A propósito del ataque a los armenios en Jerusalén: Cuando el Estado teme restablecer el orden entre “los suyos”. Por Alexander Tsinker

La policía detuvo a seis judíos religiosos en la Ciudad Vieja de Jerusalén: cinco menores y un adulto. Se les acusa de escupir en la entrada del Monasterio Armenio de San Jaime, golpear la puerta y lanzar piedras contra el muro del complejo. A tres se les prohibió la entrada a la Ciudad Vieja durante 15 días, y los otros tres fueron llevados a juicio para que se les extendiera la detención.

Podría considerarse un simple acto de vandalismo juvenil. Pero ha habido demasiados incidentes similares en la Ciudad Vieja como para seguir fingiendo que se trata de casos aislados.

Para mí, todo esto conforma un panorama muy desagradable. Durante años, el Estado ha sido condicionado por algunos jóvenes religiosos radicales a esperar un trato especial. Lanzamientos de piedras contra coches en marcha, ataques contra mujeres soldados, enfrentamientos con la policía, intentos de expulsar a las autoridades estatales de ciertos barrios: todo esto se justificaba con demasiada frecuencia como «peculiaridades de la comunidad», en un intento por evitar que la situación escalara a un conflicto grave.

Pero una ley que se aplica en función de la vestimenta, los antecedentes o la influencia política del infractor está dejando de ser ley. La gente empieza a sentir que el Estado acabará cediendo.

Ahora, las consecuencias de esta actitud de laissez-faire se extienden mucho más allá de Bnei Brak o Mea Shearim. Cuando se lanzan piedras contra un monasterio y se escupe a clérigos cristianos, un asunto interno se convierte en un asunto de política exterior.

Israel insiste constantemente en que garantiza la libertad religiosa y protege los lugares sagrados de todas las religiones. Este es uno de nuestros argumentos más importantes en los debates internacionales. Pero cada incidente de este tipo proporciona a los adversarios de Israel pruebas irrefutables de lo contrario.

Esto resulta especialmente doloroso en el Barrio Armenio, una de las comunidades cristianas más antiguas de Jerusalén. Fuera de Israel, estos ataques ya no se presentan como simples travesuras de adolescentes, sino como parte de una represión sistemática contra los cristianos de la ciudad. Y, lamentablemente, numerosos incidentes repetidos dan pie a tales acusaciones.

Pero no es solo la reacción internacional lo que me preocupa. Mucho más alarmante es la formación de grupos religiosos radicales dentro de Israel que prácticamente se niegan a reconocer la autoridad del Estado y sus leyes.

Atacan a soldados, se enfrentan a la policía, lanzan piedras a los coches y ahora marchan hacia las puertas de un monasterio cristiano. Y en cada ocasión, actúan como si el Estado estuviera obligado a respetarlos, cuando ellos no están obligados a respetar al Estado.

Para mí, esto es completamente inaceptable. Israel no puede exigir que algunos ciudadanos obedezcan la ley y tolerar su flagrante violación durante años.

Esta vez, la policía respondió con rapidez, y con razón. Pero las detenciones y las prohibiciones de circulación de quince días no resolverán el problema si los infractores creen que el Estado, tarde o temprano, cederá. Un Estado que teme restablecer el orden entre su propia población pierde gradualmente no solo su reputación internacional, sino también su poder dentro del país.