
🚀🇦🇲 ¡Armenia pone orden en la televisión! 📺✨ El gobierno aprobó leyes más duras para evitar que otros países se metan en su política interna a través de los medios. 🏛️🛑 Si una operadora transmite contenido prohibido o propaganda de guerra, ¡la señal se corta de inmediato! 🚫
La Asamblea Nacional de Armenia aprobó en última lectura una reforma crucial a la Ley de Medios Audiovisuales. El ministro de Industria de Alta Tecnología, Mkhitar Hayrapetyan, defendió la medida como un paso necesario para garantizar la seguridad de la información nacional y cerrar lagunas legales que permitían la injerencia externa en los procesos democráticos del país.
Las enmiendas introducen mecanismos de respuesta inmediata ante contenidos que contengan llamamientos a la guerra o que interfieran en la vida política interna. A diferencia de la normativa anterior, el nuevo texto otorga a la Comisión de Televisión y Radio la facultad de suspender programas de forma cautelar.

Si se detecta una infracción, la operadora de telecomunicaciones responsable debe cesar la transmisión del contenido sospechoso de inmediato. De no hacerlo, enfrentará sanciones administrativas y legales severas antes de que se dicte una resolución final sobre el caso. Esta medida busca neutralizar narrativas desestabilizadoras en tiempo real, especialmente aquellas provenientes de señales internacionales.
El ministro Hayrapetyan destacó la relevancia del multicine público, que actualmente gestiona 26 canales de televisión con una cobertura del 100 % del territorio nacional. La reforma extiende las obligaciones de calidad y supervisión del multiplex público a todos los operadores de red privados, buscando crear un entorno de competencia equitativo para todos los actores del sector audiovisual en Ereván.
Con esta aprobación, Armenia refuerza su soberanía informativa en un contexto regional complejo. El gobierno sostiene que asegurar la transparencia de los medios es vital para la salud democrática, mientras que las operadoras deberán ajustar sus protocolos de monitoreo para cumplir con las nuevas exigencias de responsabilidad editorial impuestas por el Estado.






