Armenia procesa al multimillonario Samvel Karapetyan y a 36 ejecutivos por un fraude de 180 millones de dólares en la red eléctrica

El Comité de Investigación de Armenia inició un proceso penal masivo contra 36 personas, entre las que figura el multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetyan, según reveló el portal de investigación Hetq. La acusación formal imputa al grupo criminal organizado un desfalco de 64.500 millones de drams armenios (aproximadamente 179,6 millones de dólares) en perjuicio de la empresa Redes Eléctricas de Armenia (ENA), mediante esquemas de lavado de dinero, malversación de activos y préstamos ficticios implementados entre 2016 y 2024.

Detalles del desvío financiero y las redadas del Servicio de Seguridad Nacional

En primer lugar, la investigación conjunta realizada por el Comité de Investigación, el Servicio de Seguridad Nacional (SSN), el Ministerio del Interior y el Comité de Ingresos del Estado incluyó 65 redadas en propiedades corporativas y residenciales. Según los fiscales del caso, la cúpula directiva encabezada por Karapetyan adquirió créditos comerciales innecesarios para desviar fondos de la compañía de distribución eléctrica.

Asimismo, los informes oficiales detallan que más de 23.100 millones de drams (64,4 millones de dólares) se distribuyeron como dividendos injustificados a las firmas Tashir Capital y Liormand Holdings Limited. Ciertamente, los acusados utilizaron más de diez empresas pantalla para blanquear el capital desviado a través de transacciones simuladas, enfrentando ahora cargos formales bajo los artículos de malversación a gran escala, abuso de autoridad en el sector privado y blanqueo de activos.

Estrategia de nacionalización de ENA y arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo

Por otro lado, esta acción judicial profundiza el enfrentamiento entre el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan y el magnate Samvel Karapetyan, líder del Grupo Tashir afincado en Moscú. Tras el arresto preventiva de Karapetyan en junio de 2025, el parlamento aprobó legislación de emergencia para asumir el control operativo de ENA en julio de ese mismo año, retirando su licencia de distribución por presunta mala gestión.

Por último, el gabinete armenio declaró en octubre de 2026 la totalidad de las acciones de ENA como “interés público primordial”, ejecutando una compra forzosa para transferir la propiedad al Estado antes de finalizar 2027. En respuesta, el Grupo Tashir presentó una demanda de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCS) por 500 millones de dólares alegando expropiación ilegal. Sin embargo, las autoridades de Ereván mantuvieron la toma de control e iniciaron el plan para subcontratar la operación a una firma de gestión internacional.