2031: una paz aplazada es una paz en riesgo. Por Klaus Lange Hazarian

El anuncio de Nikol Pashinyan de que la firma y ratificación del tratado de paz con Azerbaiyán se completarán en 2031 resulta difícil de explicar. El texto del acuerdo ya está consensuado y rubricado desde el 8 de agosto de 2025 en Washington. Hasta hace poco, Ereván decía estar dispuesta a firmarlo al día siguiente. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué cinco años? ¿Qué interés persigue Armenia al dejar la paz jurídica en suspenso hasta entonces?

Una contradicción que no se sostiene

En los últimos meses se instaló la idea de que la firma del tratado dependía del acuerdo final sobre la implementación del proyecto TRIPP, que supuestamente despejaría los obstáculos políticos restantes. Pero según el cronograma presentado por el embajador de Armenia en Estados Unidos, Narek Mkrtchyan, la construcción podría comenzar a principios de 2027.

Si ese calendario es realista, Armenia construirá infraestructura para la paz sin un tratado de paz firmado. Los dos Estados podrán asumir obligaciones económicas recíprocas, atraer inversión internacional y establecer comunicaciones, mientras retrasan años la regulación jurídica de sus relaciones. Esa es la principal contradicción política de la declaración de Pashinyan.

Hay una consecuencia más. Si el TRIPP puede avanzar sin tratado, pierde fuerza el argumento de que el retraso se debe a problemas de comunicaciones sin resolver. Obliga a reconsiderar el verdadero papel de la exigencia constitucional de Bakú y a preguntarse por qué Ereván sigue condicionando la firma a que se supere ese requisito previo.

El plazo como señal política

En diplomacia, un plazo es una señal. Al fijar cinco años, Ereván le da a Bakú cinco años más para sostener la incertidumbre actual. Y les dice a los socios internacionales que la firma no es urgente, con lo que se debilita la presión diplomática sobre Azerbaiyán. La propia Armenia reduce así su capacidad de presionar.

Hasta ahora, la disposición de Ereván a firmar de inmediato buscaba apoyo internacional para esa presión. Con esta declaración, el país amplía públicamente el horizonte político del proceso.

Una oportunidad que no durará

Armenia tiene hoy una ventana diplomática excepcional. El Proceso de Washington involucró directamente a Estados Unidos en la normalización entre Ereván y Bakú. La participación estadounidense prevista del 74 % en la empresa desarrolladora del TRIPP convierte a Washington en actor clave del éxito económico del proyecto. Es un nivel nuevo de presencia política y económica estadounidense en el Cáucaso Meridional.

Entonces, ¿por qué Armenia no aprovecha esta circunstancia para firmar cuanto antes? Ereván podría acordar con Washington un calendario político que cierre el tratado antes de que comience la construcción. Esa implicación podría servir para intensificar las negociaciones con Bakú, resolver los desacuerdos pendientes y respaldar lo acordado con garantías políticas internacionales.

Una iniciativa así coincidiría con los intereses estadounidenses. Una paz jurídicamente vinculante es condición del éxito a largo plazo de una obra regional multimillonaria. Las inversiones pueden contribuir a la estabilidad, pero la ausencia de acuerdo seguirá siendo un riesgo político.

Además, los momentos favorables no duran. Cambian los gobiernos, se reordenan las prioridades, estallan crisis. El Cáucaso Meridional, que hoy concentra la atención de Washington, puede significar algo muy distinto dentro de cinco años. Cinco años son un periodo larguísimo para Armenia: pueden cambiar el equilibrio regional, las posibilidades de mediación y el destino de los proyectos económicos. Y cada año de incertidumbre favorece a quien negocia desde una posición de fuerza.

El calendario electoral

La coincidencia con 2031 es difícil de ignorar. Ese año termina el mandato quinquenal del parlamento actual y se celebran las próximas elecciones ordinarias. Todo indica que el momento de la firma responde también a cálculos de política interna: la paz se reservaría como principal baza para la reelección.

Si es así, el destino pacífico del país queda subordinado a la meta personal de un dirigente y al ciclo electoral de su gobierno, algo sumamente peligroso. El calendario de un proceso de paz debe tener una justificación de política exterior y objetivos intermedios claros, no electorales.

Preguntas sin respuesta

Todo esto plantea una cuestión de fondo: ¿adónde lleva esta política de paz a Armenia? ¿Tiene el país una estrategia propia para consolidar jurídicamente la paz en los próximos años, reducir su dependencia de Rusia y usar las nuevas conexiones económicas en favor de sus intereses nacionales? ¿Existe un calendario para lograrlo, con un gobierno dispuesto a responder por su cumplimiento? Quizá 2031 sea la fecha en que el gobierno rinda cuentas políticas, pero atar la firma al calendario electoral es motivo de grave preocupación.

Los ciudadanos armenios ya han pagado un precio muy alto por la paz. Tienen derecho a saber por qué deben esperar otros cinco años para firmar un documento cuyo texto está acordado. Y queda la pregunta decisiva: si el tratado pudo firmarse antes, ¿por qué no ahora? Y si hoy no es posible, ¿por qué no concentrar todo el esfuerzo diplomático en crear cuanto antes las condiciones para hacerlo?

Una conclusión

La base ideológica del TRIPP es la paz y la prosperidad. Su piedra fundacional puede ser un hito simbólico en la nueva historia de la región, y Armenia debe esforzarse por llegar a ese día con el tratado ya firmado. El ferrocarril puede conectar los mercados, pero solo un acuerdo político garantiza el futuro de esa conexión. El éxito histórico sería que el tratado firmado entrara en vigor al mismo tiempo que comienzan las obras.

2031 es un horizonte demasiado lejano para la paz. Armenia no puede dejarla otros cinco años en el limbo, ni esperar a un momento electoral conveniente para el gobierno. La oportunidad es hoy.