
🚨 Derechos humanos: Armenia destina 32 millones de drams del presupuesto público para asistir a víctimas de trata en este 2026 🇦🇲📊✨
La periodista Nane Manasyan y la redactora Gayane Gaboyan presentaron un informe exhaustivo en Armenpress sobre la trata de personas en Armenia. La jefa del Departamento de Políticas de Género del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Armine Alaverdyan, reveló que el país registró 19 víctimas identificadas hasta septiembre de 2026. Por lo tanto, el gobierno armenio mantendrá la asignación de 32 millones de drams del presupuesto estatal para financiar albergues y apoyo integral.
Asimismo, la trabajadora social del Centro de Crisis por Violencia Sexual, Mane Chobanyan, expuso casos de explotación sexual que afectaron a turistas extranjeras en Ereván. Ciertamente, las estadísticas oficiales demuestran un incremento progresivo desde 2020 con una clara transición hacia la explotación laboral tras las modificaciones en los flujos migratorios.

Las autoridades identificaron a 9 víctimas en 2020, 31 en 2021, 5 en 2022 y 25 casos anuales durante 2023 y 2024. Por otra parte, la Comisión para la Identificación de Víctimas registró a 34 personas en 2025 y a 19 afectadas hasta septiembre de 2026.
Igualmente, el perfil del delito cambió radicalmente tras el incremento de residentes extranjeros en el país. De este modo, Armenia pasó de ser un punto de origen de migrantes explotados en el exterior a convertirse en un destino donde ocurre la explotación dentro de su propio territorio.
La legislación armenia otorga servicios de protección social de forma inmediata sin esperar la resolución de los tribunales de justicia. Por esta razón, la Comisión de Identificación integra a representantes del Ministerio del Interior de Armenia, la Fiscalía y diversas organizaciones no gubernamentales asociadas.
Finalmente, el Estado ultimó los detalles del octavo Plan Estratégico para Combatir la Trata y la Explotación de Personas para el período 2026-2028. En consecuencia, las instituciones implementarán indicadores cuantitativos para prevenir el delito y garantizar la reinserción social de los afectados.






