Gobierno proyecta recuperar 2.000 millones de dólares en propiedades ilícitas en Armenia para el año 2031

El primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinyan, anunció en una rueda de prensa que el gobierno ejecutará un plan para recuperar al Estado 2.000 millones de dólares en propiedades ilícitas para el año 2031. La estrategia de recuperación patrimonial generó duras reacciones en las fuerzas de la oposición, cuyos voceros describen la política oficial como una desatada persecución política y un despojo económico.

Los sectores contrarios al oficialismo sugieren que la campaña anticorrupción pone al país en riesgo de sufrir un golpe de Estado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad de los procesos judiciales contra los exfuncionarios y altos mandos militares que presuntamente desviaron recursos públicos durante las últimas décadas.

Demandas de confiscación contra exministros de las coaliciones RPA y ARF

La Fiscalía General intensificó las acciones legales contra los antiguos líderes del gobierno de coalición que administró los recursos nacionales antes de la Revolución de Terciopelo. A principios de marzo, el Ministerio Público presentó una demanda contra el exministro de Educación y Ciencia, Levon Mkrtchyan, miembro de la Federación Revolucionaria Armenia (ARF).

Las autoridades judiciales exigen a Mkrtchyan la confiscación de 26 propiedades inmobiliarias, siete vehículos y sus acciones comerciales en cinco entidades jurídicas. El expediente penal reclama la devolución de AMD893.449.000 en fondos ilícitos y otros AMD276.106.000 sin justificación legal. La suma llegaría a los 3,3 millones de dólares.

La fiscalía interpuso una demanda similar contra Armen Ashotyan, vicepresidente del Partido Republicano (RPA), quien también ejerció la titularidad de la cartera de Educación y Ciencia. El Dashnaktsutyun y el Partido Republicano operaron como socios en el poder ejecutivo durante casi dos décadas, acumulando patrimonios que hoy bajo la lupa judicial.

Evolución del presupuesto estatal y el alcance sistémico de la corrupción

Los balances financieros de 2017 reflejan que durante el último año del gobierno de coalición compuesto por el RPA, la ARF y el BHK, el Producto Interno Bruto (PIB) de Armenia alcanzaba los 11.500 millones de dólares, mientras que el presupuesto estatal se situaba en 2.800 millones de dólares. Los analistas advierten que el volumen de la riqueza confiscada a los jefes del sector educativo evidencia el alcance de los desvíos monetarios en los departamentos aduaneros, tributarios y judiciales.

La revelación de estos esquemas de enriquecimiento ilícito priva a las antiguas autoridades de la oportunidad de capitalizar políticamente el discurso sobre la pérdida territorial de Artsaj. La oposición insiste en que Pashinyan busca crear su propia base económica mediante una redistribución forzosa de la propiedad privada.

El programa anunciado por las autoridades también alcanzará a los exfuncionarios y altos mandos de Nagorno-Karabaj sospechosos de malversación. La política de devolución de bienes ilícitos afectará finalmente a las corporaciones de este enclave defensivo, cuyas actividades empresariales formaron parte del engranaje financiero y fiscal de Armenia desde sus inicios institucionales.