El desafío del “dinero negro” en Armenia: sobornos electorales y la sombra de la desinformación

Las autoridades de Armenia han detectado nueve intentos de ingreso ilegal de efectivo desde Rusia en el último mes y medio. El caso más reciente involucró a un individuo que intentó introducir 47,5 millones de rublos (unos 208 millones de drams) ocultos en una bolsa de deporte en el aeropuerto de Zvartnots.

Riesgos políticos y la advertencia sobre el modelo Moldavia

El jefe de gabinete del primer ministro, Arayik Harutyunyan, vinculó directamente estos movimientos de capital no declarado con intentos de desestabilización política. La exdiputada Gayane Abrahamyan advirtió que Armenia podría enfrentar un escenario similar al de Moldavia en 2024, donde se estima que se gastaron 39 millones de dólares en sobornos electorales orquestados desde el extranjero.

Expertos como Daniel Ioannisyan, de la Unión de Ciudadanos Informados, sostienen que el “dinero negro” es la única vía para financiar actividades ilegales que no pueden rastrearse mediante transferencias bancarias. Las autoridades estiman que el flujo total de este efectivo clandestino podría alcanzar varios cientos de millones de dólares, destinados principalmente a la compra de votos y campañas de desinformación masiva.

Dura respuesta legal contra el soborno electoral

El gobierno de Ereván sostiene que la época del fraude electoral ha terminado y aplica sanciones severas bajo el código penal actualizado en 2021. La pena por organizar sobornos puede llegar a los 10 años de prisión, mientras que quienes aceptan el dinero enfrentan multas de hasta un millón de drams o penas de cárcel de uno a tres años.

Las fuerzas del orden han detenido recientemente a 15 simpatizantes del partido Armenia Fuerte, liderado por Samvel Karapetyan, bajo acusaciones de realizar actividades benéficas prohibidas durante el periodo electoral. Aunque el partido califica estas acciones como “casos fabricados” para impedir su registro, la fiscalía insiste en que cualquier promesa de pago de deudas, becas o bienes constituye un delito electoral grave.