sector.
• Supervisión de redes sociales: Obtendrá facultades expresas para analizar el contenido digital en plataformas y redes sociales, con la potestad de denunciar presuntas infracciones ante los órganos punitivos del Estado.
• Control de narrativa: Estará habilitado para adoptar medidas directas contra la difusión de desinformación y evaluar el entorno informativo general.

Desde una perspectiva de gobernanza, expertos independientes advierten que este diseño institucional plantea un conflicto de intereses directo: para las empresas de comunicación, la misma entidad funcionará al mismo tiempo como fuente de financiamiento, centro de reconocimiento oficial y potencial ejecutor de sanciones.

La narrativa de modernización frente al temor de un “control unificado”

Los funcionarios gubernamentales y los medios progubernamentales justifican la medida bajo el argumento de la convergencia digital. Sostienen que la evolución tecnológica diluyó las fronteras entre la televisión, la radio y la prensa web, volviendo obsoleto el esquema de supervisión segmentado que se diseñó originalmente en la Ley de Medios de 2021.

La versión oficial defiende que el consejo se inspira en modelos internacionales unificados —como la OFCOM del Reino Unido o la ARCOM de Francia— bajo el principio de “ventanilla única”. Afirman que esto optimizará la toma de decisiones, reducirá la duplicación de trámites y dotará al Estado de un mecanismo ágil para la “gestión de crisis” en el ámbito de la seguridad nacional de la información.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y juristas locales señalan que la efectividad de este modelo dependería de una transparencia y autonomía judicial de las que el país carece. De lo contrario, advierten que el “enfoque unificado” se transformará rápidamente en un sistema de control informativo totalizado.

Criterios restrictivos y el dictamen de los organismos internacionales

La principal preocupación de los analistas independientes radica en la absorción del polémico Registro de Medios. Conforme a la ley vigente, las autoridades solo otorgan acreditaciones a los periodistas que logran ingresar a esta base de datos electrónica del Estado.

El artículo 74.2 de la normativa establece condiciones estrictas para la inscripción, exigiendo poseer un título universitario, un mínimo de tres años de experiencia profesional demostrable, la ausencia de antecedentes penales y trabajar exclusivamente para una empresa que ya esté registrada y que cumpla con los estándares éticos gubernamentales fijados por el régimen. El experto en derecho de medios Khalid Aghaliyev ha denunciado previamente que estos requisitos se aplican de forma selectiva para limitar la libertad de prensa y purgar a las voces críticas.

La reforma ignora además los exhortos de los organismos de supervisión europeos. En sus dictámenes técnicos, tanto el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación como el Consejo de Europa han manifestado de forma reiterada que la legislación de Azerbaiyán impone restricciones severas a la libertad de expresión y otorga facultades excesivas al poder ejecutivo para bloquear, suspender o confiscar plataformas de información en toda la esfera pública digital.